El bipartito de Alicante se juega la ordenanza cívica ante Vox tras las enmiendas de Cs un año después

ALICANTE. Dicho y hecho: la ordenanza de convivencia cívica de Alicante llegará a pleno antes de que concluya este año. Lo adelantó el alcalde, el popular Luis Barcala, durante su intervención en el debate sobre el estado de la ciudad. Y el anuncio se pretende cumplir ahora: en la sesión ordinaria del mes de noviembre, 13 meses después de que el texto -ya aprobado en Junta de Gobierno- quedase en suspenso, a la vista de la existencia de informes municipales contradictorios, del rechazo político generado entre los grupos del eje progresista y de la contestación social suscitada entre colectivos dedicados a la atención de colectivos vulnerables, como las mujeres sometidas a la prostitución o las personas forzadas a ejercer la mendicidad. 

Pero, además, la propuesta se reactiva ahora con un añadido hasta cierto punto inesperado, pese a que se llegase a anunciar hace un año, en forma de aportaciones. Se trata de las enmiendas presentadas por el grupo municipal de Ciudadanos (Cs). El partido que lidera Inés Arrimadas registró el pasado 10 de noviembre un texto con siete sugerencias para que se modifique la propuesta que sus propios concejales ya habían dado por buena el 13 de octubre de 2020: cuando la ordenanza quedó aprobada en Junta de Gobierno (en la que el PP dispone de mayoría). A grandes rasgos, en esas siete propuestas se trata de redirigir el peso de las sanciones para que no penalicen a las personas en situación de vulnerabilidad, como avanzó el edil de Cultura y portavoz del equipo de Gobierno, Antonio Manresa (Cs), durante la comparecencia informativa posterior a la Junta Local de este martes. Al tiempo, en esas siete enmiendas también se trata de favorecer la incorporación de medidas de reinserción social mediante la puesta en marcha de programas municipales específicos enfocados a erradicar el sinhogarismo, por ejemplo. 

Además, por lo que respecta a las multas relacionadas con el ejercicio de la prostitución, Cs plantea que la Policía avise, primero, sobre la prohibición de dicha práctica. Y que, en caso de persistir en ella, se consideren como infracción leve para la ofertante de los servicios sexuales, a sancionar con multa de entre 100 y 750 euros, que podría quedar conmutada por asistir a instituciones públicas o privadas en las que se les ofrezca asistencia social. Al tiempo, la sanción se consideraría grave para los solicitantes de esos servicios con multa de entre 750 y 1.500 euros.

Fuentes de Cs consultadas por Alicante Plaza indicaron que esas enmiendas están ya consensuadas con sus socios de gobierno del PP, por lo que, a priori, no debería existir problema para que quedasen aprobadas e incorporadas al texto definitivo de la ordenanza en el momento en el que esos cambios puedan someterse a debate, siempre que recaben informes técnicos favorables. Ese debate se producirá, en primer término, este viernes, en el transcurso de la comisión de Presidencia, que quedó convocada este martes. No obstante, para ello debería dirimirse una cuestión previa: si esas enmiendas pueden admitirse a trámite al haberse presentado ahora, y no en los seis días del plazo ordinario establecido en el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) municipal para su formulación.

Ese es el camino que siguieron los grupos municipales de PSOE, Unides Podem EU y de Compromís en octubre del año pasado, después de que la propuesta se validase en Junta de Gobierno. Las dos primeras formaciones registraron enmiendas a la totalidad, mientras que Compromís presentó enmiendas parciales. Pero ninguna de ellas llegó a considerarse puesto que el equipo de gobierno decidió dejar en suspenso la tramitación de la ordenanza. Todo, además, en la antesala de la negociación del presupuesto de 2021, en un contexto en el que Cs trató de buscar el respaldo del PSOE para que su aprobación no quedase necesariamente vinculada al único apoyo de los dos ediles de Vox. De hecho, la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, acabó suscribiendo un pacto con su homólogo socialista, Paco Sanguino, por el que el PSOE se comprometía a favorecer que las cuentas prosperasen siempre que -entre otros puntos- se acordase la retirada de la propuesta de ordenanza cívica y se negociase un nuevo texto pactado por el conjunto de fuerzas políticas y colectivos sociales que pudiesen formular aportaciones.

