El alcalde, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, conversan con los líderes de la oposición en la comisión de la reconstrucción. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, un bipartito en situación de minoría compuesto por PP y Cs, abre el nuevo curso político expuesto a la superación de un examen doble: la aprobación del catálogo de protecciones y la definición y cuantificación de las medidas pactadas por las entidades sociales para impulsar la reconstrucción de la ciudad tras el impacto de la crisis del coronavirus.
Al menos la primera de esas pruebas -la que afecta al catálogo de protecciones- parece tener fecha y resultado cierto. El documento propuesto por el bipartito se someterá a votación en un pleno extraordinario y urgente previsto para el próximo día 9 de septiembre. Es decir, justo un día antes de que se produzca la caducidad de su documento de alcance (el paso administrativo previo tramitado ante la Conselleria de Política Territorial). En el supuesto de que la propuesta no se apruebe (como sucedió con la planteada por PSOE, Guanyar y Compromís en 2017), PP y Cs deberían iniciar su tramitación desde cero, lo que supondría una demora de cerca de dos años en su aprobación.
No obstante, por ahora se trata de un escenario improbable toda vez que el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), cerró un acuerdo con el grupo socialista para seguir ampliando y reformulando el catálogo en el futuro por el que el bipartito se garantiza la mayoría absoluta que resulta necesaria para su aprobación en el pleno.
Sea como fuere, el objetivo del equipo de Gobierno es tratar de sumar el mayor número de apoyos posible a su propuesta con el argumento de que, en esencia, el documento es "prácticamente el mismo" que se redactó durante la etapa de gobierno del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). Para lograr ese máximo consenso, el propio edil de Urbanismo prevé convocar una nueva reunión informativa con los grupos de la oposición este miércoles para darles a conocer el avance de la resolución de las alegaciones presentadas (algunas todavía en trámite) como paso previo a la celebración de la comisión de Urbanismo, que probablemente podría desarrollarse el próximo lunes.
Fuentes del bipartito precisaron que los técnicos municipales han incorporado los matices que han resultado viables sin introducir modificaciones sustanciales que hiciesen peligrar la integridad de la propuesta para no tener que iniciar un nuevo procedimiento de tramitación desde cero. Así, no se han añadido ninguna nueva ficha sobre edificios que no estuviesen contemplados hasta ahora, como las harineras de Benalúa, propuesta por Unides Podem, por ejemplo. Tampoco se ha variado el criterio sobre la autorización de las sobreelevaciones de edificios, como planteaba Compromís. En esta línea, se mantiene el reconocimiento del edificio del antiguo cine Ideal como Bien de Relevancia Local (BRL). E, igualmente, el futuro de la ordenación del sector de las Torres de la Huerta sigue quedando aplazado a la elaboración de un Plan Especial específico.
En todo caso, cuando menos el edil de Urbanismo parece seguir abierto a suscribir acuerdos con el conjunto de los grupos de la oposición -similares al firmado con el PSOE- para comprometerse a seguir trabajando en la futura revisión, ampliación y modificación del catálogo en el momento en el que haya quedado aprobado provisionalmente, o cuando se aprueba de manera definitiva, para no tener que iniciar la tramitación de un nuevo expediente.
El segundo test, el que atañe a la cuarta modificación del presupuesto de 2020 para diseñar la respuesta municipal frente a la crisis del coronavirus, resulta más incierto. El alcalde, el popular Luis Barcala, ha convocado este jueves a los representantes de los grupos de la oposición para retomar los contactos sobre ese cambio contable. Todavía se desconoce cuáles de las sugerencias y aportaciones formuladas por la oposición podrían tenerse en cuenta a la hora de concretar ese ajuste. Los grupos que conforman el eje progresista han puesto el acento en las medidas sociales, mientras que Vox (que ha facilitado la adopción de los últimos acuerdos económicos del bipartito) ha planteado que se corte el grifo a las parcelas que no casan con su ideario, como la cooperación internacional, entre otras. Así que aún es pronto para conocer cuál será la propuesta definitiva que pueda plantear el bipartito en una votación en la que solo necesita de mayoría simple (más votos a favor que en contra). Por no saberse, no tampoco se conoce el importe definitivo con el que se podría contar para planificar esas medidas de reconstrucción en la medida en que sigue abierto el debate sobre el uso de los remanentes municipales en el conjunto del Estado.
Y, por último, tampoco se ha confirmado si la propuesta sobre esa cuarta modificación de crédito podría elevarse a pleno el mismo día 9 de septiembre, de forma que se debatiese en la misma fecha que el catálogo de protecciones. No obstante, sea en esa fecha o en otro momento posterior, el bipartito seguirá contando con solo tres meses para llevar a cabo las medidas a las que se decida dotar de financiación entre las propuestas pactadas en el seno de la comisión de la reconstrucción. Todo parece indicar que el ajuste se limitará a cuestiones ineludibles y de extrema urgencia, como las ayudas sociales o la planificación de posibles nuevas medidas de apoyo al tejido productivo. Se trata de dos cuestiones que ya se pusieron en marcha entre los meses de marzo, abril y mayo, que ahora podrían tener una segunda fase. Así que el resto de asuntos queden demorados a la elaboración del presupuesto de 2021. Por lo pronto, PP y Cs ya están trabajando en la definición de sus necesidades por concejalías para comenzar a negociar su elaboración, según indicaron fuentes municipales consultadas por Alicante Plaza. El propósito es que no vuelva a producirse una demora como la registrada en las cuentas de este año, cuando el presupuesto no quedó aprobado hasta el mes de mayo.
