ALICANTE. La crisis sanitaria provocada por la extensión de contagios de coronavirus ha expuesto al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por PP y Cs, al riesgo de tener que sacrificar parte de los objetivos políticos que habían trazado al frente de la gestión municipal. Entre ellos, el de ver ejecutados en el tiempo establecido el paquete de proyectos de mejora de la escena urbana de la ciudad lanzados a finales de 2019 como inversiones financieramente sostenibles, que ahora podrían quedar retrasados. Se trata de una extensa relación de obras por una suma próxima a los 20 millones de euros, además de otras actuaciones incluidas en el programa de reurbanización del área de Las Cigarreras, cofinanciado por la Unión Europea como Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi).
Algunas de esas actuaciones ya están iniciadas, en pleno desarrollo, como la construcción del parque-plaza del barrio de Benalúa, los trabajos de rehabilitación del Castillo de San Fernando o la consolidación de laderas del Tossal, además de las obras de reurbanización y de repavimentación de calles distribuidas en varios barrios. Otras se han adjudicado a lo largo del último mes, tras superar el proceso administrativo de contratación, como la construcción del itinerario ciclopeatonal hasta Urbanova o la remodelación de la avenida Padre Esplá, por ejemplo.
La puerta a ese escenario de posibles aplazamientos quedó abierta este miércoles mediante la firma del decreto por el que se amparaba la opción de que las empresas adjudicatarias de obra pública pudiesen solicitar la suspensión de los plazos de ejecución para adoptar las medidas preventivas que resultasen necesarias con el fin de evitar contagios entre sus plantillas de trabajadores. En ese decreto, se incluía también la posibilidad de que se solicitase la paralización del desarrollo de las obras durante el tiempo en el que se prolongue la situación.
Alicante da carta blanca a las constructoras para parar obras públicas por la crisis sanitaria
Se trata de una medida contemplada en el artículo 34.3 del Real Decreto-ley 8/2020 de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, en el que, no obstante, no se establece la obligación de paralizar la ejecución proyectos e infraestructuras sufragados con fondos públicos. La cuestión es que otras administraciones han acordado fórmulas distintas frente a esa regulación. Así, los Ayuntamientos de Barcelona y València han recomendado la paralización total de las obras, mientras que la Diputación de Alicante ha abogado por velar por el cumplimiento de esas medidas preventivas en las actuaciones que quedan bajo su alcance.
En el caso de Alicante, la decisión de continuar ejecutando obras o de paralizarlas queda sobre el tejado de cada compañía. Y aunque fuentes del bipartito apuntaron este miércoles que no se tenía constancia de que ninguna empresa adjudicataria hubiese solicitado ese posible aplazamiento hasta ahora, se daba por hecho que antes o después se producirían ese tipo de peticiones ante el efecto arrastre que podría producir la situación de confinamiento que se ha establecido en términos generales para el resto de sectores laborales entre los trabajadores de las constructoras.
En principio, la Federación de Obra Pública de la provincia de Alicante (FOPA) -la patronal del sector- apunta en dirección contraria y aboga por mantener la actividad aplicando las medidas de prevención requeridas en aspectos como la higiene y las distancias mínimas entre trabajadores, lo que garantizaría la continuidad de sus puestos de trabajo.
Tanto es así que se habría conseguido autorización expresa para continuar en ejercicio a través de la Subdelegación del Gobierno, después de elevar consultas al Ministerio de Movilidad y Transportes (antes de Fomento). Tan solo se habría recordado la necesidad de cumplir las recomendaciones establecidas: la limitación de personas en un mismo vehículo para realizar desplazamientos y la necesidad de guardar distancias de separación en el lugar de trabajo (un requisito más accesible en el desarrollo de trabajos de urbanización respecto a las condiciones que se dan en una promoción inmobiliaria, por ejemplo).
No obstante, la preferencia de las empresas del sector podría variar en función del tiempo en el que se prolongue la declaración del Estado de Alarma (ahora vigente hasta finales de marzo) y de la evolución registrada en las cifras de contagios.
