Los locales de hostelería instalados en el entorno de la calle Castaños. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Nueva fase clave en el conflicto del ruido asociado a la actividad hostelera del Centro Tradicional de Alicante. Esta vez, puede que determinante en la medida en que podría suponer cambios a corto plazo respecto a la situación actual. El Juzgado de lo Contencioso Número 4 ha señalado para el próximo 15 de septiembre la celebración de una vista para decidir si procede acordar la ejecución provisional de la sentencia dictada por el mismo juzgado, el pasado mes de noviembre, en respuesta a la petición presentada por la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional.
Ese fallo conminaba al Ayuntamiento a acordar la declaración de una Zona Acústica Saturada (ZAS) para el entorno de la calle Castaños tras considerar que el nivel de las emisiones sonoras captadas por la red municipal de sonómetros en ese perímetro suponía que se estaba vulnerando derechos fundamentales de los residentes. En concreto, el derecho a la integridad física, así como el derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, recogidos en los artículos 15, 18.1 y 18.2 de la Constitución.
La Asociación de Vecinos del Centro Tradicional, que inició el procedimiento contra el Ayuntamiento para exigir un mayor control municipal de los locales de ocio y restauración concentrados en el barrio, solicitó la ejecución provisional de esa sentencia al estimar que el equipo de Gobierno (PP y Cs) no estaban adoptando medidas para limitar el ruido. Esa petición se produjo pese a que el Ayuntamiento decidiese recurrir la sentencia en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), con la intención de que la resolución favorable a sus intereses tuviese efectos sin más demoras, al margen de que no sea firme, puesto que todavía debe producirse el pronunciamiento del alto tribunal autonómico.
Como informó este diario, el bipartito anunció inicialmente su intención de acatar la sentencia y su propósito de seguir aplicando medidas de control del ruido, que ya había avanzado mientras se dirimía el contencioso. Sin embargo, después modificó su posición y decidió recurrirla. Entonces, argumentó que un informe de los servicios jurídicos municipales advertía sobre la posibilidad de que el ayuntamiento quedase expuesto a afrontar el pago de posibles indemnizaciones, en el caso de que la sentencia adquiriese firmeza.
A ese recurso se sumaron, después, tanto la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), como algunos de sus asociados a título individual, después de que el Juzgado de lo Contencioso sí admitiera su personación en el proceso. Por el momento, el alto tribunal sigue sin resolver sobre el fondo del recurso y no se prevé que pueda hacerlo al menos a lo largo de este año.
En la vista fijada para el 15 de septiembre, vecinos, ayuntamiento y empresarios hosteleros expondrán sus argumentos a favor y en contra para que se dé cumplimiento a ese resolución. En principio, se espera que el juzgado pueda adoptar una decisión unas dos semanas después. De aceptarse, el Ayuntamiento tendría que aplicar a corto plazo las limitaciones que acarrea la declaración de una ZAS, como la suspensión de licencias para nuevos locales o, incluso, la restricción de actividad para aquellos establecimientos que no reúnan las condiciones requeridas para su funcionamiento, en función de los permisos de los que dispongan. Lo cierto es que, como mínimo, el bipartito ya habría dado los primeros pasos administrativos para aplicar esa ZAS, con la apertura del expediente y la recopilación de estudios de posibilidades entre varios departamentos. No obstante, los residentes persisten en su opinión de que sigue sin adoptarse ningún tipo de medida efectiva.
