Jesús Hellín - Europa Press BENIDORM, (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado vía Real Decreto Ley un paquete de medidas urgentes por valor de más de 700 millones de euros destinado a paliar los efectos de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, así como al fortalecimiento y mejora de la competitividad del sector turístico español. Entre las medidas destaca una línea de financiación de hasta 200 millones para atender a las empresas afectadas, así como la puesta a disposición de otros 500 millones para apoyar la modernización de infraestructuras turísticas.
Unas medidas que no tienen impacto directo en la Comunitat Valenciana, como sí ocurre en Baleares y Canarias, aunque los empresarios valencianos sí que optarían a los préstamos mencionados.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, afirmó en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros que el Gobierno ha puesto en marcha "una respuesta razonable a una crisis sobrevenida para amortiguar en términos de empleo y actividad económica la situación un sector tan importante de nuestra economía como es el turismo".
La vicepresidenta desgranó las principales medidas puestas en marcha por el ejecutivo, con especial atención a Baleares y Canarias, para tratar de solventar la situación generada por el operador británico y tratar de dar una respuesta integral tanto a trabajadores como a empresas.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto explicó en una nota de prensa que el Gobierno ha trabajado "intensamente" para coordinar el trabajo de las administraciones públicas con el sector privado a fin de definir un paquete de medidas que se concreta en este real decreto ley "con el que queremos minimizar en lo posible los efectos de la insolvencia de Thomas Cook, pero también mejorar la competitividad y la adaptación del sector turístico, que es clave en la economía española, a las nuevas tendencias globales del mercado".
El Real Decreto-ley, que se compone de cuatro capítulos, divididos en seis artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, indica que "la gravedad de la situación actual" han hecho imprescindible una acción normativa rápida para responder a una situación de "extraordinaria y urgente necesidad".
Las actuaciones y medidas responden, principalmente, a un principio de temporalidad y atienden a todas las comunidades autónomas afectadas, y especialmente a Canarias y Baleares por ser territorios "singularmente afectados" por la situación.
El Gobierno explica que estas actuaciones y medidas constituyen el necesario complemento de las ya adoptadas por los órganos competentes en materia de aeropuertos y tránsito y transporte aéreo, dirigidas a asegurar la conectividad con los territorios más afectados.
Entre las medidas de apoyo financiero destacan una línea de financiación de unos 200 millones de euros destinada a atender las necesidades financieras de las empresas afectadas. Además se destinarán 15 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias y otros 8 millones a las Islas Baleares "con el objetivo de recuperar la pérdida de conectividad, consolidar la diversificación y mejorar el destino".
El real decreto ley también pone a la disposición de las empresas otros 500 millones de euros del Fondo Financiero para la Competitividad Turística que tendrá por objeto apoyar financieramente los proyectos que desarrollen las empresas turísticas orientados a la adaptación y mejora de la competitividad, "en especial aquellos que contengan actuaciones de digitalización, innovación y modernización de los servicios".
La ejecución de esta iniciativa se canalizará con cargo al FOCIT --adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo--, y su administración financiera será llevada a cabo por el Instituto de Crédito Oficial.
Además, el Gobierno destinará otros 1,48 millones de euros adicionales a Segittur (sociedad dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-, con el fin de apoyar la transformación de los destinos en el marco de la Estrategia de Destinos Turísticos Inteligentes.
En materia de empleo y de Seguridad Social el Real Decreto-Ley establece medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística para empresas con centros de trabajo en las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias.
Así la bonificación prevista en el Real Decreto-ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, será de aplicación, con carácter excepcional, durante los meses de octubre y diciembre de 2019, y febrero y marzo de 2020, además de en los meses previstos en dicho artículo.
También se contempla que el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas coordinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la protección por desempleo y la ejecución de sus políticas activas de empleo para dar respuesta a la situación de los trabajadores afectados por esta situación excepcional.
Además el Real Decreto-Ley indica en una disposición adicional que se prevé el establecimiento por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, de medidas generales de información a las empresas que afronten la recuperación de deudas en el marco de procedimientos de insolvencia de empresas del grupo Thomas Cook.
