El IVF tiene la sartén por el mango y Ramírez demuestra que es consciente de ello

ALICANTE. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) tiene la sartén por el mango y, con su proceder, Juan Carlos Ramírez demuestra que lo sabe.

Con independencia del cruce de querellas con el director general del IVF que se avecina y el destino de los recursos que pueda interponer el empresario vasco y presidente del Hércules, el banco del Consell cuenta con una posición privilegiada que le convierte en un rival a temer.

Como adelantamos en Alicante Plaza el pasado 2 de octubre, tras declarar quebrada la segunda subasta relativa al club blanquiazul, para el IVF subastar el estadio José Rico Pérez junto a las acciones vuelve a ser una opción después de haberlo desestimado en abril.

El banco del Consell mantiene su intención de desinvertir en el Hércules y para hacer atractiva la venta del 15,07% de las acciones del club que tiene en su poder y del derecho de crédito que mantiene contra la Fundación, tiene como opción incluir en el lote que integran esos bienes y derechos un estadio José Rico Pérez por el que tiene constancia de que sí hay interesados, a raíz de los contactos que ha mantenido con diferentes inversores meses atrás. 

En Alicante Plaza ya hemos hablado de los obstáculos que habría de sortear dicha operación, entre los que destaca la judicialización de la segunda subasta. El jueves también adelantamos que Juan Carlos Ramírez ya había interpuesto un recurso de reposición contra la declaración de quiebra, con el que el empresario vasco no solo busca que se escriture a nombre Kuntajara el lote que integraban el paquete de acciones del Hércules titularidad del IVF y la deuda de 15,4 millones de euros que mantiene con este la Fundación, también paralizar cualquier nuevo procedimiento de enajenación de los citados activos, es decir, la alternativa que baraja el brazo económico del Consell para romper todos los lazos que le unen, directa e indirectamente, al club blanquiazul tras la ruinosa política seguida por el gobierno del PP años atrás respecto al mismo que ha dejado un agujero en las arcas públicas superior a los 22 millones de euros.

El recurso va a ser desestimado por el IVF pero eso, de entrada, solo supondrá que Ramírez interpondrá un segundo, ya en la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra la resolución del banco del Consell del pasado 28 de septiembre.