ALICANTE. El presidente del Hércules, Quique Hernández, advertía en junio de que el consejo se vería obligado a solicitar la liquidación voluntaria (lo que realmente se solicita es la disolución, siendo la liquidación una fase de la misma) si avanzaba el proceso de ejecución de la Decisión de Recuperación por la que la Comisión Europea le reclama al club el pago de siete millones de euros.
Finalmente, la sangre no llegó al río gracias a la ya famosa suspensión cautelarísima de dicho procedimiento, acordada mediante auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 5 de julio (el Hércules tuvo conocimiento del sentido del mismo un día antes), pero estamos ante un parche temporal toda vez que, como ese fallo deja claro, en el momento en que el Tribunal de Justicia resuelva el procedimiento de medidas provisionales o el recurso de casación se levantará la suspensión (en el peor de los casos) o se confirmará (sería la mejor noticia, mientras el Tribunal de Primera Instancia -el Tribunal General- no se pronuncie sobre la demanda de nulidad).
Ese recurso de casación fue interpuesto el 22 de mayo y la demanda de medidas provisionales el 27 de junio. Como ya adelantamos en su día en Alicante Plaza, Stefan Ratings y Yolanda Mata, los letrados del bufete Berasategui & Abogados, especializado en Derecho de la Competencia comunitario y español, que defiende los intereses del club blanquiazul ante la Comisión, alegan en su apelación "el perjuicio grave e irreparable" que supondría para la entidad alicantina que continuara el proceso de cobro de los siete millones sin que el Tribunal General hubiese resuelto la demanda de nulidad presentada en noviembre de 2016. Lo llamativo es que el Hércules, en línea con lo anunciado por su presidente hace justo un mes, no solo le decía al TJUE que, "al ser materialmente incapaz de afrontar el pago de las cantidades reclamadas, la ejecución de la Decisión controvertida exigiría el cese inmediato de la actividad del club y le imposibilitaría cumplir el convenio concursal, entrañando un daño irreversible, ya que debería solicitar inmediatamente ante el juez concursal la liquidación", sino que asimismo le advierte que "cualquier otro acreedor" también podría hacerlo. Es decir, que temía (y teme) que un acreedor, que bien podría ser la Agencia Tributaria, solicite la liquidación forzosa del club.
En el caso que nos ocupa, el Hércules lo está planteando en relación con el incumplimiento del convenio de acreedores ante una insolvencia derivada de la citada Decisión de Recuperación, pero se trata de una realidad que es perfectamente trasladable a la deuda de 4,1 millones de euros que mantiene con Hacienda y tiene naturaleza de crédito privilegiado: la entidad del Rico Pérez conoce desde hace ya dos semanas lo que el fisco le exige para regularizar la situación de esa deuda, si bien se le trasladó presencialmente el pasado 4 de julio. La Agencia Tributaria le exige el pago inmediato de dos de los cuatro millones para acceder al aplazado del resto, siempre que lo garantice con un aval bancario. No hace falta decir que, más allá de un lacónico "lo estudiaremos", el club no ha respondido todavía nada a un fisco que no sería la primera vez que solicita la ejecución forzosa de un club de fútbol. Es cierto que otra cosa es que el Juez de lo Mercantil la aceptase, pero como mínimo alguno se llevaría un susto mayúsculo... E igual incluso escarmentaba y le daba por aflojar "la mosca" de una puñetera vez.
