ALICANTE. Este jueves se cumple un mes desde que el presidente del Hércules, Quique Hernández, anunció que el club interpondría "en una o dos semanas como máximo" su recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La entidad del Rico Pérez había sido conminada por sus abogados a no agotar el plazo de dos meses para recurrir, toda vez que el argumento para solicitar la suspensión de la ejecución de la decisión de recuperación es precisamente que la adopción de esa medida es urgente para así evitar que se produzca un perjuicio grave e irreparable (la liquidación del club). Pues bien, el Hércules se ha limitado a formular alegaciones contra el requerimiento del Instituto Valenciano de Finanzas en el que se le emplaza al pago, antes del 20 de junio, de los siete millones de euros que reclama la Comisión Europea, pero a apenas dos semanas para que finalice el plazo de dos meses para recurrir el auto del Tribunal General sigue sin hacerlo. Además, tampoco ha presentado al banco del Consell una propuesta de pago fraccionado para que sea trasladada a Bruselas.
Por los mismos derroteros se conduce el club respecto a la deuda con la Agencia Tributaria y es que tampoco ha retomado los contactos para tratar de suscribir un nuevo convenio singular con el fisco que ponga fin a la situación irregular en la que se encuentra el pago de los casi cinco millones de euros que tiene reconocidos como crédito privilegiado y, por extensión, a los embargos que amenazan sus bienes y derechos y los de los consejeros.
En puertas del inicio de la planificación deportiva de la próxima temporada, tarea que va a exigir un plus económico ante la importante carga salarial que se arrastra, el Hércules mantiene la misma falta de resolución que hace un año respecto a cuestiones capitales para su supervivencia.
