El conseller de Vivienda, Héctor Hillueca, en su visita a las obras de regeneración arquitectónica de los inmuebles del barrio de Miguel Hernández de Alicante.ALICANTE. La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática acaba de cerrar el proceso de adquisición de inmuebles impulsado en septiembre de 2020 con el objetivo de ampliar el parque público de la Generalitat. Lo hace con la propuesta de compra de 30 pisos repartidos en 24 municipios del conjunto de la Comunitat, por un precio global de más de 2,6 millones (2.616.684,49 euros), a partir de los importes demandados por los propietarios ofertantes y de los informes de evaluación elaborados por la Agencia Tributaria Valenciana de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
La mayoría de esos inmuebles que pasarán a tener un destino social se sitúan en la provincia de Castellón. Se trata de trece inmuebles situados en Peñíscola, Castellón de la Plana (seis en total), Moncofa, Vila-Real, Almazora, Vinaroz, Borriana y Benicarló. Otros ocho se sitúan en poblaciones de la provincia de Alicante. En concreto, en Cocentaina, Alcoy, Monóvar, Orihuela, El Campello, Dénia y Alicante (con dos unidades). Y en la provincia de Valencia se localizan los nueve restantes, en las localidades de Cullera, Paterna (dos), L'Alcudia, la Pobla Llarga (dos), Algemesí, la Pobla de Farnals y Gandia.
El concurso para la compra de esos inmuebles quedó convocado oficialmente el 28 de septiembre de 2020, con su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat, lo que abrió el plazo para que cualquier interesado en desprenderse de sus propiedades pudiese formular su oferta. Así, la Mesa de Valoración constituida al efecto abordó la apertura de sobres en enero de 2021. Sin embargo, la evaluación de las propuestas no se ha podido dar por concluida hasta el pasado mes de diciembre, después de que se tuviese que conceder un plazo extraordinario para que los ofertantes pudiesen presentar la documentación adicional que no habían incorporado en su propuesta inicial.
Entre los vendedores, predomina la presencia de la Sareb. El banco malo es el actual propietario de más de la mitad de los inmuebles: 16, en concreto. Sin embargo, existen otros 10 pisos ofertados por propietarios particulares, además de otros cuatro en manos de una sociedad promotora con sede en Castellón. De hecho, esos cuatro inmuebles son los que se adquieren por el mayor precio de toda la serie, de 142.720 euros (impuestos incluidos). Los más económicos, por el contrario, se ubican en Orihuela y Moncofa: dos pisos ofertados por la Sareb que se convertirán en propiedad de la Generalitat por un precio de 48.720 euros.
A ese importe de adquisición global (los citados 2,6 millones) se deberá sumar, ahora la inversión que resulte necesaria con el fin de adecuarlos y poder ponerlos a disposición de demandantes de vivienda pública. Se trata de un cálculo pendiente de abordar, a partir de la evaluación de cada piso.
Por lo pronto, fuentes del departamento autonómico que coordina el vicepresidente segundo Héctor Illueca informaron este lunes sobre la concesión de una subvención de 6,4 millones para rehabilitar otras 153 viviendas ubicadas en 41 municipios de la Comunitat. Se trata de actuaciones previstas en el Plan Recuperem Llars, que promueve la dirección general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética a fin de rehabilitar viviendas o edificios de entidades locales para destinarlos a viviendas de alquiler con fines sociales.
La secretaria autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad Energética, Laura Soto, destacó "la importancia de esta línea que se ha incrementado en 5 millones de euros respecto a la inicial que estaba prevista con 1,4 millones lo que ha permitido alcanzar más de 150 actuaciones subvencionables".
Soto explicó la singularidad del Plan Recuperem Llars que permite "que viviendas municipales en desuso se puedan adecuar a las condiciones de habitabilidad necesarias para su uso. Además, ello permite a los municipios recuperar la oferta de viviendas con fines sociales, prioritariamente en municipios amenazados de despoblamiento". Por su parte, el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto Rubio, añadió que "recuperar viviendas también puede simultáneamente satisfacer la necesidad de conservación de estos núcleos poblacionales empobrecidos y atraer nueva población".
Fuentes de la conselleria concretaron que en la convocatoria de 2021 se han tramitado 82 solicitudes, siendo desestimadas 10 de ellas. De los 72 expedientes resueltos, por provincias: 32 corresponden a Castellón por un importe de 3.340.000 euros y que beneficiarán a 78 viviendas. A la provincia de Valencia se destinarán 31 ayudas por un valor de 2.260.000 y que repercutirán en 52 viviendas. Mientras que en la provincia de Alicante son 9 los expedientes resueltos, por un valor de 800.000 euros que irán destinados a 23 viviendas.
"Para la baremación de las solicitudes se han aplicado seis criterios priorizando aquellas solicitudes que vengan de municipios con menor número de habitantes y en riesgo de despoblación, y también las procedentes de actuaciones de rehabilitación de edificios o viviendas situados en áreas degradadas o vulnerables", según las mismas fuentes.
Las actuaciones que se van a subvencionar están dirigidas a la adecuación de la vivienda o inmueble; a obras de rehabilitación, ampliación o adecuación destinada a conseguir las debidas condiciones de habitabilidad; cualquier intervención destinada a mejorar elementos comunes en el caso de tratarse de una rehabilitación de un edificio completo; y la adquisición del inmueble previa a su rehabilitación.
Las viviendas o los edificios que se han acogido al Plan deberían tener una antigüedad superior a 30 años y las obras no podrán estar iniciadas antes de la solicitud de las ayudas. El plazo para ejecutar las obras de rehabilitación no podrá exceder de 18 meses y en el caso que plazo fuese mayor, se deberá justificar, de acuerdo con las mismas fuentes. El coste de las actuaciones subvencionables se sitúa en un máximo de 50.000 euros por vivienda. Asimismo, se corresponderá con el valor de compra del inmueble sin sobrepasar 200 euros/metro cuadrado de superficie construida de vivienda, hasta un máximo de 20.000 euros por vivienda resultante de la rehabilitación.
