El juez liquida la ilicitana Omega Distribuidora Digital, investigada por un fraude de 42 millones

ALICANTE. La empresa ilicitana Omega Distribuidora Digital, una firma creada en 2011 con un importante volumen de facturación y que no ha parado de arrojar beneficios en los últimos ejercicios fiscales, acaba de pedir el concurso de acreedores voluntario con liquidación. Una decisión más que sorprendente, que no parece estar tan relacionada con el pasivo de la mercantil como con su situación judicial: la empresa, domiciliada en Elche Parque Empresarial, forma parte de la trama investigada en 2018 por la UDEF por un presunto fraude fiscal de más de 40 millones de euros.

Omega Distribución Digital es una de las más de 100 empresas repartidas por una decena de ciudades españolas salpicadas por la investigación, que arrancó en abril del pasado año. Al parecer, el modus operandi consistía en utilizar empresas dedicadas a la venta de productos tecnológicos y electrodomésticos para realizar facturas falsas, simular operaciones y eludir el pago del IVA, además de para blanquear dinero. El entramado, en el que las empresas ilicitanas formaban el último escalón, operaba en realidad a nivel internacional, con empresas en varios países de Europa, por lo que la operación, coordinada en España por la Agencia Tributaria, requirió de la participación de Europol y el FBI.

En el caso de Elche, las empresas investigadas fueron la citada Omega Distribuidora Digital y la consultora Roig-Roman Consulting, ambas domiciliadas en el Parque Empresarial. Estas firmas actuaban como testaferros a las órdenes de otras empresas del entramado, que dirigían las operaciones desde Murcia, según los investigadores. Al frente de las mismas se encontraban como administradores el empresario Ramón Sánchez Sáez en el caso de la primera, y el abogado Manuel Roig en la segunda (que, a su vez, había sido administrador único de Omega antes que Sánchez Sáez, desde su fundación hasta 2012, según consta en el Registro Mercantil). Ambos fueron detenidos a finales de abril pasado junto con otros empresarios en el transcurso de la citada operación, y la juez decretó su ingreso en prisión provisional.

En los años previos a la intervención policial, la firma ahora liquidada (dedicada según su objeto social a la "venta al por menor de muebles y máquinas de oficina") presentaba un elevado volumen de negocio con, curiosamente, solo dos empleados en plantilla. Así, en 2015 facturó 49,7 millones de euros (el año antes habían sido solo 2,6 millones) y obtuvo 50.000 euros de beneficio. Al año siguiente, las ventas se elevaron a 71,4 millones de euros (410.000 euros de beneficio), y en 2017, las últimas cuentas antes de la intervención, se facturaron 29,7 millones y se anotaron 422.000 euros de beneficio. Otro dato llamativo en unas cuentas modélicas es el plazo de pago a proveedores: apenas 8 días. 

La intervención policial ha destapado que la cifra de negocio de esta firma, como las del resto de la trama, era supuestamente ficticia para justificar las facturas por servicios no prestados que sirvieron para defraudar 42 millones de euros en concepto de IVA, según Hacienda. A punto de cumplirse el año desde dicha intervención policial, la empresa solicitó el concurso voluntario el pasado 6 de marzo, según se ha publicado recientemente en el BOE, y el juzgado de lo Mercantil número 3, con sede en Elche, ha abierto la fase de liquidación a instancias del deudor. Según el último balance, Omega Distribuidora Digital cuenta con un activo de 5 millones de euros (casi todo anotado como 'existencias' o 'cuentas a cobrar') y un patrimonio neto de cerca de un millón de euros, gracias a sus fondos propios.