El exalcalde, Gabriel Echávarri, conversa con el actual primer edil, Luis Barcala, en un pleno, en imagen de archivo. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El actual alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, renuncia a ejercer la acusación contra su predecesor en el cargo, el socialista Gabriel Echávarri, en el juicio por el supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio que arranca el próximo 30 de septiembre ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante. El primer edil registró su escrito de desestimiento de acciones este martes al considerar que no era conveniente que un alcalde figurase como acusador contra el dirigente político que ejerció ese papel institucional antes que él.
Fuentes municipales consultadas por este diario precisaron que la decisión se adoptó, además, tras evaluar que el proceso seguirá adelante de igual modo, a través de la acusación que ejerce la Fiscalía, por lo que se mantendrá el objetivo perseguido por Barcala en 2017 cuando presentó la denuncia (entonces, en calidad de portavoz del grupo municipal del PP) de que se depuren responsabilidades por la comisión del presunto fraccionamiento.
Además, Barcala y el equipo de concejales que formaban parte del grupo municipal del PP entre 2015 y 2019 también habrían considerado que la Fiscalía mantiene una posición similar a la que venía sosteniendo el PP durante el pasado mandato por lo que no existía la necesidad de defender los mismos argumentos por partida doble. En todo caso, eso sí, Barcala deberá comparecer en el juicio para prestar declaración en calidad de testigo, ya que así lo han solicitado tanto las defensas como la Fiscalía.
El acusador público solicita para Echávarri una pena de 10 años de inhabilitación como presunto responsable de un delito continuado de prevaricación. El PP, por su parte, elevaba esa petición hasta los 12 años de inhabilitación.
Junto al exprimer edil también se sentarán en el banquillo de los acusados dos de sus cargos de confianza: el jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor de la Concejalía de Comercio, Pedro de Gea. La titular del juzgado de Instrucción número 9 que asumió las diligencias también consideró a ambos colaboradores de Echávarri responsables del mismo delito de prevaricación continuada, en grado de cooperadores necesarios. La Fiscalía también solicita para ambos la misma pena de 10 años de inhabilitación.
El desarrollo del juicio está señalado entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre. En él se deberá dilucidar si son constitutivas de delito las presuntas irregularidades advertidas por el PP y por la Fiscalía en la adjudicación directa de hasta 14 contratos menores por un importe global de 144.000 euros relacionados con la organización de la Gala de Premios de Comercio de 2016 y la promoción de los mercados municipales.
Echávarri presentó su dimisión y renuncia la acta de concejal el 9 de abril de 2018, después de que se confirmase su segundo procesamiento, relacionado con el despido presuntamente irregular de una trabajadora interina adscrita a la Concejalía de Cultura, que mantenía un grado de parentesco con Barcala (se trataba de su cuñada). En principio, ese segundo juicio está señalado para enero de 2020.
La agrupación local del PSPV-PSOE en Alicante ha reaccionado este mismo miércoles a la retirada de la acusación para manifestar que, con esa decisión, "se demuestra con absoluta claridad que el señor Luis Barcala utilizó la Justicia políticamente y que solo buscaba que el alcalde socialista dimitiera para ocupar su puesto".
En esta línea, los socialistas se han cuestionado a través de un comunicado "por qué si tan grave era la situación para la ciudad de Alicante, que le llevó a poner dos denuncias, una en Fiscalía y la otra en el Juzgado, y pedir 12 años de inhabilitación para Gabriel Echávarri, ahora va y se retira del procedimiento". "¿No se supone que el señor Barcala tomaba esas decisiones en beneficio de los intereses de la ciudad de Alicante?", añade el PSPV-PSOE.
Así, para el PSPV-PSOE, "con la retirada del procedimiento del señor Barcala podemos sacar la conclusión de que la ciudad no le importaba absolutamente nada y que solo buscaba la dimisión de Gabriel Echávarri. En conclusión, utilizó a la Justicia para conseguir sus propias ambiciones personales".
