ELCHE. El miércoles el grupo de arquitectos Ruskin Coffee organizó una comida con el decano del Colegio Oficial de Aquitectos de la Comunitat, Luis Sendra, y al que también fueron como invitados el alcalde Carlos González y la edil de Urbanismo Ana Arabid, así como miembros de la junta directiva del colegio territorial. Entre las diversas cuestiones abordadas en la comida, Sendra le planteó al Consistorio la opción de firmar un convenio entre las dos entidades para agilizar las licencias de obra.
Actualmente, para los contratos que se tramitan en la administración, se permite que los ayuntamientos puedan firmar estos acuerdos con entidades de colegios profesionales como el de los arquitectos para colaborar a la hora de hacer determinados trabajos que de forma diaria desempeñan técnicos municipales. Con este hipotético acuerdo, que los dirigentes vieron con buenos ojos, el Colegio asistiría a los Consistorios para ayudarles en el trámite de licencias. Se encargaría de hacer el control técnico de los proyectos y se lo pasaría al Ayuntamiento, para que finalmente los técnicos lo supervisaran y dieran el visto bueno a la licencia si lo hacen suyo.
En ese sentido, los trámites serían "mucho más rápidos", explica uno de los arquitectos presentes en la comida. Con todo, no parece ser el caso de la administración local porque no hay cuellos de botella en ese ámbito, aunque este convenio sí se aplicó por ejemplo en Orihuela y con el que se logró desatascar un monto importante de licencias que se estaban otorgando con año y medio de retraso. Aunque se vio como una buena opción y no haga falta, en cualquier caso el convenio convenio puede firmarse para situaciones coyunturales. Ante situaciones de picos de mucho trabajo o si hay bajas laborales en departamentos tan sensibles como el de Urbanismo, que lleva años necesitando personal. Con todo, ya se podrían ir viendo qué trámites están más atascados, si los hay, para rubricar el convenio.
Por otra parte, otra cuestión que se puso encima de la mesa fue la de la decisión del Consell de regularizar viviendas y edificaciones industriales en suelo no urbanizable, una situación que afecta a Elche en muchas de sus pedanías, ya que al menos se cuantifican en 300 las sociedades sin licencia en estos terrenos todo el término municipal. Aunque algunas ya han anunciado su intención de acogerse a la normativa de "minimización" (del impacto ambiental). Antes con el procedimiento de denuncia, si pasados 4 años no se derribaban, automáticamente aunque fueran ilegales no se podía ejecutar el derribo. Esa prescripción desaparecía en la ley de 2014. El problema es que el los Ayuntamientos tenían que abrir los expedientes y decidir si llegar hasta el final de los trámites para que los juzgados decidieran si demoler o no.
Al ver desde la Justicia que los Consistorios no aplicaban con esa decisión la normativa, ha quedado obsoleta. Los casos casi nunca llegaban al juzgado, y de ahí estos cambios. Con la ley de 2019 se incorpora el procedimiento para la regularización por tanto, y ahora se ha ampliado el plazo para acogerse a la misma: las edificaciones posteriores a agosto de 2014 ya no van a ser legalizables. Con las que sean anteriores a 2014 se podrá elaborar un protocolo para una declaración de impacto urbanístico no lesivo, que es donde entra la "minimización".
Se podrá hacer escritura de titularidad de la vivienda, tramitarla, venderla, etc. No será urbanísticamente legal pero se podrá operar con ella como si lo fuera. Siempre hablando de suelo no urbanizable. Asimismo, también habrá posibilidad de estudiar grupos de viviendas a través de un plan espacial colectivo en vez de un caso particular. Afectará a una parte del territorio en la que haya varias viviendas. El Colegio presentará el informe de la amnistía en los tres colegios de la provincia y a partir de ahí el documento de guía que bajará a Ayuntamientos para gestionar esta 'amnistía' urbanística que ya ha generado críticas en la ciudad.
