ALICANTE. Los pagos por la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante siguen retenidos por el interventor municipal desde el mes de septiembre. Y, en principio, no quedarán desbloqueados hasta que el alto funcionario considere subsanada la aportación de informes requerida a la Concejalía de Infraestructuras.
En concreto, según pudo precisar este diario, el responsable de garantizar la estabilidad económica del Ayuntamiento remitió un escrito dirigido al servicio de Infraestructuras el pasado 23 de febrero en el que solicitaba la emisión de un informe en el que se le detallasen diez puntos concretos para poder autorizar el abono de las certificaciones mensuales pendientes. En primer término, demandaba que se describiese el detalle del gasto realizado, para conocer la naturaleza del servicio prestado. En principio, en esas certificaciones (por un importe de más de 781.000 euros mensuales) se incluiría tanto el servicio ordinario que UTE Limpal continúa desarrollando con el contrato vencido desde hace más de un año, como el refuerzo extraordinario de desinfección para evitar contagios de coronavirus que se concertó a través de un contrato de emergencia con el inicio del curso escolar.
En segundo término, el interventor pedía que se le precise la fecha de terminación del último contrato precedente (extinguido el 8 de febrero de 2020), así como la fecha de inicio de la tramitación del nuevo contrato. Lo cierto es que esa nueva licitación llegó a aprobarse el pasado mes de agosto, pero quedó anulada un mes después, con la intención de redactar un nuevo pliego de condiciones en el que se pudiesen introducir mejoras. Ahora, el propio departamento de Infraestructuras prevé que el nuevo concurso pueda convocarse en el horizonte de los dos próximos meses, como informó este diario.
EL ALTO FUNCIONARIO RECLAMA QUE SE LE INFORME SOBRE LOS MOTIVOS QUE IMPIDIERON ADJUDICAR EN PLAZO EL NUEVO CONTRATO Y POR QUÉ NO SE INTERRUMPIÓ LA PRESTACIÓN
Sea como fuere, en su petición, el interventor también requiere que se le especifique el importe de la última anualidad del servicio y que se le justifique tanto el motivo por el que no se adjudicó en plazo el nuevo contrato como la causa por la que se inició o no se interrumpió la prestación sin disponer de un contrato en vigor. Es más, incluso llega a solicitar que se detalle la autoridad o funcionario que ordenó el inicio o continuidad de la prestación.
Y no solo eso. Su requerimiento también solicita que se explique cuál es el estado de tramitación del nuevo expediente de contratación y cuáles han sido las medidas adoptadas por el centro gestor para evitar la continuidad de lo que considera una "anomalía". Con todo, quizá la información más relevante entre las reclamadas en su solicitud sea que se le acredite que las prestaciones se han ejecutado y que su precio se ajuste al de los valores de mercado, mediante valoraciones o justificantes. Y añade textualmente que para ello "habrá que recabar los asesoramientos técnicos que resulten precisos".
Lo cierto es el departamento de intervención ya ha advertido en reiteradas ocasiones sobre la irregularidad que supone el pago por la ejecución de determinados servicios que no dispongan de contratos vigentes, lo que expone a tener que aprobar expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito para que se pueda producir su abono.
No obstante, hasta ahora no había trascendido que solicitase una información tan exhaustiva para emitir un informe favorable sobre esos pagos ni para la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales, ni para cualquier otra contrata. En todo caso, fuentes de la Concejalía de Infraestructuras precisaron el pasado martes que ya se había facilitado al menos parte de la información requerida por el interventor, por lo que confiaron en que pudiese desbloquearse la aprobación de los pagos en el menor plazo posible. De hecho, el concejal responsable del área, José Ramón González (PP), respondió durante el pleno ordinario de marzo, el pasado jueves, que los trabajadores de UTE Limpal cobrarían "en tiempo y forma", tras una pregunta formulada por el portavoz de Compromís, Natxo Bellido.
El PSOE reprocha la falta de explicaciones del bipartito "para ocultar el fiasco de un contrato que cuesta 780.000 euros mensuales"
Y el portavoz del PSOE, Paco Sanguino, reaccionó frente a esa respuesta para asegurar que "el concejal José Ramón González nos regaló otra intervención estelar; no solo por lo bronco de su discurso pueril y propio de quien no tiene argumentos, sino porque eludió la pregunta sobre la contrata de limpieza de centros y dependencias municipales asegurando que los trabajadores iban a cobrar en tiempo y forma". A juicio de Sanguino, "no se que es peor si la pésima gestión o la falta de explicaciones para ocultar fiasco sobre fiasco en este contrato que cuesta 780.000 euros mensuales".
Así, añadió que se cumple "más de un año el contrato vencido y sin ser capaces de garantizar que en el nuevo pliego se hará el trabajo por el que se paga". "No basta con que el señor González afirme muy solemnemente que los trabajadores cobrarán en tiempo y forma; faltaría más, si no es así, seremos los primeros en pedir su dimisión", añadió. Sin embargo, recalcó que "los millones de euros de las alicantinas y alicantinos tienen que estar gestionados por gente competente y no por políticos que a parte de mover mucho la boca, poco mueven las manos", concluyó.