ALTEA. La situación que vive la organización Emaús, con sede en Altea, pero que presta servicio a menores y mujeres tuteladas, entre otros, en varios municipios de las comarcas de las Marinas, es dramática. Está inmersa en un procedimiento por ERE que podría llevar al desmantelamiento de la empresa y de los centros de atención a menores y ancianos. Y hoy, el juez de lo mercantil debe dar una solución: si no hay respuesta de la Seguridad Social, a la que se le adeudan seis millones, puede decretar el ERE forzoso, lo que significaría que el servicio que presta en la actualidad la organización se trasladaría en otros centros, como ya ha anunciado la consellera de Bienestar Social, Mónica Oltra, y los trabajadores serían despedidos.
Por el momento, los alcaldes de Altea, l'Alfàs del Pi, Polop de la Marina, Relleu, El Verger, Benissa y Calp han suscrito este martes un documento dirigido a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para pedirle que la Seguridad Social "no obligue a asumir a las empresas interesadas en dar continuidad a los servicios sociales la deuda de 6 millones de euros contraída por Emaús. Exponen que de lo contrario no sería viable que "otras empresas pudieran hacerse cargo de la gestión de los centros" y se garantizaría la continuidad de los servicios que prestan.
En caso contrario, temen que las empresas interesadas retiren su oferta y el juez ejecute el ERE que supondría que "todos los centros dependientes de la asociación sean desmantelados" y, por tanto, al despido de 300 trabajadores. Además los usuarios serían trasladados y en el caso de los menores se verían obligados a abandonar sus casas y colegios para "enfrentarse de nuevo a la difícil tarea de la adaptación", según ha denunciado los alcaldes.
Además de los alcaldes, los partidos políticos también han tomado parte en la cuestión. La carta firmada por los alcaldes será entregada en mano el próximo jueves en el Congreso de los Diputados por diputados del Partido Popular, PSOE y Compromís, aunque se buscará el respaldo de diputados de otras fuerzas políticas como Ciudadanos y Podemos. Se busca agilizar la situación. El subdelegado del Gobierno en Alicante, José Miguel Saval, también ha tomado cartas en el asunto y ha convocado a todos los alcaldes a una reunión el viernes para conocer de primera mano la situación del Emaús: 290 menores y mujeres atendidas, que pueden quedar desplazados de sus habitáculos habituales, y 300 trabajadores, que llevan ya 7 meses sin cobrar sus nóminas, acaben en la calle.
La delegación de menores del Comité de Empresa de Emaús también ha mantenido una reunión con el secretario autonómico de Bienestar Social en la que se ha acordado solicitar al juez encargado del concurso de acreedores una prórroga de dos meses para que los menores que atiende la organización no tengan que ser trasladados a mitad de curso. De lo contrario, si el juez no se pronuncia aceptado la prórroga, los usuarios pueden verse obligados a desalojar los centros el 14 de mayo.
Lo que nadie comprende como Emaús ha podido llegar a esta situación: está en concurso de acreedores con una deuda de 21 millones de euros, seis de ellos, de la Seguridad Social. El fundador de Emaús es Francisco Nadal Ivars, que implantó el modelo en Altea inspirándose en la obra del Abbé Piérre en Francia. Actualmente, tiene pisos tutelados en varios municipios de la Marina Alta y Baixa y un centro en Altea y otro en Relleu. Tanto en la reunión de este martes de los alcaldes y los sindicatos, en alguna ocasión, se ha planteado la posibilidad de que solicite la investigación al patrimonio de Nadal al considerar que durante todos estos años podría darse un posible alzamiento de bienes. Pero para que eso se dé y el juez de lo mercantil quien lo solicite, primero debe darse la resolución del concurso y una vez se declare la culpabilidad, pedirlo las partes afectadas.
En la actualidad, Emaús posee varias propiedades, pero sobre ellas pesan varios créditos hipotecarios. Los sindicatos han criticado, en reiteradas ocasiones, el elevado endeudamiento de la asociación y el nivel de permisividad de la anterior Conselleria de Bienestar Social en la concesión de subvención sin ningún tipo de control, lo que ha acabado generando la deuda de 21 millones de euros. Y recuerdan que cuando la deuda de Emaús con la Seguridad Social era de cuatro millones, se medió para que se permitiera ese endeudamiento.