El exalcalde de Calp, Javier Morató, en la primera sesión del juicio. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La segunda jornada de declaraciones en el juicio por el supuesto fraude de la basura de Calp ha girado este jueves en torno a la presunta alteración de los pesajes. Por lo pronto, tanto el exalcalde del Bloc, Ximo Tur, como el primer técnico municipal a cargo de la supervisión del contrato de gestión de la planta de transferencias, José Luis Faubel, han asegurado que se pudo apreciar que el número de toneladas pasadas al cobro por Colsur (la empresa concesionaria) no se ajustaban a los cálculos que se considerarían normales para un municipio del tamaño demográfico de Calp prácticamente desde el mismo inicio de la prestación, en 1998. Eso sí, a preguntas de las defensas, han admitido que en la planta de transferencias se depositaban algas y restos de poda pese a que inicialmente no estaba previsto: una circunstancia que, según la tesis que sostienen las defensas, explicaría esa diferencia en el volumen de toneladas de basura pasadas al cobro por la empresa.
En primer término, Tur -que asumió la vara de mando en 2008 tras presentar una moción de censura junto al PP y un edil del PSI- ha declarado que él apreció anomalías al revisar las facturas presentadas por Colsur, después de que trascendiese la investigación en curso a través de los medios de comunicación, en 2010. A su juicio, tras esa labor de análisis, pudo concluir que fallaron todos los instrumentos de control del Ayuntamiento, desde el área de Intervención hasta la secretaría general del pleno. Todo, pese a que, según ha admitido, él no entró a formar parte de la corporación municipal hasta 2003 y no pudo tener conocimiento directo de la labor desempeñada hasta entonces. Además, ante la insistencia de las preguntas de los letrados de las defensas, ha reconocido que él interpuso la denuncia ante la Guardia Civil sobre el supuesto fraude a la vista de esas informaciones, una vez revisados esos documentos girados por la empresa. Además, también ha sostenido que, al tener constancia de esas anomalías, decidió suspender el pago de las certificaciones a la empresa.
De igual modo, Faubel -que inicialmente llegó a figurar como investigado en las diligencias- ha señalado que, básicamente, las dos primeras facturas presentadas por Colsur correspondían a pesajes reales, pero que, después, comenzó a advertir cifras que no cuadraban. Con todo, ha defendido su informe favorable a la adjudicación del contrato Colsur y ha admitido que a la planta se trasladaban otro tipo de residuos no contemplados en el contrato, como las algas o los restos de poda. Es más, ha sostenido que él se opuso a ello y que, al final, acabó aprobándose un acuerdo en la comisión de gobierno que lo amparaba. De ahí que acabase por apartarse de la responsabilidad que tenía conferida y que fuese sustituido por el técnico Juan Cervantes, procesado en la causa. Por último, Faubel también ha señalado que la única vez que visitó la planta en horario nocturno, pudo comprobar que la báscula sí funcionaba de manera correcta.
Al tiempo, este jueves también han declarado cuatro agentes de Policía que han ratificado el respeto de la cadena de custodia en las grabaciones de los pinchazos telefónicos y en sus transcripciones. Por último, durante la sesión, el tribunal ha accedido a que se diese lectura a las declaraciones realizadas en la fase de instrucción por algunos de los procesados, como el máximo responsable de Colsur, Ángel Fenoll, o el exconcejal de Hacienda Fernando Penella. Su lectura fue solicitada el martes por los fiscales Anticorrupción, después de que la mayoría de los acusados se acogiese a su derecho a no declarar en el juicio. La vista se reanudará el próximo martes con la declaración de nuevos testigos.
Como viene informando este diario, el proceso se dirige contra los expolíticos del PP de Calp, Javier Morató, Fernando Penella y Juan Roselló; contra dos allegados o familiares de este último, Francisco Artacho y Amparo Femenía; contra el funcionario municipal Juan Cervantes y contra los empresarios de la mercantil Colsur (ahora Sirem), Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel, que lograron la adjudicación del servicio de tratamiento de los residuos urbanos del municipio en el año 1998.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los políticos pactaron con el contratista el pago de comisiones a cambio de esa adjudicación. Unas comisiones que, presuntamente, se hicieron efectivas durante los años siguientes. Según el escrito de acusación inicial de la Fiscalía, en su distribución, los expolíticos pudieron repartirse 100 millones de las antiguas pesetas (600.000 euros), mientras que otros 20 millones (120.000 euros) fueron destinados al club de fútbol local y 4 millones (24.000 euros) a un intermediario. Según la Fiscalía, Colsur incrementó supuestamente de forma fraudulenta el número de toneladas de basura tratadas para hinchar la factura que debía abonar el ayuntamiento y, así, obtener los recursos necesarios para poder cubrir el reparto de esas comisiones.
