El juicio por el 'contrato de las sillas', pendiente de la segunda causa por la adjudicación posterior

ALICANTE. El juicio por las supuestas irregularidades en el contrato por el montaje de instalaciones festivas y culturales adjudicado por el Ayuntamiento de Alicante en 2003, conocido como caso Isjoma o de la contrata de las sillas, se enfrenta ante un contratiempo inesperado: la instrucción de la segunda causa paralela relacionada con ese mismo servicio. Se trata de nuevas diligencias incoadas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción sobre la adjudicación del contrato posterior por la instalación de esas infraestructuras (escenarios, equipos de megafonía, sillas, etc.). Un contrato que también recayó en la misma empresa concesionaria: Isjoma.

Las defensas de los regidores procesados en el primer caso Isjoma, Andrés Llorens y Juan Zaragoza (ambos exconcejales del PP, ahora apartados de la actividad política) solicitaron a principios de diciembre que los dos procedimientos se uniesen en una única causa, al considerar que, en realidad, las nuevas diligencias se habían planteado en torno a las mismas circunstancias ya investigadas. Es decir, que en ambas se trata de determinar si pudo existir un presunto fraccionamiento de contratos en el encargo de determinados trabajos adicionales al margen del servicio en vigor, así como la supuesta manipulación del concurso en beneficio de la empresa Isjoma.

No obstante, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Felipe Briones, ya se ha opuesto a esa pretensión, con el argumento de que esas segundas diligencias -el nuevo caso Isjoma- se refieren a hechos diferentes registrados en momentos distintos, aunque se trate de situaciones similares supuestamente protagonizadas por las mismas personas.

Según fuentes de la Fiscalía, hasta el momento no se ha producido una resolución sobre la petición de las defensas, de modo que la Audiencia Provincial todavía no ha podido acordar la fecha en la que podría celebrarse la vista oral sobre la primera causa. Además, también se siguen dirimiendo los últimos recursos presentados por las defensas, después de que el Juzgado de Instrucción número 8 diese por cerradas las diligencias, tras recibir los informes de conclusiones de las acusaciones y las defensas, y dictase auto de apertura de juicio, el pasado julio, en el que solicitaba el depósito de 2 millones de fianza. 

Como informó Alicante Plaza, la Fiscalía pide inicialmente para Llorens una pena de tres años de prisión por un delito de prevaricación. Para Zaragoza, solicita un año de privación de libertad por el mismo delito. Para el entonces jefe del Servicio de Infraestructuras, Víctor López (ya jubilado), 3 años de prisión, y para el jefe de Talleres, Ginés Pérez, 2 años de cárcel. Por último, para el empresario Isidro García, representante de Isjoma, solicita un año y seis meses. 

Por su parte, la acusación particular ejercida por la empresa Montajes Alavés (la compañía que presentó las primeras denuncias en Fiscalía), solicita 4 años de prisión para Llorens y 2 para Zaragoza. Para López, pide 5 años; para Pérez, 2; y para García, 5. Por último, la representación legal del Ayuntamiento de Alicante, que también ejercía la acusación, ha modificado su posición y pide el sobreseimiento de la primera causa.