ALTEA. El Ayuntamiento de Altea continúa adelante con el procedimiento para anular el contrato de concesión del servicio integral de aparcamientos del Municipio. Y lo hacen ahora con el aval de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Alicante, que ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa, Asa Parkings SL. La mercantil se oponía a los acuerdos adoptados en el pleno por el que iniciaban el procedimiento para anularlo.
El Ayuntamiento lo hacía con el respaldo del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que tal y como publicó este diario en su día, cabía la posibilidad de revisar de oficio el expediente y anular la relación que mantenían con el servicio de la grúa. En su dictamen, recogía que la gestión integral del servicio público de aparcamientos en Altea se adjudicó a Asterita Inversiones SL. La mercantil había propuesto la construcción y explotación de cinco parkings, con un plazo de concesión de 60 años y un canon anual de 3.000 pesetas por cada plaza de estacionamiento subterráneo construida. El orden de creación de los mismos sería: Paseo del Mediterráneo, Plaza del Convento, Plaza de los Deportes, Palau de las Bellas Artes y la plaza frente al Centro Social. Pero 24 años después, solo se ha ejecutado uno.
El pleno del Ayuntamiento acordó en abril y julio de 2023 iniciar el procedimiento para anular su contrato de concesión. Actos que fueron recurridos por la empresa alegando que se cumplía una supuesta vulneración de sus derechos constitucionales y un abuso de derecho por parte de la administración local.
Ante esto, el Juzgado ha considerado que la actuación ha sido correcta, y ha desestimado el recurso, permitiendo así que el procedimiento de anulación del contrato continúe, según interpreta el Consistorio. Aunque la edil de Infraestructuras, Aurora Serrat, reseña que todavía quedan otros juicios pendientes por este expediente. Este último auto recoge que no ha habido vulneración de derechos y que el retraso en la tramitación del expediente no implica mala fe, abuso de derecho, ni perjuicio para la empresa.
Así, la sentencia recoge que para la comprobación de los términos en los que se realizó la adjudicación del contrato, que "era del año 1994, se constató la falta de expediente en el archivo de contratación, lo que hizo necesario comprobar toda la contabilidad del Ayuntamiento desde 1994 hasta que aparece la mercantil Asterita Inversiones -hoy ASA Parkings-; constando también la desaparición del expediente relativo al presente contrato del año 2000, lo que obligó a una recomposición del mismo".
La administración local defiende que el contrato es nulo por "incumplir normas básicas" al dejar a "la voluntad de las concesionaria la ejecución de los cinco aparcamientos". Esto, asegura, "ha generado dificultades de aparcamiento en el municipio y un daño al erario público". Como consecuencia, el municipio ha puesto de su bolsillo 250.000 euros para pagar alquileres que permitieran abrir nuevos espacios con más plazas.
A ello se suma una petición de la empresa cuya cuantía no para de subir. A día de hoy, reclaman al Ayuntamiento 18 millones de euros por vehículos de terceros depositados en el Depósito Municipal. Un servicio que, según explica la edil, no se incluía en el contrato inicial y que han prestado en base a un "documento firmado tres años después de la concesión". "Por hacerse una idea, se pretende cobrar al Ayuntamiento 40.000 euros por cada bicicleta abandonada", añade Serrat.