La exalcaldesa del PP, Sonia Castedo, en imagen de archivo.ALICANTE. El pacto de conformidad alcanzado por el promotor Enrique Ortiz en la causa sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante que se investiga en el marco del caso Brugal ha suscitado este jueves todo tipo de reacciones políticas. Entre ellas, dos de las que cobran una especial relevancia son las ofrecidas por los representantes de dos de las acusaciones: el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, compuesto por PP y Cs, así como por la dirección autonómica de Esquerra Unida (EU) y por el exlíder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, quien representaba a EU en el Ayuntamiento cuando la coalición se personó en el procedimiento.
En primer término, portavoces oficiales consultados por Alicante Plaza han sostenido que el bipartito encabezado por el popular Luis Barcala, se limita a expresar su "máximo respeto al proceso judicial, como se ha venido manifestando siempre en relación a toda decisión adoptada por la Administración de Justicia". En esta línea, no se han formulado ningún tipo de interpretación sobre las consecuencias que podría tener ese pacto para los dos exalcaldes del PP también procesados, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.
En segundo término, la coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) Rosa Pérez, ha opinado que el acuerdo admite "la existencia de esta corrupción sistemática, continuada y organizada de los gobiernos municipales del PP de Alicante". En un comunicado, Pérez ha sostenido que "para cualquier persona demócrata y con un mínimo sentido del civismo y la justicia resulta una buena noticia el hecho de que se admita la existencia de esta corrupción sistemática, continuada y organizada de los gobiernos municipales del PP de Alicante".
Así, ha agregado que, "a la espera de lo que pueda ocurrir con el resto de acusados", el hecho de que Ortiz colabore con los tribunales y confirme la existencia de estas prácticas corruptas "da la razón a EUPV que durante años ha estado denunciando esa situación a pesar de las presiones, las descalificaciones y el esfuerzo que suponen estas batallas judiciales".
Ha señalado, además, que "como acusación popular, en EUPV nos sentimos orgullosas de haber contribuido a frenar el expolio continuado por parte de la derecha, y también a recuperar para las arcas públicas una parte de lo robado". "Afortunadamente, aquella etapa del PP en el poder poco a poco acaba revelándose como lo que Esquerra Unida siempre denunció: un régimen de constante corrupción con una banda disfrazada de partido político que se dedicaba al expolio y al saqueo de los recursos de las ciudadanas y ciudadanos", ha mantenido.
"Unos gobernantes que nos llevaron a la ruina y que esquilmaron las cajas públicas en beneficio propio, y que afortunadamente cada vez tienen menos poder. La ciudadanía y los tribunales van colocándolos en su sitio, y lo que debería preocuparnos es que no vuelvan nunca a poner sus manos sobre la gestión pública, ahora que comprobamos cuáles eran sus actividades", ha continuado.
Pérez ha recordado "el desgaste y el esfuerzo personal que muchas personas de Esquerra Unida hemos tenido que sufrir para perseguir estos delitos y denunciarlos al juzgado". "Nunca agradeceremos bastante el tiempo, los recursos y los esfuerzos que nuestra gente ha dedicado para conseguir que el País Valenciano deje de ser un paraíso de la corrupción, como lo fue durante la etapa del PP en el poder, y conseguir iniciar una nueva etapa como la actual de limpieza democrática, de transparencia, de gestión eficiente y de instituciones verdaderamente dedicadas al servicio a la ciudadanía", ha zanjado.
En tercer término, el exedil de EU y de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha señalado que "ya en diciembre de 2010, EU presentó una querella, a través de nuestro abogado José Luis Romero, contra Alperi, Castedo y Ortiz por varios delitos que ahora se confirman con el escrito firmado por Ortiz: cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. El confeso corruptor de Gürtel lo es ahora también de Brugal, casos que siguen ahogando al PP en su particular charca de la corrupción". En esta línea, ha apuntado que "fuimos los primeros en personarnos como acusación popular en la pieza de Brugal del amaño del Plan General y los únicos en mantenerla hasta el final tras la espantada del PSOE en la etapa final de Echávarri como alcalde, presentando en febrero de 2018 nuestro escrito de acusación".
