ALICANTE. Dicho y hecho: la ordenanza de convivencia cívica de Alicante llegará a pleno antes de que concluya este año. Lo adelantó el alcalde, el popular Luis Barcala, durante su intervención en el debate sobre el estado de la ciudad. Y el anuncio se pretende cumplir ahora: en la sesión ordinaria del mes de noviembre, 13 meses después de que el texto -ya aprobado en Junta de Gobierno- quedase en suspenso, a la vista de la existencia de informes municipales contradictorios, del rechazo político generado entre los grupos del eje progresista y de la contestación social suscitada entre colectivos dedicados a la atención de colectivos vulnerables, como las mujeres sometidas a la prostitución o las personas forzadas a ejercer la mendicidad. 

Pero, además, la propuesta se reactiva ahora con un añadido hasta cierto punto inesperado, pese a que se llegase a anunciar hace un año, en forma de aportaciones. Se trata de las enmiendas presentadas por el grupo municipal de Ciudadanos (Cs). El partido que lidera Inés Arrimadas registró el pasado 10 de noviembre un texto con siete sugerencias para que se modifique la propuesta que sus propios concejales ya habían dado por buena el 13 de octubre de 2020: cuando la ordenanza quedó aprobada en Junta de Gobierno (en la que el PP dispone de mayoría). A grandes rasgos, en esas siete propuestas se trata de redirigir el peso de las sanciones para que no penalicen a las personas en situación de vulnerabilidad, como avanzó el edil de Cultura y portavoz del equipo de Gobierno, Antonio Manresa (Cs), durante la comparecencia informativa posterior a la Junta Local de este martes. Al tiempo, en esas siete enmiendas también se trata de favorecer la incorporación de medidas de reinserción social mediante la puesta en marcha de programas municipales específicos enfocados a erradicar el sinhogarismo, por ejemplo. 

Además, por lo que respecta a las multas relacionadas con el ejercicio de la prostitución, Cs plantea que la Policía avise, primero, sobre la prohibición de dicha práctica. Y que, en caso de persistir en ella, se consideren como infracción leve para la ofertante de los servicios sexuales, a sancionar con multa de entre 100 y 750 euros, que podría quedar conmutada por asistir a instituciones públicas o privadas en las que se les ofrezca asistencia social. Al tiempo, la sanción se consideraría grave para los solicitantes de esos servicios con multa de entre 750 y 1.500 euros.

Fuentes de Cs consultadas por Alicante Plaza indicaron que esas enmiendas están ya consensuadas con sus socios de gobierno del PP, por lo que, a priori, no debería existir problema para que quedasen aprobadas e incorporadas al texto definitivo de la ordenanza en el momento en el que esos cambios puedan someterse a debate, siempre que recaben informes técnicos favorables. Ese debate se producirá, en primer término, este viernes, en el transcurso de la comisión de Presidencia, que quedó convocada este martes. No obstante, para ello debería dirimirse una cuestión previa: si esas enmiendas pueden admitirse a trámite al haberse presentado ahora, y no en los seis días del plazo ordinario establecido en el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) municipal para su formulación.

Ese es el camino que siguieron los grupos municipales de PSOE, Unides Podem EU y de Compromís en octubre del año pasado, después de que la propuesta se validase en Junta de Gobierno. Las dos primeras formaciones registraron enmiendas a la totalidad, mientras que Compromís presentó enmiendas parciales. Pero ninguna de ellas llegó a considerarse puesto que el equipo de gobierno decidió dejar en suspenso la tramitación de la ordenanza. Todo, además, en la antesala de la negociación del presupuesto de 2021, en un contexto en el que Cs trató de buscar el respaldo del PSOE para que su aprobación no quedase necesariamente vinculada al único apoyo de los dos ediles de Vox. De hecho, la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, acabó suscribiendo un pacto con su homólogo socialista, Paco Sanguino, por el que el PSOE se comprometía a favorecer que las cuentas prosperasen siempre que -entre otros puntos- se acordase la retirada de la propuesta de ordenanza cívica y se negociase un nuevo texto pactado por el conjunto de fuerzas políticas y colectivos sociales que pudiesen formular aportaciones.