El Consorcio de Residuos de la Vega Baja busca suelo privado para evitar el boicot institucional

ALICANTE. El Consorcio de Residuos de la Vega Baja tiene un problema. O mejor dicho, dos. En palabras de su presidente, Manuel Pineda, el Partido Popular les boicotea. En lo político y en lo institucional. Y todo por la ubicación de las plantas de transferencias que se deben instalar en la comarca- actualmente, no tienen y los residuos van a otras plantas- y cuyas ubicaciones estaban decididas y consensuadas con el PP: Guardamar y Orihuela.

Sin embargo, el Consorcio, presidido Pineda, alcalde y diputado socialista, huele como los populares, ahora en la oposición en las Cortes Valencianas y en la mayoría de los ayuntamientos, van a hacer política contra los residuos. Sin ir más lejos, los colectivos locales del PP de Guardarmar y Rojales ya han mostrado su conformidad con la ubicación de la planta de Guardamar del Sergura. 

Y después está el boicot institucional, que denuncia Pineda. Y es que el Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP, no le da una ubicación para albergar la planta de residuos, pese a estar consensuada. Entonces, el consorcio ha decidido abrir como una especie de concurso de suelo para que los propietarios privados puedan aportar el suelo que tengan, que sea industrial, con una superficie de 2.500 metros y que tenga la compatibilidad urbanística para poder operar. De esta manera, "será el consorcio quién elija y despache directamente con el propietario; no podemos esperar más al consistorio oriolano", ha denunciado Pineda, que lo que busca el PP "es retrasar las inversiones en residuos para que llegue 2019 y diga que no se ha hecho nada".

Rechazo del PP de Guardamar y Rojales 

Que una de las dos plantas de transferencias de residuos de la Vega Baja se instale en Guardamar del Segura no hace gracia al PP. Y así lo han expresado los portavoces populares de Guardamar, Carmen Verdú, y del Rojales, Alberto Ros, respectivamente.

Verdú alerta de los "numerosos perjuicios económicos y ambientales que traerá la nueva planta, proyectada en la zona El Pallaret. “Dejaremos de ser un destino turístico de bienestar y descanso por la imposición de la Generalitat con la connivencia del alcalde socialista, José Luis Sáez”, ha denunciado la portavoz del PP, quien ha abogado por buscar otras localizaciones. Muchos son los problemas que el PP ve en el proyecto, como "el olor que provocará la planta en una zona rodeada de urbanizaciones de lujo y centros residenciales". “Hay muchos proyectos previstos en la zona que se perderán cuando los promotores vean que se ponen al lado de una planta de basuras”, advierte Verdú. A ello, la edil popular advierte de que hay un yacimiento con interés cultural y turístico y además se generará un aumento del tráfico de camiones, lo que a su vez, provocará un aumento de contaminación acústica y atmosférica. "La ubicación escogida es de muy difícil acceso y está rodeada de zona forestal", recuerdan los populares.

Por su parte, Ros también alerta del mal olor que llegará a Rojales procedente de la nueva planta de tratamiento de residuos de Guardamar del Segura. "Cuando sople viento de Levante, el olor llegará hasta la localidad”, avisa el portavoz popular. Pero no es el único peligro, añade el PP, "puesto que el consorcio de basuras no ha previsto el paso de decenas de camiones por loscaminos de la localidad: “No sabemos si irán por la vía rápida, por el centro de Rojales para acceder a la planta por el camino de La Bernada o la Generalitat va a expropiar terrenos para construir nuevos accesos”, se pregunta Ros.

Apretar a Vaersa

El presidente del Consorcio de residuos, Manuel Pineda, también  ha anunciado que la dirección general de Cambio Climático ha pedido a la empresa encargada de la gestión del Plan Zonal, Vaersa, que revise el proyecto de gestión que “ahora tenemos entre manos, con el objetivo de apretar algunas tuercas para poner en marcha nuevas medidas estructurales de ahorro”. El objetivo del Consorcio es que los ciudadanos no tengan que hacer frente a la mayor parte de los costes previstos.

Pineda asegura que además de la revisión del proyecto también se está a la espera de las posibles aportaciones que pueda hacer la Generalitat Valenciana, así como otras que pueden llegar a través de fondos europeos. En principio, los ciudadanos de la Vega Baja tendrían que pagar los más de 6 millones que cuestan las instalaciones “debido al retraso de 10 años que acumulamos en la puesta en marcha del Plan Zonal”, afirma Pineda. En su opinión, "los populares de la Vega Baja “solo pondrán palos en las ruedas” aunque eso suponga perjuicios para todos los ciudadanos de esta comarca. “Lamento que el PP comarcal no haya aprendido nada de su propio pasado, lo que le condena a repetirlo más pronto que tarde”, asegura Pineda.
El presidente también insiste en que el Consorcio y la Generalitat a través de la Conselleria de Medio Ambiente y de la Dirección General de Cambio Climático, tratarán “de cumplir con lo que ellos no pudieron y trataremos de que los ciudadanos de la Vega no paguen de nuevo el pato”.