Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Primera sanción firme para la UTE responsable del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura de Alicante relacionada con la realización de las auditorías sobre los flujos económicos del contrato. O mejor dicho, por su falta de realización. El equipo de Gobierno, un bipartito en situación de minoría compuesto por PP y Cs, aprobó este martes, en Junta Local, la imposición de una multa de 3.000 euros a la concesionaria (FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica) por no haber contratado la elaboración de ese análisis contable correspondiente al ejercicio de 2018 a la consultora seleccionada por el departamento de Intervención: Moragues Auditores.
La penalización se impone tras la confirmación de un supuesto de infracción, respecto a lo previsto en el artículo 6.10 del pliego de condiciones del contrato, en el que se obliga a la empresa a realizar un estudio de supervisión externa para la corrección de posibles desvíos en la prestación del servicio. Así, como se concreta en el acuerdo aprobado este martes en Junta de Gobierno, el expediente sancionador se abrió en septiembre de este año, ante la negativa de la UTE a contratar la elaboración de ese estudio sobre los flujos económicos del contrato con la empresa auditora propuesta por el ayuntamiento.
Es más, UTE Alicante interpuso un contencioso-administrativo contra el acuerdo por el que se le conminaba a concertar esos trabajos con dicha consultora, al considerar que el ayuntamiento se excedía respecto a la capacidad de imponer la consultora responsable de auditar las condiciones económicas de la prestación del servicio. Ese procedimiento sigue pendiente de resolución, según confirmaron este martes fuentes consultadas.
Sea como fuere, al margen de esta primera sanción, el bipartito también ha abierto un segundo expediente sancionador contra la UTE por las deficiencias detectadas en los informes de auditoría presentadas por la concesionaria para los ejercicios de 2014 y 2015. Como informó este diario, el bipartito aprobó el inició ese expediente sancionador el pasado 17 de noviembre al considerar que la concesionaria había incurrido en un incumplimiento contractual al no satisfacer la información que se le requería en la presentación de esos dos informes. En ese segundo caso, la propuesta de sanción asciende a un importe mucho mayor, de 123.000 euros.
En este segundo caso, además, UTE Alicante también interpuso un contencioso contra los requerimientos de subsanación de documentación girados por el Ayuntamiento. Según fuentes consultadas, el recurso ya ha deparado una sentencia favorable a la posición municipal, aunque la UTE estaría todavía en plazo de recurrir en apelación.
Hasta el momento, la labor de supervisión sobre el cumplimiento de contrato desplegada por la Concejalía de Limpieza desde que se produjo su reestructuración interna, en julio de 2019, ha permitido plantear propuestas de penalización que superan los 300.000 euros, según concretó el técnico responsable del control del contrato, Sebastián Chicote, durante su comparecencia ante la comisión municipal sobre la prestación. En esa cifra se incluyen propuestas de sanción y de minoración en las certificaciones por la prestación del servicio tras constatar que no se habían realizado parte de los trabajos previstos, como los desbroces de caminos.
