ALICANTE. Nuevo giro en las diligencias por el supuesto amaño en el servicio de montaje de instalaciones festivas y culturales de Alicante, conocido como caso Isjoma o de la contrata de las sillas. En concreto, en lo que respecta a la segunda causa instruida en relación a la adjudicación de ese servicio, aprobada en 2009, en favor de dicha empresa: Isjoma. El Juzgado de Instrucción número 7 dictó el pasado 23 de enero una providencia por la que rechaza la petición formulada por los responsables de la compañía Montajes Alavés para ser parte en el procedimiento como acusación particular. La resolución se justificaba en la interpretación de que la compañía no se vio afectada por el presunto delito de prevaricación que pudiese haberse cometido en ese proceso de contratación.
Se da la circunstancia de que Montajes Alavés fue la compañía que advirtió las primeras irregularidades en esa licitación, después de que el contrato se adjudicase a Isjoma. En ese momento, Alavés mantuvo que la suya era la oferta más ventajosa para los intereses municipales puesto que planteaba un precio menor. Por ello, sus responsables acudieron a la Fiscalía para denunciar supuestas anomalías en la valoración de las propuestas.
A partir de ahí, la Fiscalía Anticorrupción inició sus averiguaciones hasta desentrañar la supuesta manipulación del contrato precedente, de 2003, en manos de Isjoma; la aprobación de pagos fraccionados adicionales por el mismo servicio a la misma empresa y al margen del propio contrato, así como el presunto amaño en la licitación posterior, también adjudicada a Isjoma, que es la que se investiga en esta segunda causa.
Sea como fuere, Montajes Alavés prevé recurrir la resolución judicial ante la Audiencia precisamente con el argumento contrario: que sí resultó perjudicada al perder la prestación del servicio como consecuencia del presunto amaño. De hecho, la compañía sí forma parte de la primera causa sobre la supuesta manipulación del contrato de 2003, en la que se acusa a los mismos protagonistas: los exediles del PP Andrés Llorens y Juan Zaragoza; el exjefe del Servicio de Infraestructuras, Víctor López (ya jubilado); el exjefe de Talleres, Ginés Pérez y el representante de Isjoma, Isidro García.
Como viene informando Alicante Plaza, la Fiscalía pide inicialmente para Llorens una pena de tres años de prisión por un delito de prevaricación. Para Zaragoza, solicita un año de privación de libertad por el mismo delito. Para López, 3 años de prisión. Para Pérez, 2 años de cárcel. Y, por último, para García, solicita un año y seis meses.
Por su parte, Montajes Alavés solicita 4 años de prisión para Llorens y 2 para Zaragoza. Para López, pide 5 años; para Pérez, 2; y para García, 5. Por último, la representación legal del Ayuntamiento de Alicante, que también ejercía la acusación, ha modificado su posición a lo largo del procedimiento y pidió el sobreseimiento de la primera causa.