Ademas, ha señalado que "en la legislatura 2011-2015 nuestra labor de oposición se centró en denunciar la corrupción del urbanismo de la ciudad, consiguiendo que Sonia Castedo finalmente dimitiera y que se desistiera de la tramitación de un plan bajo sospecha. En la anterior legislatura, ya desde el gobierno, conseguimos que el Ayuntamiento se personara como acusación particular para defender los intereses generales frente a los privados de Ortiz. Todo ese trabajo, tanto el desarrollado en el Ayuntamiento junto al equipo de colaboradores más cercano que me acompañó durante 8 años como concejal, entre los que quiero destacar a la asesora municipal Esther Rubio Fedida, como el desarrollado en los tribunales por José Luis Romero, continúa dando sus frutos".
A su juicio, "uno de ellos es que el Ayuntamiento va a recuperar el dinero gastado en la elaboración de su planeamiento general durante los últimos años, en torno a 1,5 millones de los que cerca de la mitad, 713.000 euros, van a ser reintegrados por el corruptor de Brugal, Enrique Ortiz. Su conformidad supone certificar que varios gobiernos municipales del PP favorecieron a Ortiz en perjuicio de los intereses públicos de la ciudad. Ahora sólo queda que los máximos responsables de esos gobiernos, Alperi y Castedo, sean también condenados", ha recalcado.
La confluencia Unides Podem, en la que se encuadra actualmente EU, también ha valorado el alcance del acuerdo de conformidad firmado por el conocido promotor. Su portavoz municipal, Xavier López, ha considerado que es evidente que "Ortiz y el Partido Popular arruinaron las arcas públicas de la ciudad, especularon con el patrimonio de la ciudadanía y convirtieron Alicante en un circo".
Compromís exigirá explicaciones del actual equipo de Gobierno en el pleno y sopesa solicitar la reprobación de Alperi y Castedo
Además, ha apuntado que "Sonia Castedo dijo hace 8 años que demostraría su inocencia en diez minutos, pero lo único que se ha demostrado es que permitió el amaño del PGOU". López ha recordado que "Luis Barcala formaba parte de ese gobierno, por lo que es corresponsable de lo sucedido". A juicio del portavoz, al alcalde "se le acumulan los problemas ante un equipo de Gobierno que está muy alejado de poder resolver ningún problema y que ha sido cómplice de la corrupción en Alicante".
Para la coalición, que Enrique Ortiz reconozca el amaño del Plan General de Alicante solo confirma lo que la ciudadanía ya sabía y lo que Unidas Podemos lleva tiempo denunciado: "que el Partido Popular había convertido la ciudad en su patio de colegio particular en el que hacer y deshacer a su antojo, jugando con el dinero de todas las alicantinas y los alicantinos". En ese sentido, Xavier López ha pedido al alcalde Luis Barcala "que asuma su responsabilidad como miembro del gobierno que permitió el amaño del PGOU y que pida disculpas a la ciudadanía en nombre del Partido Popular".
Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha añadido su intención de solicitar "explicaciones en el próximo pleno sobre la corrupción del Plan General de Brugal. Porque el señor Barcala, la señora De España, y el señor Santos Pérez tendrán que dar explicaciones y pedir disculpas a la ciudad por la corrupción en este Ayuntamiento, porque ellos se sentaban en esos momentos en la mesa de la Junta de Gobierno".
En esta línea, ha apuntado que "queremos conocer implicaciones urbanísticas que hayan tenido los chanchullos del señor Ortiz con el Ayuntamiento y por último, en el caso de que haya resolución judicial condenatoria, pediremos la reprobación tanto de la señora Castedo como del señor Alperi como ex alcaldes de esta ciudad", ha concluido.
