El acceso principal del centro comercial Panoramis en el muelle de Poniente. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Un desliz de última hora puede haber dinamitado el objetivo fundamental que se perseguía con la subasta del centro comercial Panoramis: cubrir la mayor parte de la deuda que arrastra la sociedad que lo explota en régimen de concesión.
Panoramis abrió sus puertas en 2002 y, desde su inicio, estuvo gestionado por Marina de Poniente: una sociedad creada en 1996 por Enrique Ortiz e Hijos (ahora Cívica), SuBús (ahora Vectalia) y la constructora Borjaber SL. La empresa entró en concurso voluntario de acreedores en 2012 y, al no cumplir el convenio, entró en fase de liquidación en 2014 (para entonces, Vectalia ya había vendido sus participaciones en la sociedad) con una deuda que supera los 6 millones de euros.
Las riendas del complejo quedaron entonces a cargo de la administración concursal que, de la mano del juzgado de lo Mercantil y de la Autoridad Portuaria (propietario del inmueble), convocó un proceso público para vender la unidad de negocio (los años todavía vivos de concesión hasta 2028 y los arrendamientos de locales en vigor).
Lo cierto es que ese proceso ha sufrido diversas vicisitudes. Su plazo inicial se cerró el 1 de diciembre sin que ninguno de los interesados tuviese tiempo en reunir los requisitos formales para presentar oferta. Entre ellos, la formalización de avales bancarios para poder cubrir la deuda contraída con la Autoridad Portuaria: 1,1 millones en tasas. Además, se debía aportar garantías para poder optar a una ampliación de la concesión por otros 12 años adicionales, hasta 2040, ya que Marina de Poniente había iniciado los trámites para optar a esa prórroga a cambio de una inversión en infraestructuras por 1,6 millones.
Con ese primer plazo vencido de modo infructuoso, y cumplidos los trámites de notificación a todas las partes interesadas, la convocatoria se amplió hasta el pasado 18 de marzo. Ese día era sábado y, por tanto, inhábil, de modo que el cierre oficial para presentar ofertas se trasladó hasta el lunes 20.
Hasta el viernes 17, ninguno de los aspirantes (llegó a constatarse el interés de hasta seis empresas o grupos distintos) había llegado a formalizar su propuesta. Es más, algunos de los tres que permanecían en la recta final del proceso llegaron a solicitar una nueva ampliación al no haber podido reunir todavía toda la documentación requerida. Según las fuentes consultadas, la administración concursal, previa consulta y aval de la Autoridad Portuaria (en suma, es el principal interesado en que se favorezca la mayor concurrencia posible), dio ese paso y presentó una nueva petición de ampliación ante el juzgado de lo Mercantil que supervisa la liquidación de Marina de Poniente. Se trataba de que se pudiese presentar ofertas hasta el 10 de abril. Hasta este martes, esa petición seguía sin estar resuelta.
El problema es que el lunes 20, uno de los tres aspirantes, Medimotors Gestión SL del conocido empresario Juan Carlos Ramírez (representante institucional oficioso del Hércules y socio de Ortiz en Aligestión) reunió los avales bancarios requeridos, obtuvo el certificado acreditativo firmado por la Autoridad Portuaria y presentó su oferta. También lo hizo un segundo licitador: Vilaplana Pérez Hermanos, un grupo de Muro de Alcoy que gestiona un hotel de tres estrellas en ese municipio. No ha trascendido si ese grupo dispone de ese certificado expedido por el Puerto. Las fuentes consultadas indican que todo apunta a que podría carecer de él.
El juzgado de lo Mercantil debe dirimir entre dos procesos solapados: el cierre oficial de plazo con dos ofertas sobre la mesa y una petición para lograr su ampliación
Al día siguiente, el martes 21 de marzo, Medimotors Gestión presentó un escrito de oposición para que no se admitiese la presentación de nuevos aspirantes, con el propósito de proteger su posición en el proceso frente a otros posibles competidores. La empresa de Ramírez era hasta entonces la única válida al 100%. Al menos en el plano teórico, ya que no se ha procedido a la apertura de los sobres y, en consecuencia, aún no se ha revisado la documentación presentada.
Alicante Plaza también intentó contactar este martes sin éxito con los representantes de Medimotors y Vilaplana Pérez para conocer sus propuestas. Con todo, este martes trascendió que las dos plantean modelos de negocio similares para tratar de reflotar el complejo: apuestan por un mercado gourmet a modo de locomotora, como el que ya trató de impulsar Marina de Poniente sin llegar a ejecutarlo.
Mientras, un tercer licitador espera la oportunidad de poder presentarse si se admite la ampliación de plazo. Como publicó Alicante Plaza, no es otro que el fondo británico Intu, líder en el sector de los centros comerciales en el Reino Unido, nuevo propietario del complejo Xanadú de Madrid y promotor de Puerto Mediterráneo en Valencia. En suma, un auténtico caballero blanco de acreditada solvencia, al que se le presupone una mayor capacidad de maniobra para presentar una puja alta. Quizá la mayor.
Ahora, el futuro de la subasta sigue en manos del juzgado de lo Mercantil, que debe dirimir entre dos procesos solapados: el cierre oficial de plazo con dos ofertas sobre la mesa y una petición para lograr su ampliación (a la que uno de los licitadores se opone). Todo por una argucia y un desliz en forma de certificado.
