ALICANTE. Semanas atrás, el Hércules abonó por adelantado a la plantilla del primer equipo la totalidad de los emolumentos que le correspondía percibir hasta el 30 de junio.
La 'experiencia' adquirida en la temporada 2010/11, cuando el equipo militaba en Primera División, es la que llevó al club a tomar esa decisión previa consulta a los servicios jurídicos por si hubiera algún obstáculo legal para ello (asegurarse, por ejemplo, de que no se incurría en un ilícito penal, una insolvencia punible). En 2011 la deuda con la Agencia Tributaria terminó 'explotándole' al club, provocando por ejemplo el embargo del saldo de sus cuentas pero también de los ingresos que debía percibir por la venta de sus derechos de televisión. A partir de ese momento, la entidad de Foguerer Romeu Zarandieta protagonizó un 'impago masivo' del que no escaparon tampoco los jugadores y el equipo (pese haber demostrado que tenía nivel más que suficiente para mantener la categoría) terminó descendiendo a Segunda A, solicitando posteriormente el Hércules la declaración de concurso voluntario de acreedores (llevaría también a cabo un Expediente de Regulación de Empleo).
Lo llamativo de la situación no termina ahí ni mucho menos y es que 12 meses antes, el club había recibido una inyección de 18 millones de euros gracias a una ampliación de capital suscrita íntegramente por la Fundación del Hércules que obtenía dicha suma por medio de un préstamo de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo y con el aval del Instituto Valenciano de Finanzas.
Pese a que los técnicos del banco del Consell informaron en contra de una operación hoy declarada ayuda de estado ilegal por la Comisión Europea que reclama por ello 6,9 millones de euros al Hércules, la misma se llevó a cabo gracias a la voluntad de los políticos que ignoraron las advertencias sobre el riesgo de impago y se hartaron de 'vender', junto al club, que le permitiría poner a cero una deuda con Hacienda y la Seguridad Social que, por cierto, ya empezaba a dar dolores de cabeza: en las escuchas policiales del caso Brugal que trascendieron meses después, el propio Enrique Ortiz (que inicialmente quería un aval público de 30 millones, de hecho se aprobó una ampliación de capital por ese importe y no 18) lamentaba los embargos de los que estaban ya siendo objeto los consejeros del Hércules por su deuda.
La realidad es que pese al ingreso de 18 millones de euros se siguió debiendo dinero a Hacienda y seguridad Social (solo se destinó el 40% de la suma recibida a rebajar lo que se adeudaba), lo que meses después tuvo el efecto que recordábamos al principio. Una deuda que hoy todavía colea y para mal.
Foto: Rafa Molina
