El secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, junto al portavoz municipal, Paco Sanguino, al presentar la denuncia.ALICANTE. El Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante frustra, por ahora, la iniciativa promovida por el grupo municipal del PSOE para que se depuren posibles responsabilidades legales por la existencia de contenedores de ropa usada en la vía pública sin la preceptiva licencia municipal. En un auto fechado el pasado 13 de agosto, la titular del juzgado resuelve inadmitir la denuncia presentada por los socialistas el pasado 23 de julio al considerar que no cumple los requisitos formales para que pueda tramitarse.
En concreto, la jueza concluye que ni el PSOE como partido, ni su portavoz municipal, Paco Sanguino, como ciudadano particular, actúan como víctima o perjudicados por el delito o delitos expuestos en la denuncia por lo que los hechos que se trasladan para que puedan someterse al escrutinio de la Justicia deben registrarse mediante la formulación de una querella, en lugar de una mera denuncia, para que la formación política o su representante a título particular (en este supuesto, Sanguino) puedan ejercer la acción penal popular.
Esa apreciación requiere de dos formalismos básicos. Primero, que la presentación de la querella debe ir ligada al depósito de una fianza: una cantidad económica a determinar por el juez para cubrir los costes generados durante la instrucción (como los derivados de la elaboración de informes), en el caso de que, a la postre, se acuerde el sobreseimiento de la causa o que se resuelva la absolución del querellado, con imposición de costas al querellante. Y segundo, que en el registro de la querella se designe abogado y procurador, lo que conlleva el pago de honorarios profesionales y, por tanto, una mayor carga económica para el querellante.
No obstante, fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que esos dos condicionantes no van a arredrar al PSOE en su voluntad de que se esclarezcan los hechos relatados en su denuncia. De este modo, según las mismas fuentes, ya se habría adoptado la determinación de seguir las recomendaciones del juzgado, de modo que se registrará la correspondiente querella con el fin de que se dilucide si el alcalde, el popular Luis Barcala, o alguno de los ediles que conforma el equipo de gobierno pudo haber incurrido en un delito de prevaricación o de malversación de caudales tras haber permitido la instalación temporal de dichos contenedores destinados al depósito de ropa sin ningún tipo de autorización ni haber abonado tasa alguna por ocupación del espacio público.
En el momento de la interposición de la denuncia, tanto Sanguino como el también edil y secretario general del PSOE en Alicante, Miguel Millana, insistieron en que su formación instó hasta en dos ocasiones al equipo de gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs) a retirar los contenedores instalados de manera irregular. Sin embargo, según el PSOE, se desoyó sus peticiones y se siguió permitiendo el funcionamiento alegal de esas instalaciones.
Por su parte, entre las filas del bipartito, el edil de Limpieza, Manuel Villar (PP), ya replicó entonces que el PSOE se había "excedido" al registrar una denuncia basada en "falacias" en la medida en que el Ayuntamiento sí había iniciado el proceso de retirada de todos los contenedores sin permiso que se venían detectando "desde que el Ayuntamiento asumió la recogida de la ropa usada como un residuo con el contrato firmado en mayo con Proyecto Lázaro por el Servicio de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos". Con anterioridad, según Villar, la instalación de los contenedores por parte de Proyecto Lázaro funcionaba a partir de "un convenio con Asuntos Sociales para un programa de inserción socio-laboral, que además no establecía ninguna exclusividad", añadió.
Los socialistas continúan valorando opciones para trasladar a la Justicia la 'prórroga verbal' del servicio de ayuda a domicilio
Así, también entonces, recalcó que "no se entiende que ahora el PSOE de Sanguino pretenda atribuir un delito a un alcalde que ha cumplido con su obligación y con las peticiones que han trasladado al Ayuntamiento desde Proyecto Lázaro, abriendo expediente sancionador a las dos empresas detectadas con esta mala praxis con contenedores en color lila y azul, y procediendo a retirar todos los contenedores de la vía pública".
Sea como fuere, será el juzgado al que se turne la futura querella confirmada por fuentes del entorno socialista el que deba dilucidar si del funcionamiento de esos contenedores puede derivarse algún tipo de responsabilidad penal. En cualquier caso, las mismas fuentes señalaron que la resolución judicial había generado sorpresa por la diferencia de trato respecto a otras denuncias hasta cierto punto similares registradas durante el pasado mandato, como la que dio origen al llamado caso Comercio por el gasto de cerca de 189.000 euros de ese departamento municipal en 25 contrataciones distintas bajo el mandato del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y PSOE). En ese supuesto, la denuncia fue registrada por el grupo municipal del Partido Popular (PP), entonces en la oposición, y no se exigió que se formulase querella y, por tanto, tampoco el depósito de fianza. En realidad, el PP acudió en primer término a la Fiscalía para presentar una denuncia y, después, la replicó en el Decanato de los Juzgados de Benalúa con el propósito de dar celeridad a su tramitación.
El resultado de esa iniciativa ya es conocida: la titular del Juzgado de Instrucción Número 9 abrió diligencias frente al exalcalde socialista, Gabriel Echávarri, y dos de sus asesores (Lalo Díez y Pedro de Gea), quienes acabaron siendo condenados por la Audiencia por un delito de prevaricación, después de que el primero de ellos registrase su renuncia al cargo y se propiciase el acceso de Barcala a la Alcaldía, en abril de 2018. Finalmente, el PP acabó retirándose del procedimiento y renunció a ejercer la acusación contra Echávarri semanas antes del juicio al considerar que ya actuaba la Fiscalía para que pudiesen depurarse las irregularidades denunciadas.
Al margen del posible progreso que pueda tener la futura querella del PSOE, los socialistas también persisten en el estudio de posibilidades para dar traslado a la Justicia de la prórroga verbal concedida en el funcionamiento del servicio de asistencia a domicilio después de que expirase la duración del contrato original. El PSOE aguarda los resultados de los informes jurídicos solicitados al respecto para actuar en consecuencia.
