ALICANTE. Apenas dos horas después de que el Elche anunciara la interposición de un recurso contra la resolución de Bruselas que le obliga a pagar 4,1 millones de euros al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el director general de este organismo, Manuel Illueca respondía en Twitter a los argumentos esgrimidos por el club de manera muy directa, haciendo referencia a una publicación de la Comisión Europea de la Competencia de la que precisamente les hablamos en Alicante Plaza el pasado sábado, cuando adelantamos la línea argumental que seguirían los recursos tanto del club franjiverde y como del Hércules.
Se trata de un manual titulado "Aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales", editado en 2010 y trasladado a los Estados miembros para garantizar el cumplimiento de las medidas sobre ayudas estatales, tal y como precisa en su prefacio el entonces Vicepresidente de la Comisión y Comisario Europeo de la Competencia, el español Joaquín Almunia bajo cuyo mandato se inició en 2013 la investigación sobre la legalidad o no los avales otorgados en 2010 y 2011 a las Fundacionesdel Hércules y el Elche.
Básicamente en el mismo se deja claro que no cabe escudarse en la situación de concurso de acreedores para no cumplir con la decisión de recuperación en los términos que esta fija, poniendo fin inmediata y completamente a la distorsión de la competencia generada por la ayuda ilegal.
La Comisión, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, establece que la situación de sometimiento a un procedimiento concursal o de insolvencia no tiene efecto sobre la obligación de devolver la ayuda declarada ilegal, que la decisión de recuperación es de aplicación inmediata y efectiva; el derecho crédito que nace con ella se ha de incorporar al concurso, calificarse con base a la norma específica de cada Estado pero no basta con lo anterior, ha de cancelarse íntegramente dentro de los plazos que marca la propia decisión, no permitiéndose la continuidad de la actividad de la sociedad sin la recuperación previa de la ayuda; es más, se le dice a los Estados miembros que no solo habrán de oponerse al convenio de acreedores sino instar la liquidación de la sociedad, a que esta no continúe con su actividad si no se recupera antes la ayuda declarada ilegal.
El Elche, como ya adelantó a Alicante Plaza su presidente, Diego García, no contempla el pago ahora de los 4,1 millones; apunta a su calificación con crédito concursal (1,8 como privilegiado; otros 1,8 como ordinario (con quita y espera); 400.000 euros como subordinado (se pagan los últimos) y a que el pago quede a expensas de lo anterior y los convenios que se firmen, algo que choca con esa "política de recuperación" de la Comisión que el Estado miembro (sus órganos ejecutivos, legislativos o judiciales) afectado está obligado a seguir, exponiéndose a una sanción económica.
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