ALICANTE. La Conselleria de Medio Ambiente cierra el expediente sancionador abierto el pasado 20 de diciembre, frente a la Autoridad Portuaria de Alicante por el incumplimiento de las medidas establecidas en su autorización de emisiones a la atmósfera sobre la estiba de graneles en los muelles de Poniente, con una propuesta de sanción económica cerrada: una multa por un importe total de 70.000 euros por la comisión de tres infracciones distintas.
La resolución, rubricada por el director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer, no es definitiva. La Autoridad Portuaria dispone de un plazo de un mes para formular recurso de reposición ante la propia Conselleria de Medio Ambiente, o de dos meses en el caso de que decida acudir directamente a la jurisdicción contenciosa, con un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Sin embargo, su contenido resulta más que trascendente en la medida en que, en su contenido, se considera probada la vulneración de las condiciones de ese permiso autonómico, tanto por lo que respecta al incumplimiento respecto a la altura máxima de los acopios de material pulverulento en relación a la de los muros pantalla, como por lo que respecta a la superación del umbral límite de emisiones de partículas a la atmósfera. Se trata, en realidad, de los dos extremos que ya subrayó el TSJ, hace dos semanas, en el auto por el que ratificó la orden de suspensión de la operativa dictada por la conselleria.
Además, cobra especial trascendencia por la imposición de otro tipo de penalización. Se trata de la exigencia formal de construcción de naves cerradas en depresión para el desarrollo de la operativa. Como ha venido contando Alicante Plaza, en la autorización ambiental de emisiones a la atmósfera, la ejecución de esas instalaciones quedaba aplazada a la evaluación de la eficacia de una primera batería de medidas correctoras. Ahora, un año después de que se concediese ese permiso autonómico, Medio Ambiente considera que su construcción es inaplazable e ineludible. Es más, a través de esta resolución, obliga a la Autoridad Portuaria a presentarle un proyecto constructivo de esas naves en el plazo de un mes. Y lo hace con un añadido concreto: que especifique un cronograma para el desarrollo temporal de sus obras. Con esa exigencia, Medio Ambiente levanta la suspensión de la operativa.
Como también ha contado este diario, la Autoridad Portuaria ya ha dado los primeros pasos en esa dirección al anunciar la convocatoria de un concurso de obra y explotación comercial de esas naves en una terminal específica, prevista en el muelle 17. El consejo de administración del Puerto, celebrado el viernes, dio un voto de confianza a su presidente, Juan Antonio Gisbert, para la puesta en marcha de esa licitación. En principio, todo parece indicar que las obras podrían estar adjudicadas a finales de este año.
No obstante, la resolución de Medio Ambiente añade otro condicionante más. La Autoridad Portuaria deberá presentar también un nuevo proyecto de explotación y control de la operativa para el periodo transitorio en el que se demore la construcción de esas naves cerradas en depresión. "Dicho proyecto establecerá a su vez medidas tales como el incremento de la humectación, la prohibición de manipulación en determinadas direcciones y velocidades del viento, la utilización de tolva ecológica para las operaciones de descarga de graneles u otras similares que garanticen el cumplimiento de los niveles establecidos", concluye el documento.