ALTEA. "El martes llegó a la sede del Club Náutico de Altea la peor de las noticias: el Consell comunicaba a los responsables de la entidad sin ánimo de lucro su decisión de multiplicar por siete el canon que debe satisfacer para continuar prestando servicios", así comienza el comunicado de la entidad, que como adelantó Alicante Plaza, ha conseguido la autorización por tres meses más. Lo que consideraron que llegaba tarde y mal, sujeta a una provisionalidad "tan extrema que, de facto, impide plantearse siquiera una mínima inversión para mejorar o reparar las instalaciones, obsoletas tras el paso de los años".
Esa nueva autorización está limitada a tres meses, y sujeta a prórrogas mensuales hasta un máximo de tres años. “¿Garantía de continuidad? Ninguna. ¿Cómo vamos a invertir en estas condiciones?”, se pregunta el presidente de la entidad, José Román Zurutuza.
Pero además, esta renovación supone que, de los 50.000 euros anuales que se abonaban hasta ahora, la Administración Autonómica pretende cargar a las arcas del Club 350.000 euros, en ambos casos con impuestos incluidos.
“Es evidente que lo que realmente quieren es ahogarnos, asfixiarnos económicamente. Para hacer frente a la nueva tasa, inicialmente ya hemos reducido actividad deportiva y ampliado el precio de los servicios, lo que significa que somos menos competitivos. Para ellos, objetivo cumplido. Para las marinas deportivas privadas, una gran noticia porque se relamen soñando con una futura concesión que convertirá en entes elitistas lo que hoy es un servicio social y económico de promoción y práctica de deportes náuticos”.
La Junta Directiva del Club Náutico de Altea, reunida en sesión ordinaria, ha decidico que el Club Náutico de Altea impugnará el nuevo canon, vía recurso de reposición, y conforme avance el caso se reserva emprender otro tipo de acciones administrativas y jurídicas. El recurso que se formalizará en los próximos días estará basado en “evidentes errores materiales y de hecho cometidos por la empresa que en 2014 tasó las instalaciones", de cuyo resultado dependía el montante económico a satisfacer, de acuerdo a la Ley de Puertos, que establece ese canon en el 5% del valor resultante.
Esa tasación, que el Club considera ilegal, se realizó en febrero de 2014, con anterioridad a la aprobación de la Ley (junio de ese mismo año), por lo que es “nula” de pleno derecho, según afirman en el comunicado. El documento estima que los terrenos, la lámina de agua y las instalaciones que hoy gestiona el club tienen un valor de 5.792.849'45 euros.
“Nos han engañado”, denuncia Zurutuza tajante. “La comunicación que hemos recibido no tiene nada que ver con lo prometido”.
Para entender tal aseveración hay que remontarse al 30 de marzo de este mismo año, cuando se celebró en el Ayuntamiento de Altea una reunión entre representantes del Club Náutico de Altea, responsables de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas y autoridades locales (entre ellas el alcalde Jaume Llinares, además de otros concejales), con el fin de aclarar la situación, ya que el 19 de junio caducarían las autorizaciones temporales de los clubes náuticos y hasta la fecha no se había notificado ninguna solución.
Por parte de la Conselleria acudieron Pilar Álvarez, Subdirectora General de Puertos de la Generalitat Valenciana; Julio Marín, Jefe de Servicio de Explotación de Puertos, y Agustín Lloret, Ingeniero Jefe del Área Centro de Alicante.
En ese encuentro, Álvarez trasladó un mensaje de “tranquilidad” al alcalde y al propio Club Náutico, afirmando que “se buscarán las soluciones legislativas y jurídicas necesarias para ampliar la autorización provisional bajo las mismas condiciones”, recuerdan desde el Club.
"¿Y por qué una autorización provisional y no una concesión definitiva?", se preguntan. Porque tal y como dicta la Ley de Puertos de la Generalitat Valenciana, para que se pueda iniciar el proceso de adjudicación concesional en el puerto de Altea es necesario la elaboración de una propuesta urbanística de integración del puerto con la ciudad Altea y de sus Condiciones de Referencia. "La Conselleria de Vivienda y Obras Públicas ha tenido tres años, desde la aprobación de la Ley en 2014, para llevar a cabo estos trámites, pero no se ha hecho nada, y es por eso que ahora emiten unas autorizaciones temporales en precario, limitadas a tres meses, y establecen un nuevo y desorbitado canon, con cifras inasumibles para entidades sin ánimo de lucro", critican desde la entidad deportiva.
La misma Junta Ordinaria ha decidido aumentar en un 10% las tarifas generales y las cuotas de amarre a los socios desde el día 1 de julio, además de suspender diversas actividades sociales previstas, cancelar el programa de captación de jóvenes para la cantera del equipo de remo y reducir las competiciones deportivas oficiales. Todo ello a la espera de un estudio de viabilidad económico-financiero y de gestión deportiva náutica, para el período 2018-2020, en el que se está trabajando para asumir la dotación del nuevo canon, que será recurrido.
La situación conllevará nuevos recortes en la actividad deportiva y gastos de explotación, con especial preocupación en la conservación y mantenimiento de la instalación portuaria que ha superado ampliamente su vida útil y nuevas variaciones en cuotas y tarifas de servicio. Ello se traducirá, de forma inmediata, en una merma de su competitividad económica y deportiva.
"La insensibilidad que la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas de la Generalitat Valenciana esta teniendo ante una entidad sin ánimo de lucro como es el Club Náutico de Altea puede poner fin a la labor social y deportiva que lleva más de 40 años desempeñando", concluye el escrito.
