Un jurado popular juzga al exalcalde de Bigastro Raúl Valerio Medina (PSPV-PSOE) y al secretario-interventor del Ayuntamiento, Antonio Saseta (a su derecha) acusados de usar una tarjeta de crédito municipal para pagar en bares y restaurantes. EFE/ MorellELCHE (EFE). El exalcalde socialista de Bigastro Raúl Valerio Medina Lorente ha negado el delito de malversación por el que la fiscalía le pide cuatro años de prisión, y ha alegado que solo utilizó la tarjeta de crédito municipal que tenía asignada para gastos relacionados con sus funciones.
Los hechos sucedieron entre 2009 y 2011 cuando, según la acusación, Medina Lorente gastó casi 23.000 euros con una tarjeta destinada al pago de gastos de representación y de dietas vinculada a una cuenta bancaria del consistorio.
"Soy una persona que distingue perfectamente entre mi faceta profesional y la personal, y no hay un solo cargo en la tarjeta fuera de mi trabajo. Jamás he cobrado una retribución en especie porque no me ha servido para pagar la hipoteca, llenar la nevera de mi casa, cambiar de coche ni nada de eso", ha dicho a preguntas del fiscal en un interrogatorio previsto para primera hora de la mañana pero que finalmente ha comenzado a las 16.15 horas.
Valerio ha comenzado a ser juzgado este martes por un jurado popular en la sede de Elche de la Audiencia Provincial de Alicante junto al que fuera secretario-interventor de Bigastro Antonio Saseta, para quien el ministerio público reclama la misma condena al entender que hizo dejación de funciones y no fiscalizó los gastos del entonces primer edil.
La fiscalía sostiene que el entonces alcalde no justificó esos gastos, la mayoría de ellos en bares y restaurantes, y que éstos no respondían a "la necesidad de satisfacer ninguna necesidad pública", lo que constituye un delito de malversación de fondos públicos.
La acusación particular, que ejerce el ayuntamiento de Bigastro, comparte esa visión, mientras que la defensa reclama la absolución de los acusados porque entiende que los gastos estuvieron justificados y vinculados a la actividad de Medina como alcalde, aunque las facturas y recibos no se encontraran en las dependencias municipales por un "deficiente archivo".
Raúl Valerio Medina llegó a la Alcaldía de Bigastro en noviembre de 2008 después de que su antecesor, el también socialista Joaquín Moya, dimitiera tras ser detenido y encarcelado en una operación policial contra la corrupción.
Según su versión, él mantuvo el sistema de funcionamiento en el consistorio que Moya había instaurado para la utilización de la tarjeta de crédito municipal, que no incluía la presentación de una memoria explicativa o justificativa de los gastos porque ese requisito "nunca se planteó".
El acusado ha reconocido que las arcas municipales atravesaban en aquella época "una situación delicada" a causa de la crisis y que la contabilidad municipal "estaba mangas por hombro", pero ha negado que usara el dinero a su disposición a gastos personales.
"Yo entregué todos los justificantes, absolutamente todo", ha añadido en referencia a las facturas y recibos relativos a los gastos en que incurrió: "No me llevé documentación del ayuntamiento ni eliminé ningún documento; eso estaba allí y seguiré diciéndolo hasta que me muera".
Durante el exhaustivo interrogatorio al que le ha sometido el fiscal anticorrupción de la Vega Baja, Pablo Romero, Medina ha atribuido numerosos pagos en hoteles y restaurantes de toda España a su participación y la de otros concejales y funcionarios municipales en ferias, foros de localidades sostenibles o reuniones de trabajo con empresarios, sindicatos y abogados, entre otros.
Además, ha afirmado que utilizó la tarjeta para pagar comidas de trabajo de otros ediles y miembros del equipo de gobierno e, incluso, "gastos corrientes" de la corporación como "gasolina de los coches de Policía".
En esta línea, el procesado, que ha contado por la mañana con el respaldo del exsecretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante David Cerdán, quien lo considera una persona "decente y honrada" en una conversación con los periodistas, ha negado que la tarjeta de crédito fuera "una retribución en especie".
El magistrado que dirige el juicio con jurado le ha preguntado en un momento dado si era consciente de la situación del estado de las arcas locales cuando sacaba "la tarjeta con esa alegría para invitar a todo el mundo", aunque ha retirado la pregunta tras la protesta formulada por el abogado defensor.
