El juez sienta en el banquillo a Quique Pina; la Fiscalía pide para él 12 años de cárcel

ALICANTE. La 'operación Líbero' llega a juicio. El Granada y su expresidente y agente de futbolistas Quique Pina, entre otros, se sentarán en el banquillo para responder de un presunto fraude contra la Hacienda Pública entre 2013 y 2015.

El magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha decretado la apertura de juicio oral contra el club franjirrojo, el que fuera su máximo mandatario, también contra su antiguo propietario Gino Pozzo, el exconsejero Jordi Trilles y el gestor de la sociedad de inversión Fifteen Securisation Raffaele de la Riva. Lo hace por medio de un auto fechado el 12 de enero por el que les requiere una fianza solidaria de 9,4 millones de euros, además de otra individual a cada uno de ellos que en el caso del Granada asciende a 35.866.666 euros, en todos los casos para hacer frente a posibles responsabilidades económicas derivadas de la causa.

Pedraz abre juicio contra Pina, Pozzo, Trilles y De la Riva por presunto delito agravado contra Hacienda, a cuenta del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 y una supuesta defraudación al fisco que excede los 600.000 euros. Tanto de lo mismo, pero por el tipo específico para personas jurídicas, hace el titular del  Juzgado Central de Instrucción número 5 con respecto al Granada.

El Ministerio Fiscal pide para Pina, Pozzo, Trilles y De la Riva una condena a 12 años de cárcel y para el Granada una multa de 26,9 millones de euros. El acusador público los considera responsables de una "estrategia de defraudación", consistente en que el club no declarase a la Hacienda Pública española las plusvalías por traspasos de futbolistas y lo hiciera en Luxemburgo, con un régimen fiscal más laxo. En su escrito de acusación, la Fiscalía llega a hablar de un "plan criminal" para hacerse con el control del Granada en 2009, cuando su primer equipo competía fuera del fútbol profesional, sirviéndose de un "conjunto de estructuras opacas" como paso previa a la citada conducta delictiva.

En cuanto a la acusación particular, a la Agencia Tributaria representada por la Abogacía del Estado, pide la condena a penas de entre 3 y 4 años de cárcel por cada uno de los delitos contra la Hacienda de los que se les acusa, y en el caso del Granada, pide el cuádruple de la cuota defraudada por cada delito, así como la "la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas o de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social" durante cuatro ejercicios fiscales.

La bautizada como 'operación Líbero' saltó a la luz pública hace justo seis años, cuando Quique Pina era consejero delegado del Granada. Este fue detenido, llegando a pasar dos semanas en prisión provisional por riesgo de fuga y destrucción de pruebas. En una de las entradas y registro en su casa llevadas a cabo por funcionarios la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, se hallaron 90.000 euros repartidos en dos sobres con los nombres de "Cádiz" y "Elche", algo que desligó ante el magistrado José de la Mata, entonces instructor de la causa como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, del club franjiverde y el amarillo, señalando que esa suma se correspondía al negocio de peluquerías de su mujer.

Durante la instrucción declararon en calidad de testigos, entre otros, el entonces director deportivo del Elche Jorge Cordero y el agente de futbolistas Joaquín Vigueras.