El 'plan B' de Ortiz

ALICANTE. El presidente del Hércules, Quique Hernández, no escondía este lunes que con la Ley en la mano la situación de insolvencia que atraviesa el club tiene al consejo de administración contra la pared, contando los días para solicitar la liquidación voluntaria.

La semana pasada ya adelantábamos en Alicante Plaza no solo lo anterior, también que el 'plan B' para al menos garantizar la continuidad del fútbol en la ciudad era la venta de la unidad productiva, en el marco de la liquidación de los activos (para tratar de pagar el pasivo) que se llevaría a cabo tras solicitarse la disolución por parte del órgano de gobierno del club.

Pero el máximo mandatario blanquiazul no ponía el límite en la hipotética desestimación del recurso de casación interpuesto por el Hércules ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algo que podría acontecer avanzado el mes de julio, Quique Hernández fijaba como punto de no retorno el cinco de julio, último día del plazo para el cumplimiento voluntario de la obligación de pagar al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) los siete millones de euros que le exige la Comisión Europea, sin que esta acepte un pago fraccionado, tal y como propondrá el club en los próximos días.

A nadie le escapa que el Hércules no puede hacer frente al abono "inmediato y efectivo" de esa cantidad por lo que entraría en tal situación de insolvencia que, "de acuerdo con la responsabilidad social que recae sobre el consejo de administración", este estaría legalmente obligado "a actuar con diligencia" solicitando en sede judicial la disolución de la sociedad para evitar así que el juez de lo Mercantil obligue a los consejeros a afrontar con su patrimonio el pago de las deudas de la entidad. 

Tras esa solicitud se nombraría un administrador concursal que se encargaría de tutelar la segunda y última fase de un proceso que sería rápido al no contar el club blanquiazul con muchos activos precisamente: hablamos de la liquidación, es decir, la compensación del activo con el pasivo de la sociedad, el pago ordenado de las deudas en la cuantía que lo permita la venta de sus bienes y derechos. 

Es en ese punto, en la fase de liquidación, donde se abre la puerta a la continuidad del fútbol en Alicante, que no del Hércules y es que entre los citados activos se encuentra lo que se conoce como unidad productiva: en el caso que nos ocupa, el negocio que comporta el equipo que juega los partidos, su promoción comercial (cesión de marca, por ejemplo), la venta de sus derechos de televisión... Sería la enajenación de esa unidad productiva la que podría permitir garantizar la continuidad del fútbol en la ciudad, pero no del Hércules y su legado histórico dadas las restricciones que establece el Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a las conocidas como refundaciones y entre las que se encuentra que el equipo de nuevo cuño no podría ocupar la plaza del blanquiazul en Segunda División B, ya que la RFEF entiende que los derechos federativos son de su propiedad y solo los cede a los clubes.

Ese es el 'plan B' de Ortiz, para el caso de que se precipiten los acontecimientos. Esto es, no se logre arrancar de la Comisión Europea la aceptación de un pago aplazado de los siete millones de euros que reclama, un planteamiento que se contempla en el plan de viabilidad que acompañaba al reconvenio presentado en el juzgado hace un año por el Hércules y que, en lo que al cumplimiento de la decisión de recuperación se refiere plantea el mismo de manera fraccionada y condicionada a que el primer equipo blanquiazul milite en el fútbol profesional.