Los miembros del comité ejecutivo del Patronato Municipal de Vivienda.ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PSOE, Guanyar y Compromís) consuma y ratifica la toma de control del Patronato de Vivienda. La recién creada comisión ejecutiva del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante ha propuesto este miércoles anular el acuerdo tomado por la Junta General el pasado 1 de marzo, por el que se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del organismo autónomo, en la que se incluía un incremento salarial de seis trabajadores. Entre ellos, el de la esposa del actual gerente, Gaspar Mayor, tras su ascenso como adjunta a la Gerencia: unas funciones que, según el máximo responsable del organismo, venía desempeñando en la práctica desde hacía varios años.
Como viene informando Alicante Plaza, el tripartito valildó esa propuesta de RPT junto a los presupuestos del organismo autónomo para el año 2017 sin haber revisado con la suficiente antelación su contenido, justo una semana antes de aprobar el presupuesto general del Ayuntamiento. Lo hizo, según recalcaron entonces fuentes del equipo de Gobierno, precisamente para no retrasar la aprobación de esas cuentas municipales y, por tanto, tampoco su ejecución. Ya entonces, la Concejalía de Vivienda anunció cuál sería el proceso para revertir parte de esos acuerdos: la redacción de una nueva RPT y la recuperación de la comisión ejecutiva como mecanismo de control previo.
Esos dos pasos han comenzado a oficializarse este miércoles. La edil de Vivienda y presidenta del Patronato, Julia Angulo (Guanyar), ha dado cuenta de la nueva propuesta de RPT elaborada por el Patronato en coordinación con el sindicato CCOO, tras la negociación con los trabajadores, y que, previamente a ser remitida a la Concejalía de Recursos Humanos para su aprobación en una mesa negociadora, se debatirá en una reunión que se convocará en breve, con los representantes de los trabajadores municipales de todos los sindicatos con presencia en el Ayuntamiento.
Angulo ha explicado que esta primera reunión de la comisión, ha servido, además, para debatir el informe preliminar sobre los criterios básicos para la redacción de los nuevos estatutos del Patronato "que nos permitan rediseñar y reorganizar los objetivos, así como las funciones de los órganos que contempla el organigrama y normalizar los empleados de este organismo (ahora personal laboral) para cumplir las recomendaciones del interventor municipal, que en base al artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, establece que estos trabajadores deben ser funcionarios". "Para ello", ha continuado la edil, "hemos propuesto y aprobado usar de referencia los Estatutos de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social (Aldes), para redactar el borrador".
Por último, se ha dado cuenta de la primera propuesta de Presupuesto para el ejercicio 2018, remitida a la Concejalía de Hacienda para conocer previamente su viabilidad. Con ello, se trata de evitar el episodio que se registró en marzo de este año, cuando el tripartito se encontró con una propuesta que no había supervisado. El planteamiento económico para 2018 incluye un concurso público para la adquisición de viviendas de segunda mano con destino al alquiler social de 800.000 euros, la finalización de viviendas de El Portón, destinadas a jóvenes y el tratamiento de la cubierta del aparcamiento El Portón para favorecer la accesibilidad a Santa Cruz, por 900.000 euros; la actualización del Parque Público Viviendas de San Blas por más de 50.000 euros y la ejecución en cuatro fases, del alojamiento Colectivo para Mujeres. Además, se propone la puesta en valor los restos arqueológicos del Portón, Torreón de San Sebastián y Muralla (150 metros), entre otros. El presupuesto global sería de más de 4 millones de euros, a lo que habría que sumar pequeñas inversiones y 500.000 euros de aportación municipal correspondiente a la Estrategia DUSI.
La comisión también ha ratificado este miércoles las competencias específicas que deben recaer en este órgano ejecutivo hasta la aprobación de los nuevos Estatutos. Así, tal y como figura en el capítulo II, Órganos de Gobierno, le corresponde la autorización de los contratos laborales de la plantilla, la elaboración del proyecto de presupuestos, la propuesta de la adjudicación de viviendas, siguiendo los criterios de la Junta General, la contratación de las obras y servicios, y el control de la gerencia, pudiendo dar, la suspensión provisional de los actos de la misma.
