Una grúa, en plena descarga de graneles, en el Puerto. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Las empresas que se dedican a la carga y descarga de graneles en el Puerto de Alicante -Berge Marítima, Cesa Alicante y Alicante Port- vuelven a encontrar el respaldo de la justicia. El Juzgado de lo Contencioso Número 4 de Alicante acaba de dictar hasta tres sentencias distintas pero con un fallo prácticamente idéntico por las que se admite los recursos de las tres mercantiles y se concluye que no necesitaban licencia ambiental para ejercer la actividad, en contra de lo sostenido por el Ayuntamiento.
En las tres resoluciones -las tres con fecha de 15 de febrero- se anula los decretos firmados el 9 de noviembre de 2017 por el entonces concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), en los que requería la tramitación de esos permisos a las tres compañías como condición imprescindible para el ejercicio de su actividad. Esos decretos se acompañaron con otros tres decretos de paralización de la estiba que también han sido anulados en resoluciones judiciales anteriores.
Así, el juzgado concluye de nuevo que las estibadoras actuaron correctamente al plantear la declaración responsable sin necesidad de que obtuviesen la licencia que pretendía el departamento municipal. Es más, en las dos sentencias que derivan de los recursos de Cesa Alicante y de Alicante Port, se señala que en los decretos de Urbanismo hubo precipitación al aplicar los decretos previos de agosto de 2017 que se encontraban suspendidos en la vía jurisdiccional y que, además, no se cumplió con el trámite de audiencia previa de 15 días al ordenar directamente la suspensión de actividad.
El líder de Guanyar insiste en que sus decisiones estaban avaladas por informes técnicos y confía en que el Ayuntamiento recurra ante el TSJ
Según las fuentes consultadas, con estas tres sentencias serían ya cinco los fallos que anulan las decisiones de la Concejalía de Urbanismo a instancias de los recursos de las estibadoras, representadas por el despacho jurídico Serrano&Asociados. Las tres sentencias son recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en el plazo de 15 días.
Por su parte, el exconcejal de Urbanismo y actual portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, consideró que todas las sentencias son idénticas a la primera resolución conocida en octubre de 2018 en relación a los mismos decretos. Con todo, se mostró confiado en que "el Ayuntamiento recurra en apelación ante el TSJ en defensa de sus propios actos".
En esta línea, remarcó que "los decretos que firmé están sustentados en informes de técnicos de la Concejalía de Urbanismo" y apuntó que, al parecer, "al menos una de las sentencias puede ser recurrida ante el TSJ por la asociación de consumidores que se personó en uno de los recursos".
