La edil de Acción Social, Julia Llopis, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La prestación del servicio de ayuda a domicilio sin el respaldo de un contrato en vigor acaba en una advertencia de irregularidad respecto a la actuación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PP y Cs), siete meses después de que la prestación quedase normalizada finalmente mediante una nueva adjudicación. Cuando menos, así se desprende del informe emitido por el interventor municipal tras fiscalizar la propuesta tramitada por la Concejalía de Acción Social para que se abone el pago de 583.384 euros a la concesionaria precedente (Servisar) por los trabajos desarrollados entre el 1 de septiembre y el 25 de noviembre de 2020.
La autorización del pago, bajo el procedimiento del reconocimiento extrajudicial de crédito, quedó aprobada este lunes en la comisión de Asuntos Sociales, con el apoyo del bipartito y Vox, después de que se alegase que los problemas registrados en la tramitación del nuevo concurso habían impedido que se formalizase una nueva adjudicación en el plazo debido. Además, también se objetó que la ayuda a domicilio no podía dejar de prestarse al tratarse de un servicio esencial. Así, previsiblemente, el acuerdo de pago quedará refrendado en pleno el próximo jueves, pese a los reproches recogidos en el dictamen del interventor, en el que, eso sí, concluye que el servicio debe abonarse porque se prestó y, además, con un importe que se corresponde con la media del precio de mercado.
¿En qué consisten los reproches rcogidos en ese informe? Entre ellos, el alto funcionario subraya que, al no existir ya la posibilidad de acordar una nueva prórroga -y al no haberse impulsado una nueva licitación en plazo-, se acordó la continuidad de la prestación "por acuerdo verbal" cuando se trata de una posibilidad vetada en el ámbito de la administración pública. En concreto, en su informe especifica que el procedimiento seguido "parece inadmisible en el derecho administrativo porque va en contra del propio contrato, pero sobre todo, de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, que han de presidir la contratación administrativa". Y añade: "La utilización de esta práctica como fórmula ordinaria constituye un fraude de ley que invalidaría el contrato".
De ahí que formaciones como el PSOE (la única que votó en contra en la comisión de este lunes, mientras que Unides Podem y Compromís optaron por la abstención, al no haber podido estudiar la propuesta con antelación) advirtiesen sobre la existencia de posibles anomalías y ya hayan barajado opciones como exigir explicaciones formales de la titular de la concejalía de Acción Social, la popular Julia Llopis, durante el desarrollo del pleno ordinario de mayo, que se celebra este jueves. O, incluso, la posibilidad de acudir a Fiscalía para que se esclarezca si puede haberse cometido algún tipo de anomalía en la gestión del servicio y sus pagos, sin que se hubiese regulado una prórroga extraordinaria específica. Aunque la opción más probable es que se aguarde al desarrollo del pleno, y a que el acuerdo pueda aprobarse, para tomar decisiones a posteriori.
¿Cuáles son los orígenes del expediente? Como se detalla tanto en la propuesta de acuerdo de pago, como en el informe del interventor, el servicio de ayuda a domicilio quedó adjudicado en 2008 a Servisar por 11,1 millones y un plazo de duración de cuatro años, con cinco posibles prórrogas de dos años cada una. El Ayuntamiento ejercitó esas cinco prórrogas de modo que el contrato acabó venciendo el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, según el informe, la Concejalía de Acción Social no había remitido el expediente para la licitación del nuevo contrato hasta 33 días antes de esa fecha, lo que impedía que pudiese adjudicarse en plazo. Finalmente, el nuevo contrato se adjudicó en octubre de 2020 y se formalizó un mes después.
Esa situación supuso que Servisar continuase asumiendo el servicio de ayuda a domicilio entre enero y noviembre de manera tácita, sin el respaldo de un contrato en vigor y sin que se acordase ninguna prórroga formal. La propia edil de Acción Social, Julia Llopis, incidió en que, desde enero hasta agosto, los pagos por la prestación del servicio se fueron aprobando en Junta de Gobierno como expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, "puesto que consulté y me dijeron que, al tratarse de un servicio esencial, no era necesario que se acordase una prórroga especial". "Tanto el Ayuntamiento como el proveedor del servicio estábamos obligados a prestarlo, así que no hubo tampoco ese acuerdo verbal del que se habla en el informe", explicó, a consulta de Alicante Plaza.
Según Llopis, esa situación continuó hasta que el departamento de Intervención aplicó los nuevos criterios de fiscalización marcados por el Tribunal de Cuentas y se acordó que los pagos de contratos vencidos debían someterse a la aprobación del pleno, tras la emisión de un informe jurídico y de un informe de fiscalización. De ahí que, según Llopis, ahora se plantee el abono de los tres meses pendientes (de septiembre a noviembre de 2020), en una situación que se generó como consecuencia de las vicisitudes en las que se vio envuelta la convocatoria del nuevo concurso "que se comenzó a tramitar en 2018". Entre ellas, la imposibilidad de que se pudiese licitar hasta que existiese dotación presupuestaria para ello, con la aprobación de las cuentas municipales de 2019.
El interventor, que autoriza el pago, vuelve a apremiar al bipartito a planificar y anticipar la convocatoria de concursos con la antelación suficiente para evitar pagos sin cobertura contractual
Por lo pronto, en el expediente de la propuesta de acuerdo para aprobar el pago de los 583.000 euros adeudados a Servisar figura el informe jurídico en el que se concluye que no procede instar la revisión de oficio sobre el servicio prestado ni sobre los pagos adeudados, puesto que no se habrían apreciado incorrecciones en el procedimiento que así lo requiriesen. Sin embargo, el dictamen del interventor sí apunta que "finalizado el contrato precedente y agotadas las prórrogas previstas, continuó la prestación sin la correspondiente licitación y adjudicación, y consecuentemente, sin que se cumplan los principios de publicidad, transparencia y libertad de acceso a las licitaciones", previstos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. En esta línea, añade que "la continuidad en la prestación del servicio se resolvió, según consta en el informe del centro gestor, de forma verbal por la concejala delegada de Acción Social y Familia". Es decir, la propia Llopis, pese a que ella sostuvo que no llegó a producirse tal acuerdo verbal al no resultar necesario.
Así, en último término, el interventor considera que "la Administración ha incumplido el deber de licitar en plazo el servicio de ayuda a domicilio", mientras que el proveedor "se ha limitado a colaborar con la administración, y los precios a los que se ha realizado la prestación son razonablemente de mercado", por lo que emite un informe favorable a la aprobación del pago. No obstante, no escatima en recomendaciones para evitar que se reproduzcan nuevos episodios similares en el futuro al señalar que "es necesario que el Ayuntamiento de Alicante, tal y como recomienda el Tribunal de Cuentas, implemente procedimientos de planificación y gestión que permitan la anticipación y garanticen el inicio de la tramitación de los expedientes de contratación con antelación suficiente, en función del tipo de contrato que se trate, con el fin de evitar la ejecución de gastos sin cobertura contractual como consecuencia de la expiración del término de los previos".
Por lo pronto, lo cierto es que el equipo de gobierno afronta la finalización de varios contratos sobre servicios que también tienen la consideración de esenciales, como el transporte público urbano en autobús o el de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos. Eso sí, los departamentos de Transportes, Limpieza y Contratación tratan de buscar ahora la fórmula adecuada que dé encaje a la continuidad en la prestación, como la prórroga extraordinaria que ya se tuvo que acordar en 2019 para garantizar el funcionamiento del autobús público o la que se tuvo que concertar para mantener el servicio de limpieza escolar, ahora a punto de volver a salir a licitación.
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