Juan Antonio Iniesta, en su etapa como presidente del Alicante C.F., que desapareció en 2014ALICANTE. El juzgado de lo Social número 5 de Alicante ha decretado que se investigue el patrimonio de una quincena de sociedades pertenecientes al entramado del Grupo Santa Ana y de su propietario, el empresario alicantino Juan Antonio Iniesta. El decreto se ha dictado como consecuencia de la demanda de una extrabajadora de una de las sociedades de Iniesta, que reclamaba al empresario 44.000 euros por atrasos en su nómina y por su despido, y a la que el juez ha dado la razón.
En el decreto, publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Alicante, se acuerda "proceder a la investigación judicial del patrimonio del ejecutado" (Iniesta y las citadas sociedades), "que quedará unida a las presentes actuaciones". Para averiguar "bienes, domicilio y demás datos que sean necesarios para la consecución de la presente ejecución se autoriza la consulta en las bases informáticas del Punto Neutro Judicial del CGPJ (la base de datos conectada con organismos del Estado y de otras instituciones como colegios profesionales, entidades financieras y registros) y del Registro Mercantil Central".
El auto, dictado el 20 de abril, despacha la "orden general de ejecución" a favor de la demandante contra los bienes de las sociedades de Iniesta y los del propio empresario, según se recoge en el decreto, para cubrir la cantidad de 44.249 euros reclamada (29.551 por indemnización y 14.698 de atrasos), a los que cabe sumar otros 2.198 euros de intereses moratorios, y aún otros 7.431 euros "presupuestados provisionalmente para intereses y costas".
El auto señala expresamente que "no procede la ejecución contra la empresa Consorcio de Promoción y Vivienda de Alicante S.L. (Coprovi) por haber sido declarada en concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante" en 2010. Precisamente, la sociedad matriz del grupo Santa Ana, que está en fase de liquidación en estos momentos, tal como adelantó Alicante Plaza, para hacer frente a una deuda de 54 millones de euros.
Así, en el decreto que acompaña al auto el juez ordena "el embargo sobre los saldos favorables de cuentas y depósitos [...] que resulten de la documentación obtenida" en la investigación previa, "tanto de los existentes en el momento del embargo como de los que se produzcan posteriormente". Igualmente, decreta "el embargo sobre las cantidades que por cualquier concepto deba reintegrar a la Hacienda Pública el ejecutado". Asimismo, exige a Iniesta y sus sociedades que presenten una relación de bienes y derechos "suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución", y les apercibe de que en caso de no atiendan el requierimiento podrán ser sancionados "cuando menos por desobediencia grave".
El propio juez advierte en el decreto, cuyo contenido ordena trasladar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para que se de por enterado, que debe tenerse en cuenta que algunas de las sociedades demandadas por la exempleada "ya se han declarado insolventes". De ahí que interese la averiguación del patrimonio real de todas ellas y de su propietario, para poder llevar a cabo la ejecución acordada.
Este no es el primer caso de exempleado del Grupo Santa Ana que gana la batalla al empresario y expresidente del Alicante C.F. Juan Antonio Iniesta en los juzgados de lo Social. Como desveló en exclusiva este diario, el Juzgado de lo Social número 2 de Alicante condenó recientemente a Santa Ana a pagar otros 45.000 euros al exconseller de Industria y de Justicia y exalcalde de Alcoy Miguel Peralta, por los servicios prestados como abogado a sus sociedades una vez que se apartó de la política activa.
Está por ver, no obstante, si Peralta y el resto de exempleados que han ganado en los juzgados el derecho a cobrar las cantidades reclamadas al empresario logran finalmente ingresarlas, dado que la gran mayoría de mercantiles demandadas, si no se han declarado insolventes están en concurso de acreedores, cuando no inmersas ya en un proceso de liquidación, como sucede en el caso de Coprovi. En este caso, los administradores concursales (un abogado, un economista y una constructora acreedora de la firma) han propuesto al juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante proceder a la subasta de los bienes inmuebles de la mercantil para hacer frente a las reclamaciones económicas.
Santa Ana fue una de las promotoras inmobiliarias de la provincia que mejor supo aprovechar el boom del ladrillo en la pasada década, pero también una de las que sufrió con mayor rigor el estallido de la burbuja. En 2011, una tras otra, las empresas de Iniesta entraron en barrena. La deuda global que se calcula para todo el grupo supera los 100 millones, con la Sareb y los bancos (especialmente el Sabadell) como principales acreedores.
