IFA / RAFA MOLINAELCHE. Visto en perspectiva, y teniendo en cuenta la pandemia de por medio, apenas ha habido cambios en el futuro que se vislumbra para la Institución Ferial Alicantina, que tras el verano recuperará en parte su normalidad. Aunque el principal debate que está ahora encima de la mesa, tanto para IFA como para la feria valenciana es bajo qué forma jurídica se gestiona, hay otra cuestión que abordar más adelante: liquidar 25 de los 76 millones de euros de deuda de la institución. El Consell tendrá que dilucidar cómo hacerlo, y en parte por ello, la conselleria de Hacienda apuesta por la empresa pública.
Una de las cuestiones que están pendientes desde hace varios años, tras la adscripción de IFA a la conselleria de Economía Sostenible, es cómo finiquitar la deuda de la feria, que como es conocido, pasa aún por formalizar la asunción de patrimonio con la entrega de los terrenos y los bienes inmuebles para poder liquidar la deuda de 76 millones de euros que culmine el rescate. De entre los bienes de la institución, la Generalitat se quedará con el suelo anexo, lo que supondría saldar unos 50 millones de euros de la deuda, por lo que la otra incógnita por resolver serían los 25 millones restantes que quedarían en la cuenta deudora de la institución con el Ejecutivo autonómico como acreedor.
Un asunto que no se puede desligar del debate actual sobre el modelo de gestión de la feria en terreno ilicitano, ya que según el conseller Vicent Soler, liquidar esa deuda financiera de 25 millones solo se podría hacer "si inscribimos a IFA en el sector público de la Generalitat". Según indica el titular de Hacienda, de esta forma, "Bruselas permitirá hacer una serie de reestructuraciones financieras que nos permitirán liberar a IFA de esa deuda". Una opción que le ha trasladado al responsable de la cartera de Economía Sostenible, Rafael Climent, que como ha ido dando cuenta este medio, apostaba por un modelo de corporación privada de derecho público tutelada por la Generalitat, una fórmula similar a la de las Cámaras de Comercio. Sin embargo, el informe de la Abogacía de la Generalitat ha enmendado la totalidad de la propuesta.
Tras el revés para la conselleria de Climent, Soler insiste, al igual que con Feria Valencia, en una empresa directa que gestione también IFA y en trabajar "conjuntamente" para dar con la solución jurídica para este rompecabezas. No obstante, la última palabra sobre la decisión la tiene Economía: "Sigo pensando que si se hace en estos términos, en una empresa pública o un ente que esté en el sector público autonómico, lo cual es factible, podremos hacer esas operaciones financieras y por tanto liberar a IFA de su deuda financiera que le permita mirar al futuro".
Soler también añade que habrá que contar con los sectores productivos y empresariales para darle vida a IFA en el futuro. Un camino que se vio interrumpido repentinamente por el estallido de la pandemia, no solo por las ferias habituales, también porque había acuerdo para volver a organizar un gran evento de calzado, lo que supondría un plus para las instalaciones. Una vez resuelta la carga de la deuda financiera, la Generalitat tendría una amplía vía libre para tantear opciones de futuro, no solo impulsando estos eventos, sino también actuando sobre los terrenos anexos en los que se diseñó la gran ampliación que jamás vio la luz y que generó esta deuda, y por los que en 2019 el entonces director de la Sepes Alejandro Soler se ofreció a urbanizarlos durante su periodo como responsable. Pero tampoco pudo actuar por el embargo que tenían.
En definitiva, una deuda financiera que lleva siendo un quebradero de cabeza y que ha llevado al límite a la feria, a quien el Ayuntamiento de Elche suele bonificar el IBI anualmente en este impás. Mientras tanto, Hacienda y Economía Sostenible, en manos de PSPV y Compromís respectivamente, han de convenir en esa fórmula jurídica que permita impulsar a IFA ahora que empieza a recuperar la normalidad tras el avance de la vacunación. Curiosamente, a principios de 2019, cuando ya estaba encima de la mesa el debate sobre la gestión del recinto ferial, Compromís apostaba por la gestión pública y PSPV por un punto intermedio por temor a generar una situación similar como la que llevó a la enorme deuda actual. Ahora los papeles se han intercambiado aunque sigue sin haber acuerdo.
