ALCOY. A principios de septiembre, el Ayuntamiento de Alcoy inició los trámites para constituir una empresa pública para poder gestionar directamente determinados servicios públicos. Este proceso fue posible después de haber finalizado el Plan económico Financiero al cual estaba sometido el consistorio desde el 2012 cuando se acogió a la financiación, por parte del Ministerio de Hacienda, de los más de 9 millones de euros necesarios para hacer frente a las facturas pendientes de pago que se encontró el actual Gobierno al entrar al Ayuntamiento en junio del 2011. Ahora, una vez finalizado el plazo y haber solicitado la creación de la empresa pública, el Gobierno central ha negado al consistorio de Alcoy crear una empresa municipal.
Este Plan Económico Financiero suponía la prohibición de crear empresas públicas por parte de los Ayuntamientos durante la vigencia del mismo. Por eso, una vez acabado este tiempo, el Ayuntamiento de Alcoy empezó a trabajar para crear una empresa pública para gestionar directamente y con medios propios servicios públicos. Esta decisión, además, contó con el voto mayoritario de los grupos políticos de la corporación en el pleno de septiembre.
Por otro lado, hay que recordar que en 2016, el Ayuntamiento de Alcoy se excedió en la regla del gasto (Regla de Gasto) en 400.000 euros, el límite de gasto que impone el ministerio a los ayuntamientos. Este exceso obligaba, según la ley, en los ayuntamientos a bloquear una parte del presupuesto de 2017 para garantizar que no se volviera a producir. El Ayuntamiento de Alcoy tomó en julio esta medida cumpliendo con la legalidad, y con ella, era suficiente para cumplir con los criterios de estabilidad presupuestaria, y continuar con la buena gestión económica del Ayuntamiento de Alcoy en los últimos años que ha permitido estar en el nivel de deuda más baja de su historia, con un pago a proveedores medio de sólo 19 días, así como otros indicadores económicos positivos.
Pero ahora, según el ayuntamiento alcoyano, el Ministerio de Hacienda ha vuelto a cambiar su criterio que restringe y condiciona todavía más la capacidad y autonomía de los ayuntamientos y obliga a todos los municipios que hayan superado la regla de gasto, además de adoptar las medidas que marca la ley, a aprobar un nuevo Plan Económico Financiero para los años 2017 y 2018 en el que se garantice el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Este nuevo Plan, que ya ha sido requerido formalmente, impide la constitución de una empresa pública hasta el año 2019, según informa el consistori alcoyano en una nota de prensa.
La concejala de Hacienda, Vanessa Moltó, ha lamentado "la voluntad clara del gobierno estatal del Partido Popular de limitar la capacidad de acción y la autonomía de los ayuntamientos". "Una cosa es la estabilidad y la otra evitar con diferentes cambios de criterio que los municipios puedan destinar sus presupuestos a mejorar la vida de los ciudadanos con medidas como esta. La creación de una empresa pública pretendía ahorrar dinero y tener unos servicios públicos como la limpieza, la asistencia y servicios sociales, la gestión de instalaciones deportivas, o el mantenimiento de parques y vías públicas, mejores para los ciudadanos. El cambio de criterio por parte del Ministerio de Hacienda complica, una vez más, la gestión municipal, y nos impide poder crear una empresa pública para gestionar directamente determinados servicios y así, por un lado ahorrar dinero y de la otra, mejorar la gestión de los servicios públicos».