El inversor que asuma la concesión optará a explotarlo hasta 2040, lo que permite diseñar un plan de negocio a largo plazo. Quedaría obligado a ejecutar mejoras por 1,6 millones. La deuda principal de Marina de Poniente supera los 4,7
ALICANTE. El comprador que gane la puja por el complejo de Panoramis, la última gran operación en el sector de los centros comerciales puesta en marcha en la ciudad de Alicante, podría tener más recorrido del esperado para rentabilizar su inversión. Las bases de la subasta tutelada por el juzgado de lo Mercantil número 1 establecen que el inversor que adquiera su explotación optará a una ampliación de la concesión actual por otros 12 años adicionales a los 12 que todavía restan por cumplir del contrato en vigor.
Marina de Poniente, la sociedad en liquidación que sigue siendo titular de esa concesión, inició el expediente para prolongar su duración en julio de 2015, mientras trataba de cumplir con el convenio alcanzado con los acreedores en 2013, un año después de declararse en concurso voluntario. Ahora, el futuro adquirente de la gestión del centro (si lo hay) quedará automáticamente ligado a ese expediente, de modo que optará a poder explotarlo hasta septiembre de 2040 (no hasta la fecha de extinción actual, en 2028), lo que supone una ventaja añadida para diseñar un plan de negocio a largo plazo.
¿De qué depende que se logre ese periodo extra? En primer lugar, de que el comprador se comprometa a llevar a cabo un plan de inversiones en el inmueble, propiedad de la Autoridad Portuaria. Según pudo constatar Alicante Plaza, Marina de Poniente -la sociedad controlada mayoritariamente por Cívica, del controvertido constructor Enrique Ortiz, tras la salida de Vectalia, en 2014- había propuesto acometer obras de mejora en el edificio por valor de 1,6 millones de euros, enfocadas fundamentalmente a la mejora de la eficiencia energética.
EL PLAZO EXTRA DE CONCESIÓN REQUIERE DE LA AUTORIZACIÓN DE PUERTOS DEL ESTADO, QUE HA PARALIZADO TODAS LAS PETICIONES EN TRÁMITE
El heredero de la concesión debería asegurar un desembolso al menos equivalente. Eso sí, las fuentes consultadas precisan que la Autoridad Portuaria se decantaría principalmente por otro tipo de actuación que permitiese lograr mejoras en los accesos, ya que se aportaría un valor añadido al negocio del centro comercial propiamente dicho y a todo el entorno del Puerto y su vertebración con la ciudad.
Ese no sería, sin embargo, el único requisito. El segundo y definitivo sería que Puertos del Estado diese su beneplácito a esa ampliación concesional. Las mismas fuentes señalan que se sobreentiende que esa autorización final llegaría en buena lógica si el expediente recaba el informa favorable de la Autoridad Portuaria de Alicante. Pero hoy por hoy sigue siendo sólo una probabilidad, no una garantía. Máxime si se tiene en cuenta que Puertos del Estado ha paralizado cualquier tipo de decisión similar desde que se instaló la actual situación de interinidad en el Gobierno central, con un consejo de ministros en funciones.
¿A cuánto ascendería en consecuencia el desembolso a realizar para quedarse con el negocio? Además de ese compromiso inversor de 1,6 millones -o más bien, por encima de él- el comprador deberá ofertar un precio que garantice el pago de los créditos contra la masa (posteriores al concurso): las deudas contraídas con la Autoridad Portuaria en concepto de canon, que ascenderían a un millón de euros, y de otro medio millón más, derivados de otros gastos recurrentes. La suma de las dos cifras equivale a 3,1 millones: el importe que podría considerarse como precio de salida.
Ahora bien, el nuevo titular de la concesión debería seguir haciendo frente al resto de deudas contraídas por Marina de Poniente. Entre ellas, figuran otros 3,2 millones más en créditos hipotecarios suscritos con Sabadell, Banco Castilla La Mancha, Banco Marenostrum, EBN Banco de Negocios, Ibercaja Banco y Liberbank. Sólo esas dos obligaciones principales elevan la deuda de Marina de Poniente a 4,7 millones, a las que se debería sumar la contraída con el resto de sus acreedores, regulada por convenio y que, en todo caso, será la última en satisfacerse, en el supuesto de que la compra se cerrase por una cifra muy superior.
Las expectativas que se han abierto tras la convocatoria de la subasta apuntan en esa dirección. Como adelantó este diario este martes, al menos cuatro empresas consideradas solventes se han interesado en acudir a la puja. Dos de ellas ya habrían firmado incluso un compromiso de confidencialidad para tener acceso a las cuentas de la compañía en liquidación. Las otras dos podrían hacerlo en los próximos días. Y ya se cuenta con un posible quinto inversor.
El comprador deberá hacerse cargo de los contratos actuales suscritos por Marina de Poniente, entre los que figuran los arrendamientos de los cines, de un gimnasio, del aparcamiento subterráneo, de un restaurante (Foster's Hollywood) y de una tienda de telefonía. Además, también asumirá a la plantilla actual, unos 13 empleados, con sus mismas condiciones laborales. El complejo cuenta con 53 locales (incluido aparcamiento y cines) y la unidad de negocio (básicamente la concesión) se ha llegado a valorar en unos 1,8 millones, según el administrador concursal que ha dirigido el proceso de liquidación, Forensic Solutions. La subasta permanecerá abierta hasta el 1 de diciembre.