La Comisión Ejecutiva fue creada el pasado 19 de junio, está compuesta por 12 miembros: la presidenta, Julia Angulo, el vicepresidente, Miguel Ángel Pavón, cuatro vocales, uno por grupo municipal–Carlos Giménez, por el PSOE; María José Espuch, por Compromís; José Ramón González, por el PP, y María José Molina por Ciudadanos–, y cuatro vocales que representan a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, a la Federación de Asociaciones Gitanas, a las Asociaciones de Vecinos y al Colegio de Arquitectos, así como un asesor financiero y un secretario, con voz pero sin voto.
El concejal del PP, José Ramón González, por su parte, ha criticado que en la propuesta de presupuesto del Patronato de la Vivienda para 2018 "no aparece ninguna consignación económica para rehabilitar los módulos de viviendas del barrio Juan XXIII, como venía apareciendo estos años". En concreto, ha aludido a "la desaparición en los presupuestos de este año de la financiación de una primera fase de rehabilitación de 96 viviendas del barrio". El edil del PP ha criticado además que a la comisión ejecutiva del Patronato no han asistido ni el concejal del PSOE ni el de Compromís. "Tendrían cosas más importantes que hacer", ha ironizado.
González ha explicado que "en la reunión del Patronato nos han contestado que la desaparición de esta partida económica es culpa de la Conselleria de Vivienda, pero consideramos que es también su responsabilidad no hacer el trabajo que tienen que hacer, por lo que ambos organismos tienen que responder ante ello". En esta línea ha señalado que, según los responsables del Patronato, "hace dos meses le enviaron un correo electrónico a la conselleria donde le requerían que se pronunciara, pero la respuesta de esta administración autonómica fue que no se pueden hacer convenios plurianuales". "La actuación se va a reducir a una mínima intervención urgente del Ayuntamiento de 40.000 euros en elementos comunes que es completamente insuficiente", ha añadido a través de un comunicado.
Para González, se trata de "una tomadura de pelo", ha afirmado González, "porque la concejal Julia Angulo en febrero de este año dijo que ya estaban todos los trámites hechos y que la intención era a principios de marzo firmar el convenio para actuar en las viviendas de Juan XXIII".
"Creemos que la concejal Angulo ya sabía que no se iba a hacer y no fue valiente para decir lo que estaba pasando", ha afirmado González, quien considera que la edil de Guanyar "ya conocía la situación y por eso no lo contempló en los presupuestos del Patronato de 2017". González ha dicho no comprender "la actitud de pasividad y de conformismo de Guanyar, que está dirigiendo este área, cuando en años pasados mostraba otra actitud más beligerante y reivindicativa, como cuando en 2015 pidieron la creación de una comisión de seguimiento respecto a las actuaciones de Juan XXIIII". "¿Dónde ha quedado ese espíritu reivindicativo y qué ha pasado con ese dinero presupuestado desde 2015 en la Generalitat y en el Ayuntamiento?", ha preguntado el concejal del PP.
Los populares reclaman ahora "que el tripartito diga la verdad a los vecinos y no siga ocultándola". González advierte de que los vecinos merecen una explicación tanto "de la presidenta del patronato, Julia Angulo, como del gerente del Patronato de la Vivienda, Gaspar Mayor". El edil ha recordado que "el alcalde, Gabriel Echávarri, se comprometió en agosto de 2015 con los vecinos de Juan XXIII a invertir 1,2 millones de euros delante de la propia consellera de Vivienda, María José Salvador".
Por último, ha criticado que "sabiendo como sabían que no iba a haber una inversión en las viviendas del barrio Juan XXIII, el tripartito no ha tenido la decencia de incluir una importante partida presupuestaria en las inversiones sostenibles ahora anunciadas".
