El alcalde, el 'popular' Luis Barcala, junto a la portavoz municipal del PSOE, Eva Montesinos, en el salón de plenos. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La propuesta impulsada por XC Business 90 SL para instalar una suerte de planta de almacenaje de combustibles en el Puerto de Alicante ha forzado a PP y PSOE, los dos partidos tradicionalmente mayoritarios, a reaccionar y a posicionarse. Y lo cierto es que ambos se han movido y han basculado en esa valoración entre el pasado viernes y este lunes.
La valoración que trasladó inicialmente el equipo de Gobierno, del PP, a través de portavoces oficiales, era que la propuesta requería un periodo de análisis y cierta cautela a la espera de conocer sus detalles. Además, las mismas fuentes añadieron que ese proyecto estaba en manos de otras administraciones, sin que el Ayuntamiento tuviese todavía nada que resolver. La versión que facilitó este lunes el propio alcalde, Luis Barcala, fue distinta: el primer edil abogó públicamente porque se suspenda la tramitación de cualquier permiso en relación a la instalación de esos depósitos para abordar una reflexión conjunta (administraciones y organizaciones empresariales y sociales) sobre el modelo de desarrollo industrial que se persigue para Alicante. En esta línea, dijo que el modelo del PP era el de la innovación y la tecnología, con lo que, en principio, esa actividad no debería tener cabida.
Algo similar sucedió por lo que respecta a principal partido de la oposición. El PSOE no se pronunció sobre la iniciativa el viernes, después de que el portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, diese cuenta de los detalles de la propuesta que él había recogido tras su consulta sobre el expediente de modificación de la concesión, solicitada por TMS. En primer lugar, el grupo municipal que coordina Eva Montesinos se decantó, desde la cautela, a favor del desarrollo de actividad empresarial en el Puerto. Y el sábado, la propia Montesinos señaló en declaraciones públicas que se debía examinar la propuesta con el Puerto para conocer su alcance antes de fijar posiciones. Este lunes, tras una reunión entre representantes de la ejecutiva local y del grupo municipal, se trasladó la postura oficial definitiva: rechazo al desarrollo del proyecto, tras poner en valor el convenio por el que se reguló el traslado de los antiguos depósitos de Campsa a El Bacarot, bajo la Alcaldía del socialista Ángel Luna, en 1995.
Lo cierto es que los dos partidos, a través de sus representantes, conocían de la existencia de esa propuesta al menos desde que se celebró el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, este septiembre. El PP está representado en ese consejo a través del propio alcalde y del edil de Empleo, Carlos Castillo. El PSOE lo está a partir de la figura del propio presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert. Sin embargo, ni socialistas ni populares se habían referido hasta el viernes a esa propuesta empresarial. Tras la celebración de ese consejo, sólo trascendió la exposición al público de la petición de modificación de la concesión.
Socialistas, 'populares' y Compromís no se habían pronunciado sobre el proyecto hasta ahora pese a conocerlo al menos desde el pasado septiembre; el líder de Guanyar tampoco se había referido a él, pese a recibir una primera versión en 2016 como edil de Urbanismo
En realidad, el silencio ha sido la tónica general de todos los grupos políticos hasta este viernes. Compromís, por ejemplo, tampoco se había pronunciado sobre la iniciativa de XC Business 90 SL, pese a que su portavoz municipal, Natxo Bellido, también figura como vocal en el Consejo de la Autoridad Portuaria en representación de la Generalitat. Y ese silencio se reproduce en el caso de Guanyar, cuyo portavoz municipal, Miguel Ángel Pavón, tampoco había dado cuenta sobre la existencia del polémico proyecto pese a que, como apuntó en su comparecencia del pasado viernes, él había conocido una versión inicial (que se habría modificado en parte en esta última propuesta) en el año 2016, durante su etapa como edil de Urbanismo. Entonces, cómo él mismo precisó, no llegó a confirmar ni a rechazar la viabilidad del proyecto desde el ejercicio de sus competencias municipales: se limitó a pedir que se estudiase qué informes se necesitaban antes de tomar una decisión.
Sea como fuere, el silencio se rompió a partir de su comparecencia, cuando anunció que Guanyar presentaría alegaciones; que registraría una declaración institucional para su debate en el pleno de este jueves y que tenía constancia de que la propuesta iba a generar un movimiento de contestación similar al que ya se generó a principios de los noventa, frente a los ya mencionados depósitos de Campsa. Máxime, si se tenía en cuenta que esta nueva iniciativa empresarial trascendía justo después de que se hubiese reconducido el conflicto sobre el movimiento de los graneles hacia la construcción de una terminal específica con naves cerradas. A partir de ahí, los posicionamientos políticos sí comenzaron a fluir, cuando faltan seis meses para que se celebren las próximas elecciones municipales de mayo de 2019.
