ALICANTE. El fondo de cooperación para los municipios sigue coleando, pese al "no" de la Diputación de Alicante a participar en la iniciativa impulsada por la Generalitat. La pretensión del Gobierno valenciano es hacer campaña del fondo pueblo a pueblo y hacer valer la inversión que se ha hecho sólo desde la Generalitat. Y mientras, sigue las luchas políticas por las inversiones: el PSPV ha solicitado a la interventora de la Diputación que diga si es posible hacer la aportación a través de un préstamo; mientras que el PP sostienen que las inversiones son pírricas y que el plan de obras financieramente sostenibles, que pone en marcha la institución provincial con los remanentes del presupuesto, aporta más fondos.
Fuentes de la Generalitat ya dan por perdida la batalla con la Diputación de Alicante y ya trabajan en promocionar el fondo de cooperación que figura en las cuentas del Gobierno valenciano, con 40 millones de euros. Hay que recordar que las diputaciones de Valencia y Castellón sí que contribuirán a ese fondo, aunque con fórmulas diferentes, y duplicarán la inversión en los municipios. Por ello, desde la Generalitat se hará política con ese fondo de cooperación, que contempla inversiones objetivas para todos los municipios por igual.
Por su parte, la parte política no se abandona. Como ya anunció el portavoz socialista en la institución provincial, José Chulvi, se va a luchar hasta el último momento para conseguir la inversión. Así, los socialistas han solicitado a la Presidencia de la institución que se elabore un informe sobre la viabilidad de que esta corporación provincial pueda incorporarse al Fondo de Cooperación Municipal a través de la concertación de un préstamo.
El grupo socialista ya registró el pasado día 22 esa solicitud para que desde el área de intervención se realice el citado informe. En el pleno de la Diputación de Alicante en el que se aprobaron los presupuestos de la institución para 2017, celebrado el pasado día 13, el portavoz del grupo socialista, José Chulvi, elevó una enmienda para demandar la concertación de un préstamo con una entidad bancaria por importe de 13,7 millones de euros.
La finalidad de esa propuesta era obtener el crédito suficiente para financiar la propuesta de participación de la Diputación de Alicante en el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat y amortizar ese préstamo con los remanentes del presupuesto. A juicio de los diputados provinciales del PSPV-PSOE, "esta alternativa parece de los más razonable", pues "permitiría la participación de la Diputación de Alicante en ese fondo". Igualmente, "el préstamo no significaría ningún problema financiero para la institución, dado que se podría cancelar en pocos meses con el remanente de tesorería del 2016 que, en ocasiones, ha alcanzado los 60 millones de euros", ha explicado Chulvi.
La finalidad pedir el crédito suficiente para financiar la participación en el fondo y amortizarlo con los remanentes
Por ello, el portavoz socialista considera que, dado que "en el pleno de presupuestos se rechazó la propuesta sin ninguna explicación clara, se hace necesario la elaboración de un informe que nos diga si se puede o no, y por qué".
Chulvi ha manifestado que se trabaja en "la línea de seguir presionando para que los municipios alicantino reciban lo que sí van a recibir los de Valencia y Castellón, ni más ni menos".
Pero "la presión que se quiere ejercer desde las filas socialistas no solo se circunscribe a la que se pueda hacer desde los propios ayuntamientos, verdaderos perjudicados de la decisión del PP en la Diputación", según fuentes socialistas.
Esa "presión" conllevará también "agotar todas posibilidades administrativas que ofrece el trámite de aprobación definitiva de los presupuestos de la Diputación de Alicante para que se produzca la inclusión del Fondo de Cooperación Municipal", ha señalado Chulvi.
Según el gobierno provincial, del PP, la Diputación de Alicante no participará en el Fondo de Cooperación Municipal de 2017 impulsado por el Consell (donde se pedía que aportara 13,7 millones de euros) por motivos presupuestarios y supedita su adhesión desde 2018 a las negociaciones sobre la distribución de las ayudas y a la devolución de competencias que le son impropias.