Juan Seva, concejal de Hacienda de Alicante en 2014, cuando se anuló la ordenanza fiscal. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que da por anulada la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Alicante por la que se regula el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido popularmente como la 'plusvalía municipal', añade más confusión a la aplicación de la norma. El Ayuntamiento considera que sigue vigente, porque otras sentencias del mismo Tribunal (e incluso de la misma Sección) le han dado la razón. Sin embargo, la Sección Tercera, que dicta la sentencia del pasado 25 de enero desvelada por Alicante Plaza, señala que en 2014 "no solo se anuló la liquidación allí recurrida, sino que declaró expresamente la nulidad de la ordenanza fiscal reguladora". Una cuestión que "no procede entrar a ventilar nuevamente, pues la anulación ha adquirido firmeza".
No obstante, la propia sentencia admite en el punto cuarto de los fundamentos de derecho que la confusión al respecto "ha dado lugar a sentencias discrepantes incluso en esta misma Sección" (la Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es la misma que en 2014 anuló la ordenanza), de manera que "no efectuamos expreso pronunciamiento sobre las costas procesales, ni las de primera instancia ni las de esta apelación". Es decir, no condena en costas al Ayuntamiento (al que sí obliga a devolver la plusvalía cobrada a un promotor), que ganó el pleito en los juzgados de lo Contencioso Administrativo de la ciudad para perder luego en el TSJCV, precisamente por esa acumulación de "discrepancias" en el Alto Tribunal.
Por si fuera poco, en este fallo el tribunal cita tres sentencias precedentes de la misma Sección que sí dan por anulada la ordenanza: la 447/2017, la 1146/2017 y la 1473/2017. En estos tres fallos, el Alto Tribunal considera que la ordenanza fiscal sobre el IIVTNU es nula al adquirir firmeza la sentencia de 2014 (de la misma Sección) que "declaró expresamente la nulidad de la ordenanza fiscal reguladora", y dado que el Ayuntamiento, desde entonces, "se ha limitado a aprobar modificaciones de una ordenanza fiscal anulada por sentencia firme". Es decir, todas las plusvalías cobradas por el Consistorio desde julio de 2014, más allá de que el sujeto hubiera obtenido efectivamente beneficios con la venta o transmisión del inmueble (pues el Constitucional ha anulado las plusvalías para las ventas a pérdidas), podrían reclamar su devolución por vía judicial.
Así lo señalaron, además, los expertos del despacho Varona Asesores, de València, a Alicante Plaza. "En València tenemos una postura conservadora, y solo recomendamos al cliente recurrir la plusvalía si vendió a pérdidas o con muy poco beneficio, en base a la sentencia del Constitucional. No obstante, si viene un cliente de Alicante, sí le recomendaríamos recurrir cualquier plusvalía pagada al Ayuntamiento en los últimos cuatro años, tras la sentencia del TSJCV". Es más, fuentes del sector de los promotores inmobiliarios consultadas por este diario confirmaron este jueves que las empresas llevan obteniendo sentencias favorables (y recuperando por tanto las plusvalías pagadas) "desde hace tres años".
El Ayuntamiento de Alicante, por su parte, sigue dando por vigente la ordenanza fiscal reguladora del cobro de la plusvalía, como informó este miércoles Alicante Plaza. Además, tiene intención de recurrir también este último fallo en su contra. El plazo para hacerlo, según los cálculos de la Asesoría Jurídica Municipal, expira el próximo 3 de marzo, al cumplirse los 30 días desde la notificación de la sentencia. El mismo fallo explica que este recurso de casación puede presentarse tanto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ como ante el mismo Tribunal Supremo, al que el Ayuntamiento ya ha acudido en anteriores ocasiones. Sin embargo, los promotores consultados por este diario aseguran que, tradicionalmente, el Supremo ha venido inadmitiendo los recursos municipales a las sentencias contrarias del TSJ valenciano sobre la plusvalía.
Sea como fuere, la última decisión del alto tribunal autonómico ya ha suscitado las primeras reacciones políticas en las filas de la oposición. En este sentido, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, expresó este jueves la preocupación de su formación política "ante las indemnizaciones que podrían exigírsele al Ayuntamiento" por lo que instó a la edil de Hacienda, Sofía Morales (PSOE), a explicar "en qué situación queda el Ayuntamiento con esta sentencia y cuál es su intención a la hora de modificar la ordenanza fiscal, qué plazos se están barajando para ello y cuál va a ser la estrategia del equipo de Gobierno para hacer frente a esta sentencia". Además, reclamó que informe sobre "cuál podría ser el impacto económico para el Ayuntamiento" al que queda expuesto en la situación actual.
