El bipartito de Alicante 'rescata' la representación legal en 'Brugal' y ratifica que no recurrirá el fallo

ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito en situación de minoría compuesto por PP y Cs, pasa a asumir de forma directa la defensa del interés público en la causa sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad investigado en el marco del caso Brugal y estará representado en el proceso a través de los letrados de la Asesoría Jurídica Municipal. Así se ha comunicado oficialmente al tribunal de la Audiencia encargado de enjuiciar los hechos, en un escrito registrado este miércoles por el abogado José María López Coig, quien ha venido ejerciendo la acusación particular en representación del Ayuntamiento desde 2015, tras la llegada al poder del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís).

Hasta el momento, el Ayuntamiento había venido ejerciendo la acusación particular a través de López Coig. En esa posición, había solicitado penas de prisión para los principales encausados, entre los que, además de Díaz Alperi y Ortiz, también figuran la también exalcaldesa, Sonia Castedo, y los abogados del despacho Salvetti, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez. En concreto, había demandado 4 años de privación de libertad para Alperi y Castedo y 5 para Ortiz, por ejemplo. 

Ahora, el abogado comunica también que deja de asumir ese papel como representante legal del Ayuntamiento por lo que cede la venia a los letrados adscritos de la Asesoría Jurídica Municipal, que serán quienes asuman la defensa de los intereses municipales en el proceso a partir de ahora (básicamente, a efectos de recibir notificaciones), según han confirmado fuentes del equipo de gobierno este viernes.

Además, en ese mismo escrito de comunicación del cambio de representación legal, se ratifica también la intención del Ayuntamiento de no recurrir en casación ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia absolutoria para la mayoría de los procesados, dictada el pasado mes de julio. En concreto, como informó Alicante Plaza, en esa resolución judicial solo se condenaba al exalcalde del PP, Luis Díaz Alperi, y al empresario Enrique Ortiz, por sendos delitos de cohecho impropio castigados con pena de multa, tras descartarse que se hubiese facilitado información privilegiada o un trato de favor en la redacción del que debía convertirse en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital.

Lo cierto es que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ya había anticipado, el mismo día en el que se dio a conocer la sentencia, que acataría la sentencia sin interponer recurso, según avanzó el propio alcalde, el popular Luis Barcala, a través de un comunicado. Ahora, esa decisión queda ratificada y notificada ante la Sección Tercera de la Audiencia.

La sentencia sobre la causa todavía no es firme, ya que la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito de aclaración de sentencia a finales del mes de julio con la intención de que el tribunal se pronunciase sobre varios de los aspectos incluidos en su escrito de acusación que, a juicio de la Fiscalía, no habían sido considerados por las magistradas que juzgaron los hechos. Entre ellos, el escrito de confesión de Ortiz, tras alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía, del que luego se retractó en el inicio de la vista, por ejemplo. Además, la Fiscalía también emplaza al tribunal a pronunciarse sobre las conclusiones del denominado Informe Bankia, aportado por la acusación popular que ejerce Esquerra Unida, en el que se detallaría el presunto beneficio obtenido por las empresas de Ortiz durante el proceso de tramitación del PGOU aunque no llegase a aprobarse de forma definitiva.

Por el momento, sí ha anunciado recurso de casación la defensa del exalcalde Díaz Alperi, mientras que la representación legal de Ortiz ha solicitado la devolución de la fianza depositada antes de la celebración del juicio para cubrir el pago de posibles responsabilidades civiles en caso de condena. La Fiscalía Anticorrupción también ha avanzado su intención de recurrir, aunque el plazo para hacerlo no comenzará a contabilizarse hasta que se responda a su escrito de aclaración.

Por su parte, los portavoces municipales de Unides Podem y Compromís, Xavier López y Natxo Bellido, han criticado la decisión del equipo de gobierno de descartar el recurso de casación sobre la sentencia en defensa del interés municipal, después de no haber convocado tampoco la comisión que se acordó constituir para el estudio de posibles responsabilidades políticas respecto al planeamiento que no llegó a entrar en vigor, tras la renuncia del propio Ayuntamiento en el arranque de 2015.