El otro 'test de estrés': PP y Cs debaten suprimir patronatos, más asesores y reorganizar concejalías

ALICANTE. Los dos partidos aliados al frente del Ayuntamiento de Alicante, Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), se exponen a una nueva fase de negociación interna tras casi un mes y medio de reuniones bilaterales en los que se habría dado por cerradas las cifras de su primer presupuesto en común. Se trata de una segunda ronda de discusión hasta cierto punto paralela que también puede poner a prueba la estabilidad del pacto de gobierno suscrito en julio, después de que ya se hayan puesto de manifiesto las primeras fricciones a cuenta de asuntos como la plaza del director del Teatro Principal o el recurso frente a la sentencia de la ZAS del Centro. 

Así, a días (incluso, puede que horas) de que puedan iniciarse los contactos con los cuatro grupos de la oposición (PSPV-PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox) en busca de apoyos a la planificación económica municipal para 2020, las dos fuerzas tratan de dirimir ahora cuestiones todavía pendientes en el devenir de su acción política conjunta que afectan a la propia estructura del Ayuntamiento y a la delimitación de competencias concretas que debe asumir cada concejalía.

El primer punto que sigue sobre la mesa es el debate sobre la posible extinción del Patronato Municipal de Vivienda como organismo autónomo independiente, de modo que sus funciones y gran parte de su personal pasen a quedar absorbidos por el propio Ayuntamiento. Se trata de una de las propuestas planteadas por Cs (aunque también por Unides Podem EU) durante la campaña electoral de las municipales de mayo con el fin de aligerar estructuras y evitar duplicidades (a priori, la Concejalía de Infraestructuras ya asume las competencias sobre vivienda). La cuestión sigue pendiente, sin que se le haya dado el encaje que se considera necesario. 

En segundo término, los dos partidos dirimen sobre la necesidad de activar la contratación de más cargos de confianza, después de que el pasado septiembre se aprobase la modificación de crédito que resultaba imprescindible para crear otras siete plazas de asesores para el conjunto de los grupos políticos de la corporación. Con esas siete plazas, se alcanzaría el máximo legal previsto para un ayuntamiento de una ciudad del tamaño demográfico de Alicante: 29 cargos de confianza, tantos como concejales. Estaría por ver el posible reparto de esas siete plazas entre los partidos que conforman el equipo de Gobierno y los cuatro grupos de la oposición. En todo caso, esas siete plazas podrían quedar ocupadas por varias personas a partir de la distribución de retribuciones en régimen de dedicación parcial.

En tercer lugar, los dos socios pretenden delimitar las competencias concretas que corresponde desempeñar a cada concejalía para evitar disfunciones, casos de descoordinación o posibles injerencias en parcelas que quedan bajo la responsabilidad de otros compañeros de gobierno. Se trataría de fijar las funciones específicas de cada departamento para clarificar quién debe tomar determinadas decisiones, una vez acordada la posición conjunta sobre cada materia.

Vox insiste en que no favorecerá que el presupuesto del bipartito prospere si no se reducen las partidas de Cooperación y del área LGTBI

Y, por último, se trataría de impulsar una reorganización interna de prácticamente todas las concejalías para acordar un nuevo organigrama de funcionamiento adaptado a las necesidades de cada área. En esa labor se tendría en cuenta el refuerzo de personal que quedaría contemplado a través de las cuentas municipales de 2020, con un notable incremento en el capítulo de Personal, según las fuentes consultadas.

Esa nueva fase de debate interno no sería un requisito previo para que el bipartito pudiese abrir la negociación del presupuesto con PSPV-PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox, pero, según las mismas fuentes, algunas de esas cuestiones sí están directamente relacionadas con ese proceso de diálogo. Por lo pronto, los cuatro grupos opositores continúan sin noticias sobre el borrador de la propuesta presupuestaria de PP y Cs y tampoco se les ha emplazado a celebrar ninguna reunión al respecto, por lo que sus representantes ya auguran la posibilidad de que el pleno para debatir las cuentas pueda aplazarse hasta el mes de febrero, si se considera que podría facilitarse un plazo de al menos dos semanas para que las cuatro fuerzas opositoras puedan formular propuestas. Además, todavía no se han aprobado los presupuestos del Patronato de Turismo y del Patronato de Vivienda.

En principio, las posiciones políticas sobre el presupuesto continúan siendo las conocidas hasta el momento. Los tres grupos del eje progresista (PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís) mantienen cierta desconfianza respecto a las promesas que pueda asumir el alcalde, el popular Luis Barcala, durante las reuniones que puedan celebrarse en busca de apoyos a la propuesta contable del bipartito. Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, incidió este martes en que su grupo no cedería "en las cuestiones que ya hemos planteado, como la consignación de fondos para Cooperación o para el área LGTBI, así que no vamos a favorecer que el presupuesto prospere". "Tenemos muy claro hemos venido a representar a los 9.000 alicantinos que nos votaron y no a ser la muleta de nadie", recalcó. Así, ante la posibilidad de que la propuesta presupuestaria no sume los apoyos necesarios (el bipartito necesita más votos a favor que en contra), Ortolá llegó a apuntar la posibilidad de que "Cs dé un giro a la izquierda y pueda apoyar una moción de censura con el PSPV-PSOE", concluyó.