ALICANTE. La Conselleria de Política Territorial cierra la puerta al desarrollo del camping turístico promovido por la empresa alicantina AG Valores en el entorno del saladar de Aguamarga. Lo hace, precisamente, a la vista de los últimos informes en los que se advierte sobre la posibilidad de que su ejecución genere afecciones sobre esa zona húmeda, entre otras deficiencias señaladas en los análisis sectoriales elaborados sobre la propuesta.
En concreto, el servicio territorial de Urbanismo de Alicante concluye que no procede conceder la Declaración de Interés Comunitario (DIC) que resultaba necesaria para la ejecución del proyecto, al situarse sobre una superficie de 11 hectáreas de suelo rústico, junto al saladar. La denegación de esa DIC se produce a la vista de hasta dos dictámenes emitidos por el Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos en 2018 y 2020 en los que se estima que el desarrollo del campamento turístico supondría "repercusiones negativas sobre la zona húmeda".
En esos informes se destaca que la instalación propuesta ocuparía una extensión de más de 112.000 metros cuadrados en el que se habilitaría un complejo turístico con capacidad "para unas 1.768 personas en acampada además de 32 bungalows", y se añade que las parcelas incluidas en esa superficie "se encuentran dentro de la zona de protección de 500 metros de la zona húmeda catalogada del Saladar de Aguamarga". Justo uno de los motivos esgrimidos por colectivos conservacionistas como Ecologistas en Acción y Amigos de los Humedales del Sur mediante la presentación de alegaciones.
Es más, en esos informes se subraya que "el proyecto presentado supone la modificación de una extensión importante en la zona de protección" del saladar y advierte de las consecuencias que tendría la ejecución de "las infraestructuras necesarias para el desarrollo de una actividad con una densidad de usuarios tan elevada".
Entre esas consecuencias, cita circunstancias como la necesidad de procurar abastecimiento de agua de consumo, la instalación de una red de depuración de aguas residuales, la construcción de viales de acceso, la generación de tráfico, los tratamientos en zonas ajardinadas, o las afecciones lumínicas al entorno, además de la impermeabilización de suelo y los efectos asociados al tránsito de vehículos y personas. Por si fuera poco, en el informe evacuado en 2020, se agrega todavía un requisito adicional que también entrañaría nuevas consecuencias: la necesidad de llevar a cabo "tratamientos masivos" contra los mosquitos, lo que generaría "las consiguientes perturbaciones de los equilibrios ecológicos".
Las conclusiones de esos informes son las que, en último término, han resultado determinantes para que se resuelva la desestimación de la DIC. Pero, además, se enumeran otras deficiencias o carencias recogidas en otros informes emitidos por otras administraciones competentes. Entre ellas, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) señala que AG Valores debería solicitar una "autorización en materia de servidumbres aeronáuticas" por la proximidad del emplazamiento propuesto para desarrollar el campamento turístico respecto al aeropuerto Miguel Hernández de Alicante-Elche.
De igual modo, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla señala que el camping propuesto repercutiría en "los servicios de la desalinizadora de Alicante", al afectar a las tres líneas de alta tensión que abastecen a la planta. Además, apunta que la rotonda de nueva ejecución propuesta para facilitar el acceso al recinto "se situaría sobre la salida de agua producto de la desalinizadora" y "podría bloquear el tráfico de la carretera nacional por la entrada y salida de camiones cisterna".
El Servicio de Gestión de Espacios Naturales protegidos concluye que el proyecto se encuadra en la zona de protección del saladar, como habían advertido Ecologistas en Acción y Amigos de los Humedales del Sur en sus alegaciones
Igualmente, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) también emite informe desfavorable a la concesión de la DIC al considerar que la empresa promotora "no acredita la disponibilidad de recursos hídricos" suficientes para abastecer a los usuarios, tras reseñar que "la demanda no puede ser atendida desde el origen propuesto".
Y, por último, el Servicio de Planificación de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, también informa en contra del proyecto al destacar que los accesos propuestos, como la construcción de una nueva rotonda con cruces semafóricos, requiere de informe favorable del servicio de tráfico del Ayuntamiento de Alicante, además de la "formulación de un Plan de Movilidad específico por tratarse de un área para la implantación hotelera y de ocio que supera los 10.000 metros cuadrados".
En la resolución por la que se deniega la concesión de la DIC se concreta que se dio traslado de varios de esos informes a la empresa promotora sin que se llegase a recibir respuesta, después de que el proyecto sí superase el primer filtro y lograse una primera resolución favorable supeditada, precisamente, a la subsanación de documentación adicional.
Como informó este diario, la propuesta planteada por AG Valores contemplaba la creación de 378 parcelas de 100 metros cuadrados cada una destinadas a la acampada o al estacionamiento de caravanas. Además, incluía la construcción de 30 apartamentos tipo bungaló, piscinas, pistas de tenis, de pádel y de baloncesto, sobre la parcela de 120.800 metros cuadrados de suelo no urbanizable que se sitúa frente a la denominada Cala Barda, entre el polígono industrial de Aguamarga, el trazado de la línea de cercanías Murcia-Alicante y el acceso sur a Alicante a través de la CN-332.