El edil de Infraestructuras y Limpieza, Israel Cortés, junto al alcalde, Luis Barcala.Gobierno y oposición vuelven a enfrentarse también por el retraso en la concesión de licencias urbanísticas
ALICANTE. La historia se repite sobre la estrategia idónea para tratar de evaluar la prestación del servicio de limpieza viaria en Alicante, en manos de una UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y el Grupo Cívica (del controvertido empresario Enrique Ortiz). El equipo de Gobierno, compuesto por 8 concejales en una corporación de 29 ediles, vuelve a prometer ahora el encargo de "un estudio o análisis" sobre la calidad del trabajo que desarrolla la UTE concesionaria a partir de la valoración de determinados conceptos. Así lo ha concretado este martes el concejal de Infraestructuras, Israel Cortés, en respuesta a las críticas vertidas por el grupo municipal de Ciudadanos (Cs), este lunes.
En la comparecencia posterior a la Junta de Gobierno, Cortés ha señalado que ya se había solicitado presupuesto a tres empresas consultoras para llevar a cabo ese análisis, "a partir de los criterios que hemos podido recopilar a partir de los informes de los técnicos municipales tras conocer cuál es la programación del servicio que se presta", y que el objetivo era poder contratar la tarea a la consultora que resultase más indicada a finales de este mismo mes o, como muy tarde, en febrero.
La elaboración de ese estudio es la que se lleva planteando desde el año 2016, durante la etapa de gobierno del ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), cuando se llegó a la conclusión de que el informe anual con cargo al importe del contrato de prestación que se venía elaborando desde el año 2014 únicamente tenía en cuenta el control del absentismo de la plantilla de la UTE, sin concluir si el servicio que se prestaba era el requerido para que las calles estuviesen limpias.
Esos informes han venido reflejando en 2014, 2015 y 2016 niveles de absentismo de entre el 9 y el 10%, pese a que la UTE se había comprometido a que no se rebasaría el 5%. Con todo, según defendieron dos de los últimos cuatro ediles al frente de la Concejalía de Limpieza de este mandato (Víctor Domínguez, por Guanyar; y Fernando Marcos, por el PSOE) la UTE venía cubriendo las ausencias de personal con refuerzos, por lo que las conclusiones de esos estudios no resultaban determinantes para valorar la prestación. Además, existe una propuesta de informe elaborada por los técnicos a cargo del control de la contrata en la que se apunta que el índice de absentismo no es motivo suficiente para acordar posibles sanciones por incumplimiento de contrato puesto que el pliego de condiciones no lo contempla.
Sea como fuere, ese estudio alternativo sobre la calidad del servicio se ha planteado una y otra vez como posible medida de evaluación eficaz por parte de representantes de Guanyar, del PSOE y también del PP, tras su acceso al Gobierno, el pasado mes de abril. No obstante, ninguna de esas formaciones la ha puesto en marcha. El propio Cortés ha reconocido el retraso en el cumplimiento de ese compromiso, aunque ha tratado de justificarlo al señalar que "existía una dificultad técnica, que se ha resuelto ahora, cuando el departamento de intervención municipal ha dejado claro que él es el único que puede llevar a cabo una auditoría económica del contrato". En realidad, ese es el mismo argumento que se ha venido utilizando hasta ahora por sus predecesores en el cargo al señalar el supuesto obstáculo que impedía contratar ese análisis alternativo.
Por lo pronto, Cortés también ha señalado -a colación de las críticas de Cs- que es cierto que el informe anual sobre el absentismo de la plantilla no se encargó en 2017 y tampoco se ha encargado en 2018 "porque decidimos esperar a que intervención resolviese las dudas técnicas". Eso sí, ha señalado que el coste de su contratación se ha detraído de los pagos a la UTE concesionaria.
Las manifestaciones de Cortés han propiciado una nueva réplica de Cs y también las críticas del portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón. En primer término los representantes de Cs han señalado, a través de un comunicado, que "el PP sigue mareando la perdiz para justificar su inacción con tal de no fiscalizar a UTE-Alicante; ya dijeron en julio del año pasado que iban a encargar un análisis exhaustivo del servicio, ha pasado medio año, y el concejal del área vuelve a anunciar otra vez lo mismo". "Desde Cs no entendemos este clima de desidia en el que se ha instalado el equipo de Gobierno siguiendo, como ya decíamos ayer, idéntica estela a sus predecesores", han añadido.
