El alcalde, Luis Barcala, junto a la portavoz del PP, Mari Carmen de España, en un pleno. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El bipartito de Alicante, compuesto por PP y Cs, persiste en su reivindicación sobre el uso del remanente de crédito municipal. Así, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, y el portavoz adjunto de Ciudadanos, José Luis Berenguer, han presentado una declaración institucional para ser debatida en el pleno ordinario de julio, el próximo jueves, por la que se insta al Gobierno central a no apropiarse de los recursos locales, que son fruto del ahorro de los alicantinos.
Esta DI se lleva a pleno coincidiendo con la decisión del equipo de Gobierno de proceder a la cancelación de todos los créditos vivos, con lo que la corporación alicantina se convierte "en uno de los pocos ayuntamientos de España con deuda 0", según han destacado fuentes municipales a través de un comunicado. La amortización anticipada se prevé acordar utilizando el dinero retenido en las cuentas municipales, "que está bajo amenza de incautación por parte el Ejecutivo central y que el Gobierno sólo ha permitido usar de forma muy limitada para atender algunas de las necesidades surgidas por el covid 19". "A través de la FEMP, el Ayuntamiento ha podido saber que el Ejecutivo central baraja apropiarse de esos fondos sin que existan garantías de que ese dinero pueda revertir en la ciudad de Alicante", añaden las mismas fuentes.
La declaración institucional del equipo de Gobierno para que el Ejecutivo central no se incaute de ese dinero y lo ponga a disposición del municipio se justifica precisamente en todas las actuaciones que a nivel local se han llevado a cabo durante la pandemia. A este respecto, se especifica que "desde el inicio de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, las entidades locales pusieron en marcha medidas -adelantándose en muchos casos a las decisiones tomadas por el gobierno central- para contener la expansión del virus y preservar la salud de empleados públicos y vecinos. También fueron pioneras en poner en marcha medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia".
Además se señala que "el extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto correspondido por el gobierno de España, que no ha destinado un solo euro a apoyar a los ayuntamientos en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo. La única medida que ha tomado el gobierno central es permitir que se pueda gastar una pequeña parte del superávit generado en 2019 para atender gastos urgentes derivados de la puesta en marcha de medidas sanitarias, sociales y económicas así como para financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos o con etiqueta medioambiental CEO o ECO".
Para el equipo de Gobierno municipal, esta última decisión "es una medida trampa e insuficiente. Trampa porque no supone una financiación adicional sino que los ayuntamientos hacen uso de sus ahorros, ya que no se ha suprimido la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y por tanto impide a muchas entidades locales hacer uso del superávit y porque, además, el gobierno establece en qué pueden gastar o no su dinero, el dinero de todos los vecinos".
En la iniciativa se considera que las decisiones que ha tomado hasta ahora el Gobierno para dar acceso limitado y condicionado a estos fondos son "insuficientes porque el porcentaje aprobado es ridículo para atender no sólo las actuaciones urgentes, sino todas las medidas que se han puesto en marcha, y deberán seguir poniendo en marcha en próximos meses, para garantizar la salud y el bienestar de sus vecinos".
Ante esta situación, en la declaración se señala que las entidades locales -de todo signo político- a través de los órganos de la FEMP y de los legítimos representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados han solicitado, en reiteradas ocasiones durante los últimos meses, al gobierno de España medidas como:
"1. Flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para que todas los ayuntamientos puedan disponer del 100% los remanentes de Tesorería -sus “ahorros”, los “ahorros de los vecinos”- generados durante los últimos años para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar primero, contra la pandemia y después, contra la crisis sanitaria, social y económica derivada de la misma; sin poner en riesgo la capacidad financiera de la entidad local y siempre en coordinación con las CC.AA. y el Estado, de forma que su utilización para los fines descritos no compute en el ejercicio 2020 para el cálculo de la Regla de Gasto y la Estabilidad Presupuestaria".
"2. Transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a las entidades para poder compensar el impacto de la COVID-19 en sus ingresos y gastos presupuestarios".
"3. Prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar las Inversiones Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 2018 o 2019, dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma ha provocado que muchas de ellas no finalicen en 2020".
"4. Creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales y de fondos específicos por valor de 1.000 millones de euros para compensar el déficit en los servicios de transporte públicos y para cubrir el coste de la colaboración en la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
En la declaración del equipo de Gobierno se explica que "ninguna de estas peticiones ha tenido respuesta por parte del gobierno de España. "Un gobierno que en el mes de marzo, según pudimos conocer por la prensa, estaba estudiando confiscar el superávit generado en 2019 por las entidades locales así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias y que, ahora, pretende apropiarse de los ahorros municipales mediante un chantaje inaceptable a todos los Ayuntamientos y Diputaciones de nuestro país".
"El Gobierno pretende que los Ayuntamientos y Diputaciones españoles le prestemos "la totalidad" de los ahorros acumulados durante los últimos 8 años y, a cambio, solamente se nos permitirá gastar, durante los próximos dos años, una tercera parte de un dinero que es de nuestros vecinos y exclusivamente en aquellas actuaciones que previamente ha definido el gobierno", añade el comunicado. "El resto del dinero prestado será devuelto por el Gobierno a lo largo de los próximos 10 años, aunque la propuesta excluye el calendario de pagos, lo que supone que los ayuntamientos no podrán utilizar la totalidad de sus ahorros durante la próxima década y, por lo tanto, la asfixia financiera de los mismos. Además, en la propuesta que hemos conocido se incluyen varias de las medidas solicitadas por las entidades locales en estos meses que solo se pondrán en marcha si previamente se acepta prestar la totalidad de los ahorros del municipio o provincia al gobierno".
Los firmantes de la declaración consideran que esta propuesta esconde un chantaje inaceptable y podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera, así como varios preceptos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). En conclusión, la DI del equipo de gobierno solicita el apoyo del pleno para manifestar:
-El compromiso del Ayuntamiento de Alicante con la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como herramienta que garantiza el correcto funcionamiento de las finanzas locales que ha permitido a muchos ayuntamientos de España generar los ahorros que ahora reclama el gobierno de la Nación.
-El profundo rechazo este Ayuntamiento a cualquier medida tendente a apropiarse los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos de las entidades locales al Estado a devolver a largo plazo.
Y al mismo tiempo, instar al gobierno de España a:
-Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.
-Atender las demandas de las entidades locales, especialmente la referida a la flexibilización de la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para que puedan disponer del 100% sus remanentes de Tesorería para lucha contra los negativos efectos de la COVID-19.
-Que si se plantea modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales valide dichas modificaciones en el Congreso de los Diputados o ante los órganos de gobierno de la FEMP.
-Que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias.
