ALICANTE. La Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH) ha reclamado este martes, a través de un comunicado, "la convocatoria de la Mesa Económica con las organizaciones empresariales del ocio y la hostelería para analizar el contenido del Plan Resistir Plus, tras la reunión que mantuvo ayer el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, con los agentes sociales y en la que se ha anunciado la incorporación de nuevos CNAE de los sectores productivos de la Comunidad Valenciana".
Portavoces oficiales de la CEOH han apuntado que, "en relación a la ampliación de empresas que pueden beneficiarse de las ayudas económicas, el sector del ocio y la hostelería se ve en la necesidad de reclamar la ampliación de la dotación económica de las ayudas del Plan Resistir Plus por parte del Consell, con una dotación extra estimada de 300 millones de euros, en la línea de los que vienen haciendo otras comunidades autónomas, teniendo en cuenta que los objetivos establecidos por el Gobierno central definen unos criterios de cálculo de las ayudas para poder hacer frente al 20% de las pérdidas acumuladas en 2020 y 2019".
En este contexto, la CEOH "desea poner de manifiesto su solidaridad con todos los sectores que se han visto afectados por la crisis del coronavirus, pero, al mismo tiempo, también reitera que ha sido la actividad turística la que se ha visto más profundamente afectada y la situada en primer lugar de las ayudas por parte del Gobierno central". Por ello, insiste en que "es necesario definir paquetes cerrados para el ocio y la hostelería que garanticen la percepción de las ayudas prometidas por el Gobierno central y que, en el caso del ocio nocturno en la Comunidad Valenciana, desde la CEOH ya ha puesto sobre la mesa, en varias ocasiones, que sea de 50 millones de euros".
De la misma forma, la CEOH asegura que después de los sucesivos anuncios propagandísticos, y cuando ni siquiera se han recibido todas las ayudas del Plan Resistir, las nuevas promesas de ampliación de las ayudas a nuevos sectores de la economía son recibidas con gran preocupación y escepticismo por parte de los sectores turísticos que más gravemente han sufrido el impacto económico de la crisis de la covid. Al respecto, inciden en que, después de más de 13 meses de severísimas restricciones a la actividad, las ayudas económicas recibidas hasta ahora apenas son limosnas de unos pocos miles de euros.
Con respecto a la finalización del estado de alarma y las nuevas medidas que pueda establecer la comisión interdepartamental, "las pymes consideran que una vez finalicen las restricciones a la movilidad es imprescindible ampliar los horarios de los establecimientos y recuperar sus condiciones de trabajo". En este sentido, la CEOH argumenta que "si la evolución de la situación sanitaria permite levantar el estado de alarma, no tiene ningún sentido que se definan restricciones específicas para el sector del ocio y la hostelería, más cuando se van a levantar las restricciones a la movilidad de los ciudadanos".
En este contexto, señalan que "establecer restricciones que vayan más allá del uso de la mascarilla y de la distancia interpersonal no tienen ningún sentido, teniendo en cuenta que durante los seis últimos meses la Conselleria de Sanidad ha rechazado poner en marcha la solicitada mesa de trabajo científico-técnica para analizar y evaluar la implantación de cualquier tipo de mecanismos de desinfección, tecnologías de geolocalización, sistemas de trazabilidad y test rápidos, entre otros".
Por otra parte, también insiste en que, "a pesar del fracaso del proceso de diálogo entre los sectores más perjudicados por la crisis de la covid y el Gobierno autonómico, resulta necesario que se acometa un plan de choque que garantice las ayudas económicas necesarias y suficientes para la supervivencia de la hostelería y el ocio, la aplicación de los avances sanitarios y científicos para recuperar su actividad cuanto antes y la seguridad jurídica a la hora de avanzar en la desescalada, cuando apenas faltan cinco días para que finalice el estado de alarma y el toque de queda está en un limbo jurídico".