La exconcejal de Cs en Alicante, María José Molina, junto al exsenador Luis Crisol, en un acto de partido. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El bipartito de Alicante conformado por PP y Cs tras las elecciones municipales de 2019 amplía la nómina de cargos de confianza tras crear cinco nuevas plazas para la contratación de personal eventual, con un gasto adicional de 124.000 euros solo para lo que resta de este año (de julio a diciembre). Y lo hace con la recuperación de algunas de las personas que integran sus propias filas o que ya han desempeñado tareas de asesoramiento a sus órdenes durante el pasado mandato.
Por partes. El acuerdo de creación de esas cinco nuevas plazas de asesor comprende que tres de esos puestos quedarán bajo designación de Cs, de modo que la posibilidad de cubrir los dos puestos restantes corresponde al PP. Por el momento, las dos formaciones ya han decidido contratar solo tres personas para cubrir otras tantas plazas, mientras que los emolumentos de las dos plazas restantes se repartirán entre otros cargos de confianza que venían percibiendo sueldos en régimen de dedicación parcial (en la mayoría de los casos, con retribuciones de entre el 50% y el 65% de un sueldo en régimen de dedicación exclusiva).
Así, en primer lugar, el grupo municipal de Cs ha optado por repescar a su exedil María José Molina, quien asumió el acta de concejal durante el pasado mandato en sustitución de su exportavoz municipal, José Luis Cifuentes, tras su renuncia al cargo por desavenencias internas. En concreto, decidió presentar su dimisión en octubre de 2016, después de que el partido le abriese un expediente disciplinario por su inasistencia a un pleno en el que debía votarse una propuesta de reprobación sobre el exedil de Limpieza, Víctor Domínguez (Guanyar), que había presentado el propio Cifuentes.
Molina, que volvió a repetir en la candidatura municipal de Cs en las municipales de 2019 como número 7 de la lista, desempeñará tareas de asesora adscrita al área de Cooperación, Igualdad y Juventud que dirige la edil María Conejero. Junto a ella, también prestará asesoramiento a ese mismo departamento Virginia Albero, quien, igualmente, figuró en la lista de Cs como número 8, justo después de la posición de Molina. Las dos percibirán un sueldo equivalente al 70% de una dedicación exclusiva (cifrada en torno a 36.000 euros brutos anuales en su importe íntegro).
El grupo popular, por su parte, repite con la contratación del abogado Pablo Sánchez Chillón, quien ya desempeñó esa responsabilidad en el último año del pasado mandato con la llegada de Luis Barcala a la Alcaldía, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri. Entonces, quedó adscrito a la Concejalía de Urbanismo, en la que prestó apoyo a la edil Mari Carmen de España. En este mandato, volverá a quedar vinculado a las responsabilidades ejercidas por la regidora, puesto que desempeñará su labor de asesoramiento en la Concejalía de Empleo y la Agencia de Desarrollo Local, dirigidas por De España. En este caso, su sueldo será el equivalente al 90% de una dedicación exclusiva.
Los emolumentos previstos para las otras dos nuevas plazas de personal eventual se redistribuirán entre el resto de asesores de ambos grupos ya contratados desde hace un año en régimen de dedicación parcial, de modo que verán incrementadas sus retribuciones en la mayoría de los casos hasta alcanzar entre el 70 y el 80% de una dedicación exclusiva. Así, por el PP, esa mejora retributiva se reparte entre Paula Guzmán, Cristina García, Alejo Calatayud y Carolina Valea. En Cs, el aumento salarial se distribuye entre Maria del Carmen Marco, Daniel López, Apolonio Gómez-Lobo, Aroa Biosca, Pablo Rodríguez y Laura Núñez.
Tras la cobertura de tres de las cinco plazas creadas, el PP pasa a disponer de 17 asistentes, mientras que Cs cuenta con 13
Con las nuevas incorporaciones, el PP -que cuenta con 9 concejales- pasa a disponer de 17 cargos de confianza (dos menos de los que dispuso durante el último año del mandato precedente). Los cinco concejales de Cs, por su parte, contarán con 13 asesores. Con las nuevas incorporaciones, el Ayuntamiento pasa a contar con 27 plazas de personal eventual adscritas a los seis grupos políticos con representación municipal, ocupadas por 35 personas. En total, el conjunto de sus retribuciones superará el millón de euros anual. Hasta ahora, las 22 plazas suponían un desembolso de 821.000 euros, a los que se debe sumar los 248.000 euros anuales más por los cinco nuevos puestos. Con esos 27 puestos, se sigue cubriendo dos plazas menos de las previstas en la Ley de Bases de Régimen Local y en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la que se permite que un municipio del tamaño demográfico de Alicante pueda disponer de tantos cargos de confianza como concejales. Es decir, 29. Esa fue la cifra de puestos de los que dispuso el extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) durante el arranque de su mandato, en 2015.
Los grupos políticos de la oposición, como Unides Podem y Compromís, criticaron este martes el acuerdo de creación de esas nuevas plazas por la inoportunidad del momento, mientras se trata de lidiar con la situación de emergencia social generada por la pandemia del coronavirus. En todo caso, la vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno, Mari Carmen Sánchez (Cs), trató de justificar la medida, en la rueda de prensa ofrecida todos los martes para informar sobre los acuerdos aprobados en la reunión de la Junta Local, al señalar que se había creído conveniente reforzar la labor municipal precisamente en las áreas sociales y en la económica que requerirían de un mayor refuerzo tras el impacto de la crisis sanitaria. De ahí, según fuentes municipales, vendría la adscripción de los nuevos cargos de confianza a cada departamento reseñado.
