El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El bipartito de Alicante, compuesto por PP y Cs, amplía la relación de cargos de confianza y eleva su cifra en otras cinco plazas adicionales, lo que supone la creación de un total de 27 puestos: es decir, dos menos del máximo legal previsto, que permite crear una plaza por cada concejal (29 en total).
El acuerdo, aprobado este martes en Junta de Gobierno como asunto de urgencia, se desarrolla con la contratación de dos personas más que prestarán asesoramiento al grupo municipal de Cs y de un tercer asesor, que desempeñará esa misma función para el grupo municipal del PP.
Las otras dos retribuciones (una por cada formación) quedarán redistribuidas entre el personal de confianza ya contratado desde el pasado año, cuando se conformó el bipartito, con sueldos de hasta el 50%, de modo que se elevarán sus emolumentos hasta una media general del 70% del importe previsto para un cargo de confianza contratado en régimen de dedicación absoluta (en torno a 2.621,43 euros mensuales brutos por el 100%).
El acuerdo no ha tardado en generar la crítica de los grupos de la oposición. Así, el grupo municipal de Unides Podem ha apuntado que la creación de esas nuevas plazas, que únicamente afectará a los partidos del equipo de Gobierno, supondrá un incremento de 200.000 euros en el gasto destinado a la contratación de asesores, y ha denunciado que la decisión "no podría haberse producido en peor momento, ya que es incoherente que la derecha aumente el salario de su personal de confianza en plena pandemia, cuando miles de alicantinas y alicantinos están sufriendo la emergencia social derivada del covid-19".
El portavoz de la confluencia, Xavier López, ha lamentado "la terrible desconexión de PP y Cs con la ciudadanía", ya que "se encuentran cada vez más alejados de las necesidades de las alicantinas y los alicantinos". Para López, "las medidas estrella del gobierno de Barcala hasta ahora, han sido el aumento de sueldos de la corporación municipal y el gasto de más de un millón de euros al año en puestos de confianza". Sin embargo, "se empeñan constantemente en boicotear las políticas sociales del Botànic y rechazar la tramitación de las ayudas de Emergencia Habitacional o de la Renta Valenciana de Inclusión", ha añadido, a través de un comunicado.
López ha incidido además en que "es el momento de afrontar la emergencia social que asola muchos barrios de la ciudad, y la mejor forma de hacer esto no es aumentando el personal asesor". El portavoz ha explicado que "PP y Cs deben dejar de dar la espalda a la ciudadanía y estar a la altura de las circunstancias". Por ello, López ha pedido a Barcala que deje de faltar al respeto a las alicantinas y los alicantinos y dé marcha atrás en lo que considera una decisión completamente injustificada.
La oposición acusa a PP y Cs de dar la espalda a la ciudadanía y critica que el acuerdo se adopte en plena pandemia del coronavirus
En segundo término, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha apuntado que "parece ser que la única forma de resolver los líos del bipartito para Barcala es poner asesores en plena pandemia". "Mientras estamos combatiendo la emergencia social no creemos que sea el momento de tomar estas decisiones, además sin buscar el consenso con todos los grupos municipales, un compromiso más de Barcala que se lleva el viento. Pero tanto Compromís como la sociedad alicantina ya sabemos lo que vale la palabra de Barcala", ha añadido.
En esta línea, ha insistido en subrayar que "los líos internos, la mediocridad y los fracasos de PP y Cs no se van a resolver con más asesores, una decisión que nadie va a entender en estos momentos". Así, ha vuelto a incidir en la falta de comunicación respecto a la toma de decisiones sobre la creación de nuevas plazas de asesor, en la medida en que "se acordó que se iba a abordar con el conjunto de grupos políticos y que se iba a tratar de favorecer un reparto equitativo en la asignación de esos puestos", tras remarcar la inoportunidad en el momento en el que se ha decidido adoptar el acuerdo de ampliación en el número de cargos de confianza.
