ELCHE. El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha destacado que "con la próxima aprobación de los Estatutos de la Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) se articula la organización y funcionamiento de este organismo, y se puede iniciar el proceso de adhesiones de los ayuntamientos que así lo decidan en el pleno municipal". Como ha venido contando este medio, su puesta en marcha costará 3,2 millones con 33 puestos de trabajo y se prevé que esté operativa durante este año. Queda pendiente encontrar la sede en Elche.
El Gobierno valenciano tiene previsto aprobar en la próxima reunión plenaria los Estatutos este organismo autónomo de la Generalitat, adscrito a la Conselleria de Política Territorial que, con sede en Elche, se encargará de velar por la protección del suelo no urbanizable y el respeto a la legalidad urbanística.
Para el conseller, "es fundamental trabajar en la reordenación territorial para proteger nuestro entorno y establecer criterios orientativos para ayudar a las administraciones, propietarios y profesionales a adoptar medidas que disminuyan el impacto medioambiental ocasionado por asentamientos residenciales en suelo no urbanizable".
En este sentido ha recordado que la Agència Valenciana de Protecció del Territori "será el instrumento para ejercer la potestad administrativa en materia de disciplina urbanística y poder generar seguridad jurídica ante herencias de propiedades o para llevar a cabo actuaciones en las viviendas, por ejemplo".
El objetivo de la Agencia es "la protección del suelo rural, entendido como un recurso natural escaso, limitado y no renovable, desde la perspectiva de que la medida de protección más efectiva es la prevención, mediante la inspección territorial, para evitar tanto la irreversibilidad o consolidación de construcciones alegales como la creación de una falsa confianza en la ciudadanía", ha señalado el conseller.
Además, ha añadido que una vez sea aprobado el marco organizativo de la Agencia se permitirá la tramitación de los procedimientos de minimización del impacto territorial de las viviendas que carezcan de título jurídico habilitante individual o colectivo. La minimización es un instrumento indispensable para la conservación del territorio, pues su finalidad es disminuir o paliar los efectos negativos que producen las viviendas construidas ilegalmente en el suelo rural.
Según establecen los Estatutos, los órganos directivos de la Agència serán el Consejo de Dirección, que es el órgano colegiado de planificación, dirección y control de la actividad del organismo, y la Dirección Gerencia. En el Consejo de Dirección, que estará presidido por la secretaria autonómica competente en materia de territorio y urbanismo de la Generalitat, estarán representados los ayuntamientos adheridos, la Generalitat, y las tres diputaciones provinciales.
La incorporación de un municipio la Agència requerirá de un acuerdo de adhesión del pleno municipal adoptado por mayoría absoluta, que deberá ser confirmado por la dirección-gerencia de la Agencia y publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. El acuerdo de adhesión tendrá una vigencia de quince años y se podrá prorrogar.
La Dirección Gerencia será el órgano ejecutivo, de gestión ordinaria del organismo y la persona titular será nombrada y cesada por Decreto del Consell, a propuesta del conseller de Política Territorial. La Dirección Gerencia propondrá un Plan Plurianual de Gestión y un programa anual de actuación que será aprobado por el Consejo de Dirección, que incluirá el Plan de Inspección Urbanística.
