El Consell tumba una planta de 10 MW en San Miguel por su cercanía al paraje de Sierra Escalona

SAN MIGUEL DE SALINAS. El Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, que depende de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha denegado la autorización a la empresa Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, SA para implantar una planta fotovoltaica de 10MW en término municipal de San Miguel de Salinas, por ocupar terrenos que se encuentran dentro del perímetro de 500 metros del paraje protegido de Sierra Escalona. Esta planta, bajo el nombre de Pilar de la Horadada II, por su cercanía con esta población, donde también se ubicaba parte de la planta, llega tras denegarse en enero, a la misma empresa, otras dos plantes en el mismo entorno, la Pilar de la Horadada III y IV.

La resolución señala que se desestima la autorización "al no considerarse adecuada la localización". Asimismo, la resolución recuerda que este tipo de plantas deberán "distar al menos 500 metros de recursos paisajísticos de primer orden como son los bienes de interés cultural, bienes de relevancia local, monumentos naturales y paisajes protegidos, salvo que el instrumento de paisaje demuestre que ni la contextualización ni la percepción de estos recursos se ve afectada negativamente por la central fotovoltaica, o que un determinado ámbito territorial o proyecto concreto haya sido declarado energético prioritario y, en este caso, se procederá en la reso- lución a establecer la distancia, que será como mínimo la establecida en la legislación vigente en materia de patrimonio cultural". 

En los últimos años han proliferado en la Vega Baja este tipo de instalaciones, debido a las grandes extensiones de terreno no urbanizable sin cultivar, para los que los propietarios buscan formas de rentabilizarlo. Sin embargo, su cercanía a entornos como el paraje de Sierra Escalona o Las Lagunas de La Mata y Torrevieja han frenado muchas de ellas. En estos casos, la apuesta por las energías renovables entra en conflicto con la conservación de espacios protegidos, que debe primar por encima de otros intereses, tal y como señala la resolución.