El líder de Guanyar, por su parte, ha señalado que el nuevo anuncio de Cortés vuelve a ser la confirmación de la desidia y de la falta de interés por fiscalizar la prestación del contrato, ya que, a su juicio, la auditoría no se ha encargado hasta ahora porque no ha habido voluntad de hacerlo. "No han hecho nada y ni siquiera se ha seguido con el sistema de control que yo intenté establecer en los dos meses en los que asumí las competencias de Limpieza", en sustitución de su ya excompañero de filas, Víctor Domínguez.
El equipo de Gobierno y los partidos de la oposición también han protagonizado otro cruce de reproches paralelo en relación al retraso en la concesión de licencias urbanísticas: otro debate que se viene repitiendo de manera cíclica desde que entró en vigor el llamado plan de ajuste y se produjo la extinción de la Gerencia de Urbanismo, con la consiguiente reducción de personal en esa concejalía. La actual responsable del área, la popular Mari Carmen de España, ha señalado (en alusión a la crítica recogida en un comunicado anónimo sobre el retraso en la concesión de licencias de apertura de un local hostelero en la Gran Vía), que el PP "nunca ha negado la existencia de un problema de personal en la concejalía" y ha confirmado que "solo existe una persona disponible para comprobar las aperturas por el trámite de la declaración responsable".
Así, ha señalado que esas carencias impiden atender todas las peticiones de licencias que se solicitan (ha llegado a cifrarlas en 3.000 diarias) pese "al esfuerzo por desatascar las solicitudes que permanecían bloqueadas desde hace más de dos años".
Esas manifestaciones han propiciado la reacción de PSOE, Guanyar, Cs y Compromís. La portavoz socialista Eva Montesinos ha considerado que "la falta de personal no es excusa para justificarla parálisis porque el problema ha sido constante y la única solución es racionalizar los recursos y gestionar correctamente". Así, ha recomendado a Montesinos que "comience a trabajar o dimita si no se ve capaz de sacar el trabajo en tiempo y forma. La ciudad no puede seguir paralizada por los continuos cambios de rumbo y la falta de gestión del señor Barcala y de su edil de Urbanismo".
El portavoz de Guanyar ha tildado de "patético que casi 9 meses después de obtener el gobierno municipal gracias al transfuguismo político el PP no haya movido un dedo por solucionar unos problemas de personal que vienen de la época del PP de Alperi y Castedo, cuando se disolvió la Gerencia Municipal de Urbanismo. En cuanto yo asumí la concejalía de Urbanismo una de mis primeras preocupaciones fue impulsar una nueva estructura y aumentar el personal de la concejalía, medidas necesarias que fueron ralentizadas cuando no directamente impedidas por la concejalía de recursos humanos, en manos del PSOE de Echávarri". Y ha continuado: "Ahora la señora De España no tiene ese boicot, con lo que la situación actual es una derivada clara de su desidia e incompetencia".
Por último, ha añadido que "el colmo ha sido escuchar decir a De España en la rueda de prensa de la junta de gobierno local, a la que he asistido, que cada día entran en el Ayuntamiento 3.000 licencias, cuando en el mejor de los casos pueden entrar en torno a 30, de las que menos de 10 requieren de informe técnico. Que dimita de una vez de una concejalía que le viene muy grande, tanto en lo que se refiere a licencias como en lo relativo al planeamiento tras el fiasco monumental de la ejecución de sentencia de Pino y Ruaya y tras su nula actividad respecto a la protección del patrimonio de la ciudad, con un catálogo de protecciones que impulsamos desde el gobierno plural de izquierdas que no muestran el más mínimo interés en retomar. Y si no dimite, que Barcala le retire las competencias de Urbanismo cuanto antes".
La líder de Cs, Yaneth Giraldo, ha apuntado, por su parte, que "el PP debe de ponerse las pilas para ampliar la plantilla de urbanismo, el mal endémico de este mandato, y desatascar la tramitación de licencias, tantos las urbanísticas como las de apertura de nuevos locales". "Y si no lo hace el PP lo propondremos de Cs como condición para negociar los presupuestos, además de la partida de 500.000 euros que ya hemos planteado para que se inicien de una vez por todas los trabajos para el nuevo Plan General de Urbanismo", ha subrayado.
Por último, el líder de Compromís, Natxo Bellido, también ha abundado en las críticas sobre lo que ha considerado la incapacidad de De España por desempeñar las competencias de Urbanismo y ha vuelto a solicitar su dimisión o destitución. Además, ha reclamado que se vuelva a convocar una reunión informativa con los técnicos municipales para que relaten de manera detallada en qué situación se encuentra ahora el trámite de concesión de licencias, tras la gestión llevada a cabo por el PP desde el pasado mes de abril.