Esa renegociación del texto no se ha producido desde entonces. Y su aprobación parece quedar supeditada a los votos de Vox, ya que las tres fuerzas que conforman el eje progresista insistieron este martes en rechazar la propuesta aprobada el año pasado en Junta de Gobierno. En primer término, el portavoz socialista, Paco Sanguino, consideró "una muy mala noticia que se intente hacer una aprobación exprés de la ordenanza de mendicidad y prostitución en contra de los más vulnerables". "Lo más delirante ha sido cuando Antonio Manresa, en contra del ideario de su partido, se ha apropiado de nuestro trabajo en cuanto a la enmienda a la totalidad que presentamos los socialistas en la que contemplábamos no sancionar a las prostitutas ni a la población más vulnerable. Manresa, en su línea", según incidió.

En segundo término, Unides Podem EU consideró que "se ha ignorado a las entidades sociales y a los organismos de participación municipales" y añadió que "el texto del alcalde sólo busca congraciarse con Vox". Así, su portavoz municipal, Xavier López, propuso "una Mesa de trabajo para abordar la norma desde el informe de Igualdad y el Plan de Inclusión". De hecho, recalcó que su grupo ha presentado una declaración institucional para el pleno de noviembre con la que exigirá "la retirada del proyecto de ordenanza de convivencia". 

Compromís asegura que impugnará la comisión en la que se prevé debatir las aportaciones de Cs por admitirse propuestas de enmiendas fuera de plazo, y Vox avisa de que no pueden desnaturalizar el objetivo de la ordenanza 

En esta línea, señaló que no constan "avances por parte del Partido Popular en la búsqueda de consensos con las entidades sociales que trabajan con colectivos vulnerables, ni tampoco el necesario aumento del peso e influencia en su redacción de concejalías clave para abordar las problemáticas que supuestamente razonan la necesidad de esta norma -como Acción Social, Igualdad o Inmigración- o su conexión con el Plan de Inclusión y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, por lo que para Unidas Podemos – EUPV el texto propuesto por Barcala sólo busca el visto bueno de la ultraderecha", añadió.

Además, apuntó que "desde el equipo de gobierno han ignorado nuevamente a los organismos de participación municipal, como el Consejo de Igualdad y el de Inmigración, las Juntas de Distrito o el propio Consejo Social" e instó al alcalde "a promover un amplio acuerdo para evitar una norma escorada hacia la radicalidad, injusta, insolidaria y que hace más vulnerables a las personas vulnerables".

Y, por parte, de Compromís, su portavoz, Natxo Bellido, señaló que "más allá de nuestra rotunda oposición política" a la propuesta de ordenanza "se han aceptado incluir y responder a enmiendas presentadas más de un año fuera de plazo, lo que invalida seguir con este procedimiento para tramitar la ordenanza de la vergüenza". "Desde Compromís reiteramos nuestra rotunda oposición a una ordenanza que criminaliza la vulnerabilidad y es hipócrita, porque no busca soluciones a la exclusión social y se promulga mientras el bipartito sigue sin atender los problemas de contaminación acústica y convivencia en el centro de la ciudad o las conductas incívicas en relación a la limpieza urbana", recalcó.

Respecto a la tramitación de las enmiendas de Cs, Bellido dijo no entender "cómo se han dado curso a esas enmiendas, que se han registrado estos días y porque se han contestado por parte de los técnicos municipales y se han incluido en la convocatoria de la comisión". "Desde Compromís no vamos a aceptar los cambalaches y teatrillos del bipartito PP-Cs ante las presiones políticas de Vox para dar salida a la ordenanza de la vergüenza". En este sentido, añadió que "si sigue adelante esta tramitación", Compromís solicitará "todos los informes de legalidad pertinentes a los técnicos municipales y se estudiaran todas las opciones para anular una tramitación que no ha cumplido con el ROP del Ayuntamiento de Alicante".

¿Qué opina Vox al respecto? En principio, su portavoz, Mario Ortolá, avisó de que su formación votaría en contra si las enmiendas de Cs -una vez que pueda superarse el debate sobre su admisión- "suavizan la ordenanza hasta llegar a desnaturalizarla". En todo caso, señaló que no conocía el detalle de esas aportaciones y que no podía pronunciarse hasta someterlas a revisión.